La llegada de más de 23.000 migrantes y refugiados a las islas Canarias en 2020 puso todo patas arriba. Aunque no era un número inmanejable —juntos no llenaban un tercio de las gradas del estadio Santiago Bernabéu—, pilló al Gobierno con el pie cambiado. No había espacios donde recibirlos, ni camas donde acostarlos; tampoco una estrategia para gestionar un repunte que, aunque previsible, acabó convirtiéndose en una crisis. Volcado en la gestión de la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tardó meses en reaccionar, mientras sus ministerios —Defensa, Migraciones e Interior— se peleaban entre ellos por la cesión de terrenos o por la urgencia de trasladar a migrantes a la Península para descongestionar las islas. Mientras, el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde llegaron a hacinarse 2.600 personas tiradas en el suelo sin las mínimas condiciones de salubridad, se convertía en la imagen internacional de la crisis.

Llegadas a Canarias

Hasta el 21 de noviembre

2020

18.028

2021

18.737

+4%

Islas de llegada

Hasta el 10 de noviembre

Lanzarote

2020

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21%

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La Palma

Tenerife

21%

Gran Canaria

17%

62%

13%

La Gomera

8%

41%

Fuerteventura

1%

7%

El Hierro

País de salida

De los llegados hasta el 10 de noviembre

Marruecos

72,5%

Marruecos y

Sáhara Occidental

Sáhara Occidental

23,5%

Mauritania

4%

Senegal y

Gambia

Mauritania

Senegal

Gambia

500 km

Mujeres y menores llegados a Canarias

Hasta el 15 de noviembre

MUJERES

MENORES

15% (14,96% en 2020)

14,8% (5,2% en 2020)

Nacionalidades

De los llegados hasta el 15 de noviembre, en %

2020

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10

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30

Marruecos

25

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Malí

12

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Costa

de Marfil

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Guinea

4

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Senegal

4,5

10

Gambia

2,9

5

Guinea

Bisáu

1

2

Camerún

1

1,4

Fuente: elaboración propia con datos de Frontex,

fuentes policiales y Cruz Roja.

EL PAÍS

Llegadas a Canarias

Hasta el 21 de noviembre

2020

18.028

2021

18.737

+4%

Islas de llegada

Hasta el 10 de noviembre

Lanzarote

2020

2021

21%

8%

La Palma

Tenerife

21%

Gran Canaria

17%

62%

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La Gomera

8%

41%

Fuerteventura

1%

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El Hierro

País de salida

De los llegados hasta el 10 de noviembre

Marruecos

72,5%

Marruecos y

Sáhara Occidental

Sáhara Occidental

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Mauritania

4%

Senegal y

Gambia

Mauritania

Senegal

Gambia

500 km

Mujeres y menores llegados a Canarias

Hasta el 15 de noviembre

MUJERES

MENORES

15% (14,96% en 2020)

14,8% (5,2% en 2020)

Nacionalidades

De los llegados hasta el 15 de noviembre, en %

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Marruecos

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Senegal

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Gambia

2,9

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Guinea

Bisáu

1

2

Camerún

1

1,4

Fuente: elaboración propia con datos de Frontex,

fuentes policiales y Cruz Roja.

EL PAÍS

Llegadas a Canarias

Hasta el 21 de noviembre

2020

18.028

2021

18.737

+4%

Islas de llegada

Hasta el 10 de noviembre

Lanzarote

21%

2020

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La Palma

Tenerife

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Gran Canaria

17%

62%

13%

La Gomera

8%

El Hierro

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Fuerteventura

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País de salida

Mujeres y menores

llegados a Canarias

De los llegados hasta el 10 de noviembre

Hasta el 15 de noviembre

MUJERES

Marruecos

14,8% (5,2% en 2020)

72,5%

Marruecos y

Sáhara Occidental

Sáhara Occidental

23,5%

Mauritania

MENORES

15% (14,96% en 2020)

4%

Senegal y

Gambia

Mauritania

Senegal

Gambia

500 km

Nacionalidades

De los llegados hasta el 15 de noviembre, en %

2020

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Marruecos

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Malí

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Guinea

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Senegal

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Gambia

2,9

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Guinea

Bisáu

1

2

Camerún

1

1,4

Fuente: elaboración propia con datos de Frontex, fuentes policiales y Cruz Roja.

