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El centro de detención de emigrantes de Tayura, un municipio situado a 15 kilómetros al este de Trípoli, se encuentra dentro de un complejo militar. Encerrados tras una puerta de hierro de unos cuatro metros de alto malviven 620 emigrantes y refugiados. Si alguno escapara de ahí aún le quedarían varios kilómetros por recorrer antes de alcanzar la calle. Desde el 1 de abril los detenidos comen solamente una vez al día, duermen hacinados en un hangar y varios de ellos comentan que a menudo son golpeados por sus guardianes.

“Hace poco le partieron el brazo a un compañero. Pero no podemos denunciarlo con nombre y apellidos porque después habrá represalias”, susurra un emigrante. En el centro se ve a un subsahariano con el brazo enyesado. “Esto es una prisión, no es un refugio”, denuncia otro. Los detenidos tienen varios teléfonos móviles; cuatro para los 620 presos. “Pero los tenemos que esconder para que no nos los roben los guardianes”, señala un tercero.

Nureldín El Gritli, director del centro, niega que exista violencia contra los detenidos. Asegura que en muy pocas ocasiones hubo intentos de fuga. “Y hemos dado órdenes para que no les disparen”, añade. Respecto a los teléfonos, precisa: “Están prohibidos, pero sabemos que algunos los utilizan”.

La mayoría de los internos fueron detenidos en el mar, por la Guardia Costera de Libia, que recibe formación y equipos de la Unión Europea. Cuando se le pregunta al director adjunto del centro de Tayura, Faraj Salam, por qué están detenidos, responde: “En Libia está considerado un delito entrar de forma ilegal en el país”.

Sin embargo, en las calles de Trípoli hay cientos de emigrantes subsaharianos, mano de obra muy barata, que caminan en libertad. “La situación de esos emigrantes tampoco es segura”, replica Tarek Argaz, responsable de comunicación en Libia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Entrar o salir del país de forma irregular es un acto criminal, según la legislación libia”, indica Argaz. “La policía hace redadas cada cierto tiempo en las calles. Ya sean emigrantes o refugiados, viven bajo una amenaza constante”.

Bahar es un sudanés de Darfur que pagó 500 euros por cruzar el Mediterráneo. Pero la guardia costera libia lo detuvo. “Llevo aquí dos años. Los de Sudán somos los más numerosos y los que más tiempo llevamos encerrados. ¿Por qué?”, se pregunta. Otros emigrantes se quejan de que Acnur solo evacúa a los que tienen familias esperándoles, mientras que los solteros aguardan años la libertad.

El portavoz de la organización dependiente de Naciones Unidas en Libia aclara: “Las evacuaciones dependen de la vulnerabilidad, no de los años que lleve una persona [en Libia] ni de su nacionalidad. Todas las situaciones son dramáticas. Nosotros no creemos que tengan que estar presos ninguno de ellos, pero una mujer soltera con un niño es más vulnerable en prisión que un hombre solo”.

Los que están detenidos en el centro y tienen la condición de refugiado, es decir, los que huyen de conflictos armados o están amenazados de persecución o muerte en sus países, esperan que Acnur los traslade hacia algún país de Occidente. Algunos llevan más de dos años presos, a la espera. Los que son emigrantes económicos, es decir, los que pasaban por Libia simplemente como un trampolín para mejorar sus vidas en Europa, solo aguardan que alguien los traslade a sus países de origen, ya sean sus embajadas o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también dependiente de la ONU.

Acnur es para los refugiados la única esperanza de salvación. Muchos de ellos, como única medida desesperada, intentan entregar al periodista su número de identificación ante la agencia de la ONU. Mohamed Brahus es el único sirio en el centro de Tayura. “Me siento muy solo y desprotegido”, señala. “Apenas duermo. Hice una huelga de hambre de 85 días. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieren que me suicide?”.

Desde noviembre de 2017, Acnur ha trasladado a 4.369 refugiados fuera de Libia. “Nosotros dependemos de las plazas que ofrezcan los países que acojan a estas personas”, explica Argaz. “Los países de acogida este año han sido Canadá, Italia, Holanda, Suecia y Noruega. Pero no podemos sacarlos a todos de golpe, ya que el procedimiento para pedir su liberación a las autoridades, además del proceso de reasentamiento, lleva mucho tiempo. Para los que no quieran seguir detenidos en Libia, y no puedan ser evacuados, barajamos la posibilidad de que los acojan de nuevo el primer país al que acudieron como refugiados”.

El de Tayura es uno de los 25 centros de detención oficiales existentes en Libia. Ahora mismo hay 5.695 refugiados y migrantes encerrados en estos lugares. Y de ellos, 2.433 se encuentran en Trípoli, según los datos de Acnur. Todos ellos dependen del Departamento contra la Inmigración Ilegal (DCIM, por sus siglas en inglés), que a su vez responde ante el Ministerio del Interior del Gobierno de Unidad Nacional libio, reconocido por la ONU.

El centro de Tayura, según Acnur, no es de los mejores ni de los peores. Para visitarlo, el Ministerio del Interior exige ir acompañado por un fotógrafo del ministerio, además del traductor oficial y del agente de seguridad que acompaña al traductor. El director adjunto, Faraj Salam, se queja amargamente de la escasez de medios: “La gente de Interior no nos da medios ni comida para alimentar a los emigrantes. Nos mandan a gente para visitarnos, pero no nos mandan medios ni alimentos para los emigrantes. Hace poco llegó una delegación italiana y entonces vino mucha gente de Interior. Pero se fueron los italianos y se olvidaron de nosotros. Ahora ni siquiera nos habían avisado de que venían ustedes”.

Los emigrantes y refugiados detenidos confirman que solo comen una vez al día. El director adjunto ya lo había dicho antes: “La empresa que estaba contratada dejó de venir porque no se le pagaba”, comenta Faraj Salam. “Ahora, seguimos alimentándolos gracias a nuestro esfuerzo, a una organización no gubernamental libia que se llama Kafaa y a donantes privados. Las ONG internacionales no nos ayudan. Médicos sin Fronteras solo lo hizo un día”.

El responsable de Acnur en Libia sostiene que el Programa Mundial de Alimentos, dependiente de la ONU, a veces entrega comida. “Pero nuestra organización no abastece a los centros de detención porque eso sería perpetuar esta práctica. Estamos en contra de que detengan a gente, y no queremos estar subvencionando su detención. Hay bastantes centros con escasez de comida y agua. La responsabilidad de darles alimentos y agua es de las autoridades. Nosotros ofrecemos otro tipo de asistencia”.

Por su parte, Prince Alfani, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Libia, señala: “Nosotros hemos denunciado continuamente la insuficiente cantidad y la mala calidad de los alimentos que se distribuyen en los centros de detención. Aunque la provisión de comida no es nuestra responsabilidad, durante una situación de emergencia, como la reciente fase del conflicto armado en Trípoli, nosotros hemos facilitado comida en los centros de Tayura y de Sabaa”.

Finalmente, los dos directores del centro accedieron a que se hablase con los emigrantes, pero solo durante 20 minutos, y con ellos dos y el fotógrafo del Ministerio del Interior presentes en la conversación. Y solo se podía acceder al patio, no al hangar en el que duermen los detenidos. Durante esos 20 minutos, los emigrantes se apelotonaban para contar sus casos. El somalí Mohamed Brahim, de 20 años, que lleva un año y dos meses preso, intentó expresarse en varias ocasiones, pero otros se le adelantaban. Viendo que el director daba por concluida la visita, Brahim acertó a resumir su mensaje en una sola palabra:

—Ayúdenme