Preguntas y respuestas: ¿qué está pasando en Canarias con la llegada de cayucos?

Canarias vuelve a aparecer con fuerza en el tablero migratorio. El repunte de desembarcos desde comienzos de verano ha desbordado todas las previsiones y se están registrando cifras récord en este octubre, con hasta 1.000 llegadas en un solo día. Senegal es el principal punto de salida estos últimos meses y la pequeña isla de El Hierro, el punto con más llegadas. Las de 2023 superarán las registradas en 2020, segundo año más intenso en esta ruta tras 2006, el año de la llamada crisis de los cayucos. Pero el escenario actual es muy distinto al de hace tres años.

¿Qué está sucediendo en Canarias?

Tras un 2022 algo más calmado, la ruta canaria vuelve a despuntar con fuerza. Las llegadas han crecido exponencialmente desde junio, coincidiendo con el estallido social que se ha producido en Senegal, donde la condena de dos años de cárcel al líder opositor Ousmane Sonko derivó en violentas protestas con varios fallecidos.

Los balances del Ministerio del Interior hasta agosto mostraban que las llegadas caían el 11,3% respecto al año anterior, con 8.508 personas. Pero en septiembre ya se produjo el cambio de tendencia y el mes acabó con 14.976 inmigrantes en las costas canarias: más de 6.000 en un mes. Este mes ha traído una aceleración: el domingo 6 de octubre habían llegado a Canarias 19.507 personas vía marítima (el 52% más que el año anterior). Si se le suman los 1.600 aproximados hasta este jueves, se observa que en lo que va de mes ya han llegado tantas personas como en el anterior.

Las cifras ya están a punto de superar las de todo 2022 (22.819 personas), y superarán, casi con seguridad, las de 2020 (23.716 personas), el segundo año más activo desde que en 1994 se abrió la ruta canaria. Hasta ahora, el récord corresponde a 2006, el año en el que desembarcaron en Canarias 31.678 migrantes.

La clave de este periodo es la concentración de llegadas en un periodo muy corto de tiempo. Ya ocurrió en octubre de 2020, pero este repunte ha ocurrido antes cuando aún quedan por delante los meses de aguas más calmas, cuando la ruta canaria registra sus mayores picos de actividad.

¿A qué islas están llegando?

La isla del Hierro, de poco más de 11.400 habitantes, se ha convertido en protagonista inesperada de esta ruta. Esta pequeña isla, el punto más occidental del archipiélago, había recibido hasta la primera semana de octubre más de 5.000 personas, casi la mitad de ellas en la primera semana del mes. Los registros de todo el año, sin embargo, sitúan a la isla de Lanzarote, la más cercana al continente africano, como el principal puerto de llegada, con unos 5.300 desembarcos. Según datos oficiales que no son públicos, le siguen Gran Canaria (4.026), Tenerife (3.169), Fuerteventura (3.169) y La Gomera (36). La Palma y la pequeña La Graciosa son la únicas islas a las que no han llegado embarcaciones.

¿Por qué tantos cayucos se dirigen a El Hierro?

Lo habitual era que las barcazas llegasen a Lanzarote, Gran Canaria o Tenerife, mientras que El Hierro, más allá de repuntes puntuales, era un destino bastante excepcional. La llegada de cayucos a su puerto se debía, generalmente, a que el barco había desviado accidentalmente su ruta o se había perdido. En muchas ocasiones, de hecho, se han producido verdaderas tragedias flotantes en los alrededores de El Hierro, con decenas de personas muertas a bordo de cayucos a la deriva, a punto de perderse en el Atlántico.

El patrón actual parece haber cambiado y diversas fuentes explican que los patrones de las embarcaciones ponen un rumbo claro a la isla al registrar en los GPS las coordenadas de El Hierro. Esta trayectoria, más occidental, aleja a los senegaleses de sus propias costas, pero sobre todo de las mauritanas y marroquíes, dificultando así que las fuerzas de seguridad de esos países los intercepten en plena travesía.

¿Por qué se ha vuelto a reactivar la ruta?

Tras la crisis de 2020 y 2021, se produjo un descenso de la actividad en la ruta canaria. El motivo fue principalmente la mayor colaboración de las autoridades de Marruecos que tras la reconciliación con España en marzo de 2020, se emplearon con más diligencia en neutralizar las embarcaciones que salían de las costas saharahuis y marroquíes, principales puntos de partida. Ahora, más allá de las buenas condiciones del mar, típicas de esta época, hay un factor clave en el repunte: Senegal.

El país está sumido desde junio en una crisis política y social que está poniendo en cuestión la calidad democrática de un país hasta ahora considerado estable. A la situación estructural, donde cerca del 40% de sus 12,5 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, se suma ahora un descontento social que protagonizan especialmente los jóvenes. Ese malestar se ha traducido en violentas protestas desencadenas por las arremetidas del presidente Macky Sall contra el principal líder de la oposición Ousmane Sonko, referente de buena parte de la juventud senegalesa. Sonko ha sido condenado a prisión acusado de llamamiento a la insurrección y complot contra el Estado y su partido, Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), ha sido disuelto por decreto. Los jóvenes senegaleses que están llegando a Canarias relatan, además de penurias económicas, represión por parte de las fuerzas de seguridad por sus posicionamientos políticos.