EL PAÍS

En aquellos meses falló la asistencia jurídica, la detección y acogida de menores, el acceso al asilo y el cuidado de los más vulnerables. Aunque se abrieron en tiempo récord más de 10.000 plazas hoteleras, decenas de migrantes pasaron a vivir en las calles y la Policía bloqueó puertos y aeropuertos para dificultar que los recién llegados alcanzasen el continente. El cóctel, en plena crisis sanitaria y económica, provocó brotes de xenofobia nunca vistos en las islas.

Las llegadas siguen al alza, la presión migratoria aumenta y las islas han vuelto a consolidarse como una de las rutas migratorias más transitadas hacia Europa. Pero Canarias y sus puertos ya no ocupan titulares. Tampoco son motivo de inquietud política. La crisis, al final, dependía más de la gestión que se hizo de las llegadas que de las llegadas en sí. Desde entonces, algunas cosas han cambiado, otras se mantienen igual o más precarias. ¿Qué ha ocurrido en Canarias un año después? EL PAÍS vuelve a las islas para comprobar cómo ha evolucionado la situación desde que el archipiélago se convirtió en escenario de una de las más graves crisis migratorias en España.

Las llegadas

Más muertes, menos foco

Un año después, la ruta atlántica sigue abierta en canal. Durante la mayor parte de 2021, las llegadas duplicaron las de 2020, aunque las cifras en octubre y noviembre se redujeron frente al año anterior. En la foto, migrantes en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Octubre de 2021.

A las puertas del mes de diciembre ya han desembarcado en Canarias casi 19.000 personas, un 4% más que en 2020. Los récords alcanzados el año pasado se normalizan. En la foto, mujeres con sus hijos en el muelle de La Cebolla (Lanzarote). Octubre de 2021.

La temporada más caliente del año, sin embargo, aún no ha concluido. En la foto, un grupo de migrantes recién rescatados en una de las carpas de la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). Octubre de 2021.

Judith Sunderland, directora adjunta de Human Rights Watch, aprecia "mejoras" en la gestión, pero avisa: "El enfoque de España, como el de la UE, sigue centrado en impedir llegadas, en lugar de abrir canales de migración seguros y ordenados". En la foto, una mujer es atendida en Arguineguín. Octubre de 2021.

La travesía a Canarias se ha cobrado en lo que va de año la vida de 936 personas, 121 más que en todo 2020. Este récord ha estado marcado por la muerte de 82 niños frente a los seis del año pasado. En la imagen, tumba de Eléne Habiba Traoré, que falleció con dos años días después de ser reanimada en el muelle de Arguineguín.

La recepción

Aún en naves y un gran tapón en las cuarentenas

Desde agosto de 2020 hasta finales de noviembre de ese año, España recibió a miles de inmigrantes en el suelo de un muelle al sur de Gran Canaria. Con tres bocadillos al día, un par de mantas y sin un lugar donde lavarse. Los primeros grupos yacieron durante días en el suelo del espigón sin llamar demasiado la atención de medios y autoridades, pero a mediados de noviembre la situación estaba fuera de control y en aquel puerto no cabía un alma más. Hasta 2.600 personas llegaron a estar retenidas en el lugar bajo custodia policial. En aquella época, aún se vivía una fase crítica de la pandemia y era obligatorio que se les hiciese una PCR, para luego guardar cuarentena, pero en Arguineguín la distancia de seguridad era físicamente imposible. Había casi tanta gente tirada en el suelo como habitantes tiene este pueblo pesquero del sur de la isla. Algunos migrantes estuvieron retenidos hasta 20 días. La situación límite se vivió el 17 de noviembre cuando una orden policial —que era en el fondo una llamada de atención— sacó del muelle a 200 migrantes sin que tuviesen un lugar donde dormir.

En esos meses, Arguineguín era un agujero negro: se separó a madres e hijos, los abogados dejaron de asistir a los clientes y los familiares se desesperaban ante el cordón policial para poder rescatar a sus seres queridos. Tras visitarlo y comprobar las condiciones indignas de los recién llegados, el Defensor del Pueblo llegó a pedir el cierre inmediato.

