El Gobierno duplica los traslados de migrantes desde Canarias a la Península

El Gobierno lleva meses siendo algo más flexible con los traslados de migrantes llegados irregularmente a las islas Canarias. Hasta el 23 de abril, la Secretaría de Estado de Migraciones —con la autorización del Ministerio del Interior— sacó de los campamentos y centros de acogida de las islas a 4.385 personas para llevarlas a otros recursos de la Península, según la información obtenida por el portal de Transparencia. Fuentes conocedoras de los dispositivos calculan que hasta finales de mayo ese número puede llegar a las 6.000 personas. Las cifras de 2021 contrastan con la rigidez con la que se autorizaron los traslados el año pasado cuando, a pesar de la crisis humanitaria que provocó la llegada de más de 23.000 migrantes, apenas se autorizó la derivación de 2.168 personas. Miles de personas vulnerables —a las que, además, no se iba a expulsar— estuvieron bloqueadas en hoteles de las islas durante meses.

Interior mantiene que su criterio para autorizar las derivaciones no ha cambiado y no reconoce una mayor flexibilidad. Tampoco Migraciones explica a qué se debe el aumento, aunque hay algunas claves que lo explican. La salida de estos miles de migrantes de las islas ayuda a descongestionar los macrocampamentos, que aún albergaban cientos de personas que cumplían con los requisitos de vulnerabilidad para ser derivadas, también rebaja la tensión social y los conflictos en los centros y facilitará la gestión ante un previsible aumento de las llegadas en los próximos meses.

Actualmente hay 4.200 migrantes acogidos en Canarias, un número que se irá reduciendo en los próximos días. Es la cifra más baja desde que se desencadenó la crisis a finales del año pasado. En diciembre pasado eran más de 8.000 personas y entre ellas se encontraban miles de migrantes vulnerables (familias, madres con sus niños, solicitantes de asilo, enfermos...) que reunían los requisitos para ser trasladados a centros de la Península, pero a los que no se les autorizaba a salir. Los hoteles estaban llenos, el muelle de Arguineguín llegó a hacinar en noviembre a más de 2.600 personas y las deportaciones estaban suspendidas por la pandemia. Había otros recursos disponibles en la Península, pero, desde Interior, se impuso el criterio de que facilitar el tránsito podía generar un “efecto llamada”.

La concentración de tantas personas en el archipiélago durante aquellos meses acabó además generando un caldo de cultivo que promovió varios ataques y manifestaciones racistas. Ese malestar aún está presente en algunos de los municipios donde se han instalado los macrocampamentos y la situación todavía es complicada en los centros que albergan un número muy alto de personas.

Estos traslados, mantienen Migraciones e Interior, siguen realizándose por criterios de vulnerabilidad (familias, madres con sus niños, solicitantes de asilo, enfermos...) y no tienen nada que ver con los viajes que puedan realizar los migrantes por su cuenta si tienen la documentación que les permite tomar un avión o un barco. En el caso de las derivaciones, las ONG que gestionan los centros de acogida en las islas elaboran listas de los residentes que cumplen los requisitos de vulnerabilidad y las mandan a Migraciones que, a su vez, solicita la autorización de Interior para que la Policía emita un salvoconducto para cada uno de ellos. Los viajes los financia Migraciones que reubica a los migrantes en centros de acogida de la Península más adecuados para sus necesidades. Desde esos centros, muchos de los migrantes parten para reencontrarse con sus familiares y amigos en otras provincias o en el resto del continente.

La falta de transparencia del Gobierno sobre las derivaciones ha sido una constante desde que se desencadenó la crisis migratoria a finales del año pasado. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, llegó a decir en agosto a la agencia Efe: “¿Derivaciones? De eso no se habla, porque puede generar un efecto llamada, obviamente”. Pestana afirmó que si se facilitaba el tránsito a la Península a los inmigrantes rescatados en Canarias “en lugar de llegar 3.000, van a llegar 30.000”. Bajo la premisa de que informar del número de personas que salía de las islas por razones humanitarias podía incentivar más llegadas, todas las autoridades implicadas se han negado a divulgar esta información. EL PAÍS solo ha conseguido estos datos tras sendas peticiones al portal de Transparencia a la Secretaría de Estado de Migraciones e Interior. Tras dos meses de espera, Migraciones respondió, mientras que Interior se negó a dar la información.

El objetivo de Migraciones ahora es mejorar las condiciones de los campamentos, con el macrocentro de Las Raíces, en Tenerife, como prioridad. Aunque nunca completó su capacidad máxima de 2.400 personas, el campamento ha llegado albergar a más de 1.500 migrantes y los problemas desde su inauguración el pasado mes de febrero han sido constantes. Instalado en una de las zonas más frías y húmedas de la isla, no había agua caliente para todos, la comida era insuficientes y se sucedieron conflictos entre grupos de distintas nacionalidades. El plan es que a finales de mayo, la capacidad de Las Raíces, que acoge ahora más de 1.100 migrantes, no supere las 800 personas.