El 97% de los menores migrantes acogidos en Canarias sigue sin documentos

Las islas canarias siguen siendo refugio para más de 2.500 menores extranjeros no acompañados que han llegado en pateras y cayucos en el último año y medio. A pesar de las llamadas de auxilio, la comunidad autónoma continúa asumiendo en solitario la acogida, apenas se han concretado 132 traslados a otras comunidades y sus recursos son insuficientes para cubrir aspectos básicos de la asistencia. Entre los problemas destaca que en junio solo un 3% de los 3.000 posibles menores de edad que han desembarcado en las islas desde septiembre de 2019 han conseguido su autorización de residencia, un trámite garantizado por ley y que, en teoría, debe efectuarse sin demoras.

El resto de los menores, aunque no se les considera irregulares, viven indocumentados. El dato está reflejado en una investigación sobre la infancia migrante publicada este miércoles por Unicef. “El retraso en el inicio de estos trámites es particularmente grave para los niños y niñas que llegan con edades cercanas a la mayoría de edad, puesto que corren el peligro de quedar en situación migratoria irregular a los 18 años, a pesar de haber estado en el sistema de protección de la infancia y tener derecho a este permiso”, recoge el documento.

Unicef destaca en su informe los esfuerzos del Gobierno autonómico y de todos los actores involucrados en la recepción y atención de los niños migrantes, pero insiste en que el sistema se ha visto saturado, una vez más, ante una emergencia como la que vivió Canarias el año pasado, con el desembarco en sus puertos de más de 23.000 migrantes. En el caso concreto de la documentación básica de los más pequeños, la situación de crisis ha provocado retrasos en cadena. Primero, en las reseñas (una responsabilidad de la Policía Nacional), después en las pruebas de determinación de la edad (en manos de la Fiscalía) y, en última instancia, en la formalización de las tutelas por parte de la comunidad autónoma, el paso previo para solicitar los permisos de residencia. Además, destaca la organización, hay dificultades para que los países de origen y los consulados faciliten documentos y pasaportes y sin ellos se complica la regularización.

Uno de los principales problemas es que aún hay más de 1.700 menores esperando a que se les realicen las pruebas de determinación de la edad. Este procedimiento, que implica radiografías e informes forenses, no debería ser obligatorio para los niños que son evidentemente menores de 18 años, pero, según señala Unicef, se ha generalizado. Y es lento. Sin la determinación de la edad, que decreta la fiscalía tras estudiar las pruebas realizadas, el menor está en un limbo y no se puede emprender ningún trámite.

Otra de las carencias que Unicef ha constatado en Canarias es la cantidad de niños que están sin escolarizar. Según la investigación, apenas 416 menores de 16 años estaban matriculados en el curso escolar que acaba de finalizar. La suerte de ir al colegio acaba dependiendo de la entidad que gestione el centro de acogida o de si el instituto o la escuela que les corresponde por su lugar de alojamiento tienen o no plazas, según el coordinador del estudio, Pablo Ceriani. “En los recursos de emergencia hay una ausencia generalizada de procesos de escolarización y de formación profesional”, advierte el informe. “En general, la formación en estos centros se limita a las clases de español y, en ciertos casos, de alfabetización por parte del equipo educador del centro”.

La organización considera que la escolarización es fundamental no solo para la integración, sino para la salud mental, la detección de vulnerabilidades y la protección frente a abusos y violencia. “Nuestra experiencia en crisis humanitarias de distintos tipos revela que el acceso a la educación es uno de los derechos más urgentes a poner en marcha en un escenario como este”, mantiene el informe. Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef y una de las investigadoras, explicó durante la presentación del estudio que entre los niños y adolescentes hay una petición recurrente. “El deseo de estudiar y formarse es lo que más se ha repetido en nuestras entrevistas. Están desesperados por estudiar, por hacer algo, no pueden soportar pasar el día sin hacer nada”, ha detallado. “Esta frustración pone en riesgo su salud mental, algo que nos repiten los educadores y los psicólogos”.

Los investigadores, que visitaron 27 centros de acogida en diferentes islas, también revelan en su informe otras carencias: el hacinamiento, la estancia prolongada en centros de emergencia en los que duermen hasta 20 niños por habitación, las situaciones de violencia en las que pueden verse involucrados los menores o la falta de asistencia psicológica. Además, destacan la falta de supervisión de la Fiscalía, garante de los derechos de los menores, que apenas ha visitado los centros de protección y que tampoco cuenta con un plan de contingencia para situaciones como la actual. Su conclusión es que todos los temas analizados llevan a la misma conclusión: “En contexto de crisis, el modelo actual es insuficiente, inadecuado e ineficaz”. Lo fue en Andalucía en 2018 y ahora en Canarias y en Ceuta.

Entre sus propuestas, Unicef demanda una estrategia nacional para la protección e integración social de los menores migrantes y extutelados, que ya está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales, pero también un plan de contingencia. En situaciones de emergencia, defiende, debe haber un mecanismo de derivación entre comunidades autónomas, recursos de acogida estables en todo el territorio, más medios y más coordinación.