2020

2021

Transformación en 10 meses de Barranco Seco, centro de detención policial de migrantes en Gran Canaria.

La noche del 29 de noviembre, tras unos días de tregua en las llegadas, salieron los últimos migrantes que dormirían en Arguineguín. El campamento policial de Barranco Seco comenzaba a funcionar. Durante los primeros meses hubo quejas por los baños, el frío, la falta de mantas y el barrizal en el que se convertía cada vez que llovía. Con el tiempo y el dinero europeo, aquel recinto ha dejado de ser una hilera de carpas militares en mitad de un terreno selvático. Se ha asfaltado y llenado de módulos prefabricados, hay baños y duchas y se planea abrir un comedor.

Tras muchas quejas y advertencias del Defensor del Pueblo, se intenta que los niños más pequeños y sus madres no pasen por Barranco Seco o lo hagan el menor tiempo posible. En la imagen, el centro de detención de Barranco Seco tras meses de reformas y obras. Octubre de 2021.

Pero un año después, el repunte de llegadas en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro ha vuelto a poner en evidencia la falta de infraestructuras y la improvisación. En la foto, un hotel de Fuerteventura usado como espacio de cuarentena para migrantes. Octubre de 2021.

La Policía sigue valiéndose de naves para recibir migrantes en otras islas. Sucede en Lanzarote y Fuerteventura, que este año han concentrado más del 40% de todas las llegadas y donde Interior no tiene los espacios más adecuados para la reseña policial. En la foto, niños internados en una nave para la custodia policial en Fuerteventura. Octubre de 2021.

Los migrantes —niños y mujeres incluidos— permanecen en estos espacios varios días, sin ducha, comida caliente ni condiciones mínimas de higiene. En la imagen, una mujer asea a un niño en la nave policial de Lanzarote. Octubre de 2021.

En el caso de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife bloquea la apertura de un recinto en el que ya se ha construido una especie de comisaría portátil con tiendas de campaña, duchas, baños, enfermería y agua caliente. En la foto, niños internados en una nave convertida en centro de detención policial en Lanzarote. Octubre de 2021.

En el de Fuerteventura, la Policía ha sustituido las naves precarias por módulos prefabricados instalados en el interior de otra nave. En la imagen, migrantes internados en una nave de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, tras su rescate. Octubre de 2021.

Otro de los problemas más graves que se repiten un año después es que se sigue obligando a los migrantes a pasar bajo custodia policial más tiempo de las 72 horas que permite la ley. Esta mala praxis es flagrante en Barranco Seco, por estar en la isla donde se registran la mayoría de los desembarcos. Pero esta ya no es una cuestión policial, sino sanitaria. La Consejería de Sanidad sigue sin tener espacios suficientes para garantizar la cuarentena de los positivos en coronavirus y sus contactos estrechos, que son aproximadamente el 90% de todos los migrantes que llegan, según fuentes oficiales. La cuarentena es obligatoria para que Migraciones los acepte en sus campamentos de acogida así que, en una primera fase, Sanidad necesita una especie de red paralela de acogida. El resultado es un enorme cuello de botella que lleva a los migrantes a permanecer bajo custodia policial hasta que las autoridades sanitarias logran plaza para aislarlos. Ha habido casos en los que esos contactos estrechos han estado más de 15 días retenidos en Barranco Seco, un lugar que puede ser aceptable para tres días pero no para dos semanas. Esos días de cuarentena con la Policía, además, no computan para Sanidad, por lo que una vez que consiguen salir de la custodia policial deben encerrarse otros 10 días. La Consejería ha ignorado todas las peticiones de información realizadas por EL PAÍS.