¿Qué diferencia este escenario del que vivieron las islas en 2020?

La intensidad de llegadas no tiene por qué ser sinónimo de crisis y depende, en gran medida, de la gestión que hagan las autoridades de ellas. Algunas cuestiones son clave para diferenciar este escenario del de 2020, que acabó derivando en una crisis de acogida que desató el malestar social.

Un factor clave que diferencia un momento y otro es la pandemia. La reactivación de la ruta canaria se produjo en plena irrupción del coronavirus. Las pateras eran para los migrantes una forma de huir del bloqueo económico de sus países, pero al llegar encontraban un sistema colapsado. A la falta de espacios para recibir a los recién llegados, se sumaron los exigentes protocolos sanitarios que requerían aún más recursos para poder garantizar las cuarentenas. Al final, los hoteles, vacíos de turistas, acabaron usándose como centros de acogida de emergencia, con el consecuente rechazo social. En 2020 y 2021, no solo faltaban espacios de acogida y sanitarios, sino policiales. En el muelle grancanario de Arguineguín llegaron a hacinarse más de 2.000 personas porque la Policía Nacional no tenía un lugar donde recibir, identificar y entrevistar a los recién llegados. Las imágenes de estas instalaciones abarrotadas dieron la vuelta mundo y se convirtieron en el símbolo de una gestión improvisada de la situación.

Otra circunstancia ha sido cómo se han gestionado las derivaciones de los migrantes de las islas a la Península. De las 20.000 personas que han llegado, permanecen en las islas poco más de 3.000 adultos y unos 3.300 menores. El resto ya se ha marchado a la Península en traslados organizados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Algunos de los trasladados siguen en centros de acogida, otros con familiares y otros van rumbo de instalarse en otro país.

Esta política de traslados se aplicó a duras penas en 2020 y 2021. La estrategia de bloqueo se llegó a aplicar incluso a los migrantes que tenían su pasaporte y dinero para comprar un billete de avión para marcharse. Con las limitaciones de movilidad de la pandemia, Interior justificó un refuerzo policial en los aeropuertos que en la práctica impidió que pudiesen subirse a un avión, hasta que varias sentencias judiciales cuestionaron esta práctica.

La estrategia actual de traslados permite descongestionar los centros de acogida, permite la movilidad que buscan los migrantes, y evita el malestar que se vio en parte de la población canaria. Los traslados se hacen entre islas y a la Península, con una agilidad nada habitual. Se hacen, eso sí, sin dar datos, sin publicidad, porque en el Ministerio del Interior aún se mantiene la tesis de que facilitar el camino al continente servirá de incentivo a emigrar a miles de personas más. El desafío actual, sin embargo, es cómo evitar que se desborden los centros de acogida de la Península, una situación que ya está encima de la mesa.

Por último, es importante el despliegue de plazas de acogida que se ha realizado en las islas en los últimos años. En 2019, año que se cerró con la llegada de 2.723 migrantes por vía marítima, Canarias no contaba ni con medio millar de camas para migrantes. El caos que se vivió en las islas en 2020, llevó al ministro José Luis Escrivá a anunciar el 20 de noviembre de 2020 el llamado Plan Canarias.

Tres años después, Migraciones cuenta con una treintena de dispositivos abiertos, sobre todo, en Gran Canaria y Tenerife y, en menor medida, en Lanzarote y Fuerteventura con un total de 3.500 plazas disponibles, que puede doblarse si es necesario. Buena parte de estos recursos son pisos y hoteles alquilados, pero hay también macrocampamentos, como los de Las Raíces o Las Canteras, en Tenerife.

¿Qué sucede con los menores?

Muchas de las embarcaciones que llegan a las costas canarias trasladan a menores que vienen sin sus padres y cuya responsabilidad y tutela recae en el Gobierno autónomo. Canarias acoge en estos momentos a 3.321 niños y adolescentes, según un portavoz oficial del Ejecutivo canario.

Para que puedan ingresar en el sistema, en primer lugar, hay que confirmar que, efectivamente, tienen menos de 18 años, pero hay dudas en aproximadamente un 50% de los casos, según fuentes oficiales. A pesar de la experiencia de los últimos años, el sistema sigue fallando y hay adultos en centros de menores y chicos muy pequeños en espacios destinados solo para adultos.

Cuando se certifica que son menores, mediante pruebas óseas, estos niños se integran como cualquier otro en el sistema educativo y sanitario, para lo que Canarias reclama tanto la solidaridad de otras regiones para que asuman a algunos menores como la ayuda del Gobierno central, sobre todo financiera.

Las otras comunidades autónomas se han puesto de lado a la hora de aceptar derivaciones de menores, dado que no existe un plan integral para la gestión de estos niños ni leyes que las obliguen a ello. El pasado año se cerró un acuerdo que las autoridades del archipiélago tachan de insuficiente. Aquel acuerdo implicaba derivar a la Península a apenas 400 menores en 2022 y el compromiso de trasladar en este ejercicio a otros 374. Este pasado miércoles, las autonomías han aceptado la derivación de otros 360 menores que residen en Canarias, además de otros 36 que están en Ceuta. Canarias considera insuficiente esta cifra.