Liberadas nueve mujeres de una red que las explotaba sexualmente en un prostíbulo clandestino en Níjar

Amenazadas, con su documentación confiscada y obligadas a trabajar todos los días. Nueve mujeres de origen suramericano han sido liberadas en Níjar (Almería, 31.816 habitantes) de una organización criminal que las explotaba sexualmente en un prostíbulo clandestino. El negocio estaba ubicado en un viejo cortijo de la barriada de San Isidro, escondido entre invernaderos, donde las víctimas eran explotadas “en condiciones infrahumanas”, según ha informado la Policía Nacional, que ha detenido a siete personas ―entre las que hay ciudadanos de España, Mali, Marruecos, Senegal y Colombia— como responsables del grupo que dirigía la red. Otras siete han sido arrestadas durante los registros debido a su situación administrativa irregular.

La explotación sexual es descrita por el Código Penal “como el hecho de determinar a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, mediante el empleo de violencia, intimidación o engaño, o abuso de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima; así como la obtención de lucro mediante la explotación de la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. En todo caso, se entiende que hay explotación “cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o cuando se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”, como es el caso de esta operación policial en Almería.

La investigación arrancó el pasado otoño. En octubre de 2024 los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería detectó la existencia de un club de alterne que operaba en la clandestinidad. Lo localizaron en un cortijo ubicado a las afueras de la barriada de San Isidro, en Níjar, rodeado de explotaciones agrarias intensivas bajo plástico. Comprobaron que operaba desde, al menos, el año 2020. Y que allí había mujeres, todas de origen suramericano —principalmente, Colombia— que ejercían la prostitución sometidas a un “control férreo” por los explotadores, como han explicado fuentes policiales.

Las condiciones “de extrema vulnerabilidad”, según los agentes policiales, comenzaban con la retención de los documentos de identificación de las víctimas. Luego, los explotadores las mantenían amenazadas para que trabajaran todos los días y las multaban si rechazaban algún servicio. A las condiciones laborales abusivas se unía la imposibilidad de salir del recinto sin el permiso de los responsables de la organización. Y para evitar que fueran reconocidas por las autoridades policiales de la zona, las trasladaban a otros locales de la zona periódicamente.

Libretas de contabilidad

La investigación permitió comprobar que había dos hombres que ejercían de líderes del grupo y se encargaban de la captación y la explotación de las víctimas. En el siguiente escalafón, tres mujeres ejercían la vigilancia de los servicios y el cobro de éstos. Y finalmente, otros tres subordinados se responsabilizaban de realizar los trasladar, además de las funciones de seguridad en el prostíbulo ilegal y de distribuir sustancias estupefacientes a los clientes.

Con toda la información recopilada, un amplio operativo policial se desplegó el pasado 17 de febrero en los alrededores del cortijo, así como en un bar de San Isidro donde la clientela también se encontraba con las víctimas. Los agentes abordaron igualmente el domicilio del cabecilla de la organización. “Durante la intervención se liberó a nueve mujeres, quienes confirmaron las prácticas abusivas de la red criminal”, han subrayado desde la Policía Nacional en Almería. En los registros se intervinieron 5.745 euros en efectivo, libretas de contabilidad con anotaciones sobre las mujeres explotadas, teléfonos móviles y ordenadores de los investigados, así como documentos relacionados con envíos de dinero a nombre de los responsables de la red.

A las siete personas detenidas se les acusa de los delitos de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, agresión sexual y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y trabajadores. Todos han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número seis de Almería. Fuentes policiales explican que la investigación continúa abierta para localizar a más implicados y obtener nuevas pruebas que permitan consolidar el caso contra la organización criminal. Durante esta operación, denominada Helloween, también fueron arrestadas otras siete personas por encontrarse en situación administrativa irregular.