La acogida

De los hoteles a los macrocampamentos: las promesas de un techo estable

2020

2021

Transformación en 10 meses del campo de migrantes Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Estado afrontó el repunte de desembarcos en Canarias, que venía fraguándose desde 2019, con poco más de 70 plazas de acogida. Albergues, polideportivos, escuelas, terrenos de lucha canaria sirvieron de parche durante los primeros meses de 2020 hasta que la improvisación se hizo insostenible. En septiembre, la Secretaría de Estado de Migraciones decidió abrir hoteles que languidecían por la pandemia y se pasó de unas 900 plazas a 10.000. Dos meses después, el ministro José Luis Escrivá anunció el despliegue de su Plan Canarias, seis espacios entre centros y macrocampamentos para acoger a 7.000 personas. La UE lo financió con 56,7 millones de euros. El plan debía completarse a finales de 2020, pero no se logró hasta mediados de marzo y algunos de estos campamentos, como el de Las Raíces, en Tenerife, fueron escenario constante de conflictos de convivencia y protestas por el frío y la comida. Este campamento, aún hoy, se inunda con las lluvias.

La mejora de las instalaciones es evidente en el campamento de Canarias 50, en Gran Canaria. Se han derribado casi todos los edificios que estaban en ruinas y los espacios están ocupados ahora por módulos prefabricados en lugar de por carpas endebles. También en Las Canteras, en Tenerife. Son los dos campamentos que Migraciones va a convertir en estructuras estables con unas 2.500 plazas tras comprarle los terrenos a Defensa por unos 10 millones de euros. El resto de plazas fijas prometidas —hasta 6.500— aún están “en proceso de definición”, según una portavoz.

Pero más allá de las instalaciones, el cambio fundamental que se ha visto en los últimos meses es su nivel de ocupación, indirectamente controlado por el Ministerio del Interior. En 2020, el departamento de Fernando Grande-Marlaska solo aprobó el traslado de 2.100 migrantes con perfiles más vulnerables para ocupar plazas de acogida en la Península, pero este año, según fuentes conocedoras de esas derivaciones, han sido cerca de 12.000.

A los traslados acordados por los dos ministerios se suma que desde marzo la Policía no limita más el tránsito por puertos y aeropuertos y quien llega con su pasaporte puede salir de las islas por su cuenta. Más allá de un cambio de criterio de Interior, la estrategia está más vinculada a que con los acuerdos de devolución en suspenso se optó por no saturar los centros —y evitar una nueva crisis— en los meses de mayor afluencia de llegadas. Actualmente, con menos de 3.000 personas, los campamentos se mantienen al 40% de su ocupación. Tras meses de parón, la Policía ya ha vuelto a solicitar el ingreso en centros de internamiento de migrantes de distintas nacionalidades con el fin de intentar devolverlos.

Menores en precario

Sin documentos y en la calle al cumplir los 18

A la directora general de Infancia de Canarias, Iratxe Serrano, se le quiebra la voz poco después de responder al teléfono. Es una llamada casual, pero Serrano siempre habla claro y acaba desahogándose. Se traga el llanto. Asegura que no pueden hacer más y que se sienten solos. Serrano está en la primera línea de la gestión de la acogida de los menores extranjeros no acompañados, quizá el principal frente abierto tras el repunte migratorio en las islas. La situación era crítica y así sigue un año después. Sus frases, entre la emoción y el enfado, tienen poco de optimismo: “Hemos hecho todo lo que se podía hacer, pero no llegamos”, “hemos alquilado todo lo que se podía alquilar, pero no hay más sitio”, “el volumen es tan grande...”, “no podemos más”, “¿qué vamos a hacer con los que vengan?”...

Las autoridades canarias nunca han escondido su impotencia cuando el año pasado se convirtieron casi de golpe en tutores de 2.700 niños y adolescentes que llegaron solos en patera (ahora son 2.500). Pidieron ayuda del Gobierno y de las comunidades autónomas, pero recibieron apenas 10 millones de euros —gastan siete veces más— y repartieron solo 193 menores. “Sentimos el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales [de Podemos, mismo partido a cargo de la Consejería], pero quitando eso, estamos literalmente solos”, señala Serrano. Su jefa, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, lamenta: “Ojalá la agilidad que se tuvo para ayudar a Ceuta se hubiese tenido con Canarias”. Las dos pelean ahora para que el Ministerio de Inclusión destine a los menores de Canarias alguna de las partidas de los fondos europeos para la migración o para la reconstrucción. Siguen esperando una respuesta.

