Interior fleta el primer vuelo de deportación de senegaleses en pleno repunte migratorio en Canarias

El Gobierno fletó el pasado 24 de octubre un avión con el que devolvió a su país a una treintena de senegaleses que habían entrado en España de forma irregular, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales y policiales. El avión partió de Barcelona e hizo escala en Tenerife para aterrizar, finalmente, en Dakar, la capital de Senegal. Esta es la primera devolución de un grupo numeroso de migrantes de ese país africano que se realiza en los últimos meses. Hasta ahora, las deportaciones eran solo de dos o tres personas, y en vuelos comerciales. Senegal, que arrastra una grave crisis política, se resistía a aceptar contingentes mayores por el enorme rechazo popular que despierta esa medida. En los últimos años, fletar un avión ha sido un hecho extraordinario. España llevaba varias semanas intentando, sin éxito, que Dakar aceptase vuelos chárter de devolución.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, visitó este lunes en Dakar a su homólogo senegalés con el objetivo de frenar la incesante salida de cayucos hacia Canarias. La reactivación de los vuelos de repatriación era una de las prioridades del Ministerio del Interior frente al repunte migratorio que se está viviendo en las islas, porque considera que es una de las más eficaces medidas disuasorias ante la inmigración irregular. Interior espera que, tras esta primera operación, se mantenga un ritmo constante de devoluciones, pero las fuentes consultadas no aclaran si existe un compromiso de Dakar para mantener la frecuencia de vuelos.

Preguntado por este vuelo, Interior no ha querido dar detalles y tampoco ha aclarado si en el avión también viajaban senegaleses que ya se encontraban en Barcelona (y que no habían llegado recientemente a Canarias) y cuáles eran sus circunstancias.

Más allá de la aceptación de este vuelo, este sigue siendo un asunto espinoso que inquieta a los recién llegados a las islas, pero también a la población local en Senegal. Las remesas que envían los emigrantes senegaleses, instalados sobre todo en Europa, suponen aproximadamente un 10% del PIB del país, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y no es fácil para ningún gobierno justificar que colabora con otros países en la devolución de sus nacionales. En el caso de Senegal, además, la coyuntura tampoco ayuda. El presidente Macky Sall vive una fuerte contestación social por su deriva antidemocrática.

Los vuelos de repatriación son, para el departamento que dirige Grande-Marlaska, una medida disuasoria necesaria ante el registro récord de llegadas a través de la ruta canaria. En lo que va de año, han desembarcado en el archipiélago casi 30.000 personas; el 57% de ellas llegaron a bordo de cayucos que partieron de las costas de Senegal, según fuentes policiales. La cifra está a punto de superar el récord de los 31.678 migrantes que se contabilizaron en 2006, durante la llamada crisis de los cayucos.

Este pasado mes de octubre, con 13.000 desembarcos, ha desbaratado todas las previsiones. El Ministerio de Migraciones acabó declarando la situación de emergencia para agilizar la contratación de personal y las obras para habilitar centros de acogida en toda España. Las derivaciones de migrantes desde las islas a la Península se están realizando desde hace semanas con mucha agilidad y en grandes grupos, una medida que ha despertado discursos de rechazo o incluso con tintes xenófobos por parte de algunos cargos públicos del PP y de Vox.

Una medida impopular

La deportación de senegaleses fue parte de la agenda tratada entre los dos ministros del Interior este lunes, aunque ambos se negaron a hacer declaraciones al respecto cuando fueron preguntados por los periodistas. Las deportaciones continúan siendo un tema tabú en los países de origen y la UE (no solo España) encuentra serios obstáculos para intensificarlas.

El caso de Senegal, además, está marcado por la profunda crisis política que atraviesa desde 2020, cuando comenzó un ciclo de intensas protestas que ha provocado al menos medio centenar de muertos y el encarcelamiento de más de 1.000 personas, en su mayor parte jóvenes descontentos con el actual Gobierno. El escenario se agravó con la detención del principal líder opositor, Ousmane Sonko, en junio, y su posterior ingreso en prisión e ilegalización de su partido, en agosto.