Un año después de que se desencadenara la crisis, los 47 centros que se abrieron para albergar a los chavales siguen funcionando como espacios de emergencia. Faltan inmuebles que puedan convertirse en lugares de acogida y también personal cualificado para atenderlos. El 90% de los menores de hasta 16 años van por fin al colegio —la consejería no concreta cuántos son—, pero apenas hay formación o actividades para los más mayores, los de 17, que son la inmensa mayoría.

También están pendientes casi 1.400 pruebas para determinar la edad. Esta demora, que depende en cierta medida de la Fiscalía, deja en un limbo administrativo a los chavales, pero sobre todo cronifica un problema recurrente todos estos meses: hay adultos conviviendo con niños. Además de corromper el sistema de protección, ocupan plazas que no les corresponden. “Hay mayor diligencia, pero sigue habiendo un atasco enorme. La salida de los adultos de los centros nos daría un respiro importantísimo”, advierte Santana.

El 14 de octubre llegó al muelle grancanario de Arguineguín un cayuco con casi 200 personas. Entre ellas, había más de 40 menores que debían ser tutelados. Una llegada así altera las dinámicas de policía, Sanidad y Migraciones, pero para el departamento de Santana, que está siempre al límite, supone reorganizar centros, saturar los espacios y forzar aún más la red de acogida. Y así con cada llegada. ”No solo estamos preocupados por lo que tenemos ahora, sino por lo que está por venir”, advierte la consejera.

Las dificultades y las carencias de la acogida por la que pasan todos estos menores, advierte una abogada que prefiere mantener el anonimato, están llevando a los niños que llegan ahora a fingir ser adultos. “El sistema debería servir parar protegerlos, pero en muchas ocasiones los empuja a un limbo y acaban prefiriendo decir que son mayores de edad”, mantiene esta letrada. “Si los mecanismos no se afinan... gran cantidad de niños no serán detectados y estarán expuestos a todo tipo de abusos”.

Según pasan los meses, además, se ensancha un nuevo frente. Los chicos comienzan a cumplir 18 años sin documentos (entre 2020 y 2021 solo se ha tramitado la residencia de 108 chavales) y no hay programas para ayudarlos en esa transición hacia la vida adulta. La consejería no detalla cuántas son, pero reconoce que las plazas para los que llegan a la mayoría de edad son “pocas” e “insuficientes”. Lo normal es que acaben en la calle. Serán centenares en esa situación en los próximos meses.

Siguiendo las indicaciones de extutelados y trabajadores, EL PAÍS llega a un orfanato abandonado a 15 minutos en coche del centro de Las Palmas de Gran Canaria, un antiguo internado de monjas que se cae pedazos. Para entrar, uno debe primero agacharse y atravesar un pasadizo de matojos, recorrer un tramo de descampado, saltar un muro y colarse por el agujero de una alambrada herrumbrosa. El suelo de los dos edificios está lleno de escombros y excrementos y los techos se sostienen con puntales de obra. Debió ser un lugar de botellones y encuentros clandestinos para los jóvenes del barrio, donde hasta jugaban a la güija, pero ahora no es más que una pocilga.

No se oye nada, no hay señales de vida en ninguna parte, más allá de unas garrafas de agua que aún no ha descolorido el sol, pero, de repente, una cabeza se asoma por una ventana y vuelve a esconderse. Se llama Hamza y ocupa, junto a Abdelhadi, la única habitación limpia de todo el recinto. Una bandera gigante de España cubre una de las paredes. La de enfrente está pintada con un grafiti de Bart Simpson enseñando las nalgas.

Hamza y Abdelhadi llegaron hace más de un año a Gran Canaria y acaban de cumplir 18 años. El centro en el que vivían, muy cercano al orfanato, los echó. Hace ya casi un mes que duermen en puertas montadas sobre bloques de cemento y cubiertas por mantas. Comen lo que pueden cocinar en un pequeño hornillo que ya se ha quedado sin gas. En la imagen, los dos jóvenes en su habitación. Octubre de 2021.

“Estoy muy preocupado. Pienso mucho. No tengo papeles, no tengo nada... hemos ido a tres sitios buscando plaza para mayor y todos dicen ‘no hay plaza, no hay plaza", explica Hamza. Abdelhadi añade: “Nos mintieron. Dijeron que nos harían los papeles y ahora hay muchos chicos como nosotros en la calle, en los parques, en la montaña…”. En la foto, los dos jóvenes entran en el antiguo orfanato. Octubre de 2021.

Al salir de la parcela aparecen otros cinco chicos del centro de menores donde vivían Hamza y Abdelhadi. Dos de ellos, en la foto, cargan un espejo que han encontrado en la basura. A todos les faltan entre uno y tres meses para la mayoría de edad. Uno de ellos resume el sentir general: “Estamos pensando todo el día en el momento en el que cumplamos los 18. Ya nos lo han dicho: ‘Calle, calle”. Octubre de 2021.

Hamza es huérfano de madre, la perdió cuando tenía solo seis meses, e hijo de un militar. Vivía en la provincia de El Kelaa des Sraghna, una región rural y empobrecida de Marruecos de donde han salido muchísimos migrantes de los que han llegado a Canarias en el último año. Tiene una hermana en Barcelona, pero dice que no piensa en irse con ella. Aunque quisiera, sin documentos tampoco puede tomar un avión. Uno de sus excuidadores, que pide el anonimato, mantiene que el chico sufre depresión y que viene perdiendo demasiado peso en los últimos meses. “No estoy mejor aquí, pero no quiero volver a Marruecos”, asegura. Abdelhadi viene de El Jadida, una ciudad portuaria y colonia portuguesa hasta el siglo XVIII. Allí trabajaba en el campo desde los 14 años.

Hamza y Abdelhadi vienen, además, de uno de los centros con más escándalos en su historial, el complejo de apartamentos Porto Bello, en el sur de la isla. El centro llenaba las páginas de Facebook de vecinos y periódicos locales por las escandaleras de sus residentes, pero lo que pasaba en su interior era mucho más grave. Según una denuncia anónima de algunos de sus trabajadores, se produjeron violaciones por parte de supuestos menores que eran en realidad bastante mayores y algunos de los chicos se prostituían para conseguir dinero. La acusación señalaba a otros empleados del centro, a los que se atribuía “agresiones físicas y maltrato continuado”. La dirección, según los denunciantes, permitía y fomentaba los abusos. La consejería tardó casi dos semanas en reaccionar, pero cerró el centro después del escándalo. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.

Los chicos llaman a sus antiguos compañeros para que les traigan sus documentos, un puñado de folios ordenados en una carpeta azul. Es lo único que pueden y temen perder. “No los tenemos aquí por si nos los roban”, explican. Los folios, que en realidad no les valen para nada, muestran algunas deficiencias habituales en la tutela de estos menores. Desde que la Policía se inventó su fecha de nacimiento cuando llegaron a puerto (casualmente la mayoría de los menores, según la reseña policial, nacen un 1 de enero), a que su edad varía dependiendo del centro por el que hayan pasado. También que transcurrieron meses desde que cumplieron los 18 años hasta que se marcharon. No tienen un solo certificado de formación o actividades realizadas y su castellano es precario. “Nunca se les gestionó un recurso de adultos”, lamenta el excuidador. “No son los más buenos, son unos trastos, pero es que el centro solo gestiona el acceso a centros de mayores si son santos. ¿Quién fue un santo de adolescente? Yo no lo fui”.

Los que se quedaron

Construir una nueva vida en el archipiélago

03/ 2021

10/ 2021

A la izquierda, Sulaiman Jalloh en uno de los hoteles que se abrió para acoger a migrantes llegados a Gran Canaria; a la derecha, en la casa en la que vive ahora.

Hace poco más de un año, el inglés Calvin Lucock firmó un contrato con Cruz Roja para convertir en centros de acogida de inmigrantes los hoteles que dirige en el sur de Gran Canaria. No fue una decisión humanitaria, sino económica: la pandemia había encerrado en casa a los turistas y la compañía entraba en números rojos. Por sus complejos pasaron miles de personas. En febrero, Migraciones trasladó a los inmigrantes de los hoteles a los macrocampamentos y se acabó el contrato, pero Lucock y su mujer, la noruega Unn Tove Saetran, mantuvieron las puertas abiertas a los que quisieron quedarse. Costearon el hospedaje a más de 50 inmigrantes durante meses.

Un año después de aquella rúbrica que cambió la vida a Lucock y Saetran, los turistas han regresado. Se les ve lanzándose en bomba en las piscinas y picoteando en los restaurantes antes clausurados. Las playas del sur han vuelto a llenarse de sombrillas y a la recepción ya no llegan personas con traumas y heridas mal curadas; tampoco menores y refugiados que en mitad de aquel caos de acogida nadie escuchaba. Los problemas ahora son si los clientes están contentos con la limpieza de sus habitaciones.

En esos hoteles trabajan hoy algunos de sus antiguos huéspedes inesperados. Ablelkader Wadih, un marroquí de 27 años, que llegó en septiembre del año pasado después de una travesía infernal, limpia habitaciones gracias al permiso de trabajo que le permite su solicitud de asilo; Said, otro de los marroquíes, asiste en la cocina de uno de los restaurantes; y Sulaiman Jalloh, de Sierra Leona, hace labores de mantenimiento. “Parte de nuestros empleados ya son mayores y los chicos pueden ayudar en tareas a las que los otros no llegan”, explica Lucock. “Contratamos también trabajadores locales, pero en nuestros hoteles trabajan personas de 17 nacionalidades distintas. Nuestra política de contratación siempre fue abierta y justa para todos”.

Tras enamorarse de una canaria poco tiempo después de llegar, Jalloh está a punto de ser padre. El hombre, de 33 años, perdió a su hermano en una manifestación contra el Gobierno de Sierra Leona y acabó marchándose del país tras la epidemia del ébola en 2018. Antes de venir a Europa, que nunca estuvo en sus planes, pasó dos años intentando buscarse la vida en Guinea, Malí y Mauritania. “Cuando me dijeron que viniese a España me reí. ¿Cómo voy a llegar hasta ahí sin avión?, pregunté. “La Cruz Roja me ofreció llevarme a la Península, pero elegí quedarme. Después de todo lo que pasé, por fin construí mi vida este año. Mis regalos fueron Calvin y Unn Tove. Son mi familia”, explica. “Estoy muy feliz, entreno en un equipo de balonmano y voy a competir con ellos oficialmente”. Su hijo se llamará Calvin.

La mayoría de los miles de inmigrantes que formaron aquella extraña familia en los hoteles del matrimonio se han marchado. Dan de vez en cuando noticias por WhatsApp. Muchos están en Francia. Otros, explotados en alguna cosecha española. Pero un grupo de 11 hombres sigue bajo la protección Lucock y Saetran, que han abierto dos casas que alquilaban a turistas para hospedarlos. “Una vez más, si no hacíamos esto, la opción era que se quedasen en la calle”, advierte Lucock. Los parques, barrancos y playas de Gran Canaria siguen siendo el hogar de decenas de inmigrantes llegados en el último año.

Lucock, que sabe que sus acomodados vecinos pueden torcer el gesto con la presencia de los chicos, preparó una carta que ha ido dejando en los establecimientos de ese barrio de casas unifamiliares y campo de golf que disfrutan, sobre todo, extranjeros. “A partir de hoy verán nuevas caras en nuestro pueblo”, les anuncia. “Son chicos procedentes de Gambia, Senegal, Sierra Leona y Marruecos, con entre 18 y 39 años, que no han tenido la suerte, como la tenemos nosotros, de poder desplazarse libremente y han venido por un camino más duro”. El directivo les explica que son parte de su familia desde hace un año, sus “hijos adoptivos”, y ofrece su teléfono para aclarar dudas. Nadie ha puesto pegas de momento, pero el matrimonio lleva meses recibiendo insultos de otros hoteleros y de clientes en las redes sociales. “Me acusan de haberme hecho rica con los inmigrantes, se inventan tantas cosas…”, lamenta Saetran, que junto a su marido ha creado una fundación con la que esperan involucrarse oficialmente en la acogida de migrantes. “Yo prefiero no leer lo que dicen, me da igual, estoy centrada en el futuro de los chicos”.

—¿Qué se te viene a la cabeza un año después de todo lo ocurrido?

—Que lo volvería a hacer todo de nuevo.