Los migrantes cumplen un año hacinados en Canarias

“Todo el mundo en Lanzarote conoce la nave de los migrantes. Con que le digas eso al taxista, llega”, advierte la recepcionista de un hotel en Costa Teguise. La nave en cuestión es una construcción aislada en mitad de un desierto de tierra, pero, llena de furgones policiales, llama la atención de cualquiera desde la carretera. Lo que hay dentro, sin embargo, solo lo ven unos pocos, entre policías, personal médico, abogados y miembros de ONG. Allí se hacinan cientos de personas llegadas en patera, sin ventilación, ni duchas. Y, dependiendo de la ocupación, sin camas para todos. La comida, fría, no es suficiente y, según el plato, provoca gestos de asco hasta de los agentes que la reparten. “La ensalada de pasta es la más famosa, tiene un liquidito que nadie sabe lo que es. Le doy esa comida a mi perro y no se la come”, describe uno de ellos.

En la puerta, un grifo a la altura de la cadera ofrece el único chorro de agua corriente para asearse. El agua encharca el patio y llega hasta la carretera. Por las mañanas, los hombres hacen cola para lavarse. Las mujeres, más pudorosas, llenan garrafas de cinco litros y se esconden tras una hilera de baños químicos que apestan a orina en un lateral. A resguardo, lavan a sus críos, se enjabonan desde la cara hasta las partes íntimas y se cepillan los dientes. Ya fue peor cuando los baños químicos estaban dentro y, según una de las personas que frecuenta el lugar, “las heces rezumaban por fuera de las cabinas”. Un vídeo que circuló por redes sociales lo demuestra.

Un año después del pico de llegadas que mantiene al archipiélago canario como una de las principales vías de entrada irregular a Europa, el Ministerio del Interior sigue recurriendo a esos espacios precarios para la primera recepción de los migrantes.

Las naves, utilizadas para concentrar personas llegadas en patera en diferentes fases y distintas islas, ya fueron un recurso de emergencia habitual en 2020, aunque se iban cerrando según se hacían públicas sus penosas condiciones. La misma nave que ahora usa la Policía en Lanzarote fue un centro de acogida para cuarentenas y acabó clausurado tras la visita del Defensor del Pueblo el pasado mes de noviembre. Otra de esas naves en el puerto de Las Palmas, usada también para labores policiales, acabó igualmente cerrada después de que el Defensor denunciase que los recién llegados no tenían ni papel higiénico. Mucho menos jabón.

Las instalaciones policiales han mejorado considerablemente en Gran Canaria, principal puerto de desembarco, pero no en Lanzarote ni en Fuerteventura, dos islas que concentran este año cerca del 40% de las más de 15.000 llegadas a Canarias.

Las naves ejercen de comisaría, donde se identifica a todos los migrantes y se les notifica sus órdenes de devolución. En ellas también reciben una precaria asistencia letrada. En el caso de Lanzarote, dos sindicatos policiales coinciden: “Carece de los estándares mínimos para la prestación del servicio policial, así como de habitabilidad”. En Fuerteventura hay una en el puerto, que no ha provocado excesivas quejas, pero en cuanto se llena (hay solo 100 plazas), los migrantes son trasladados a otra en un polígono industrial que tampoco tiene ventilación, ni mínimas condiciones.

Los migrantes, por ley, no deben pasar allí detenidos más de 72 horas. En Fuerteventura, fuentes policiales aseguran que en dos días suelen marcharse, pero en la nave de Lanzarote, donde se han llegado a juntar más de 500 personas, ha habido grupos que superan habitualmente ese plazo. Una parte de los ocupantes de una patera en concreto pasaron casi 10 días encerrados, aseguran quienes frecuentan el lugar.

La maquinaria sigue sin terminar de engrasarse. Aunque la Policía realice sus trámites en menos de tres días, si la Consejería de Salud canaria no se hace cargo en seguida de la cuarentena de los positivos de covid y los contactos estrechos, allí se quedan. Hombres, mujeres y niños. Positivos y negativos. Es imposible garantizar un aislamiento. Lo mismo ocurre si la Secretaría de Estado de Migraciones no traslada con rapidez al resto a sus centros de acogida.

En Lanzarote la multitud permanece separada por palés y una cinta de policía que pretende, sin ningún éxito, separar a los miembros de cada patera para evitar contagios. “Es difícil estar aquí. La comida no es buena, no hay ducha”, cuenta Ismael, un joven marfileño de 22 años, a través de la valla que lo separa del exterior. Llevaba ya tres días allí.

Las pésimas condiciones en las que permanecen detenidos son iguales para hombres y mujeres y niños, los perfiles más vulnerables, que permanecen todos juntos sin ninguna privacidad. El pasado miércoles, los agentes tuvieron que llamar a una ambulancia para llevarse a una mujer embarazada de nueve meses que se quejaba de dolores, mientras los más pequeños buscaban entretenimiento con algunos juguetes y quien quiera que les prestase algo de atención. Esta semana había solo tres biberones para una decena de niños y los agentes acaban siendo los encargados de preparar y calentar las fórmulas. “No es un lugar adecuado para nadie, pero lo que más me duele es ver a los niños aquí. No puede ser que no haya otro sitio”, lamenta uno de los policías encargado de su custodia.

La presencia de niños y bebés es también habitual en la nave del polígono de Fuerteventura. En la puerta, bloqueada con dos vallas de plástico azules, dos niños de unos dos años asomaban la cabeza el pasado jueves en busca de los policías. Habían llegado esa madrugada junto a un centenar de personas que viajaban en dos neumáticas y, menos ellos, todos dormían desfallecidos. A uno de los agentes, con el bolsillo lleno de piruletas, le pedían que les hinchase un guante quirúrgico para convertirlo en globo. A cambio, le ofrecían las galletas que tienen por desayuno.

La Comisión Europea entregó a principios de año 13,5 millones de euros al Ministerio del Interior para que, precisamente, tuviese estructuras adecuadas para la labor policial e instalase los llamados Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). El dinero, por una parte, estaba destinado a adecuar el campamento de Barranco Seco en Gran Canaria, que sí ha pasado de ser un puñado de tiendas de campaña a convertirse en un terreno con suelo de hormigón lleno de casetas con ventanas, baños, duchas y un comedor pendiente de apertura. El resto de los fondos debía financiar dos CATE móviles que pudiesen instalarse según la intensidad de llegadas en cualquier isla. Lanzarote y Fuerteventura eran las elegidas, pero ninguno de los dos está en funcionamiento todavía en pleno pico de desembarcos.

Uno de los obstáculos para cumplir con lo planeado, según fuentes de Interior, ha sido la cesión de espacios. Como ya ocurrió el año pasado, Defensa, cabildos y ayuntamientos se ponen de perfil a la hora de prestar sus terrenos. Nadie quiere campamentos de inmigrantes en sus parcelas. Con el tiempo apremiando ante la inminente temporada alta de llegadas que acaba de comenzar, Interior logró que la Autoridad Portuaria cediese un terreno anexo a la comisaría de Arrecife, en Lanzarote. Pero el montaje de las carpas compradas con el dinero europeo ha puesto de uñas al Ayuntamiento, gobernado por del PP, con el apoyo del PSOE y Somos-Nueva Canarias. Amenaza con levantarlo.

La corporación local no esconde que no quiere ese uso en pleno centro de la ciudad, pero argumenta que además es ilegal, que solo se ha iniciado el expediente de cesión y que su tramitación definitiva puede llevar dos años. También que carece de plan de emergencia y que es un terreno sin canalizaciones, ni desagües y tiene riesgo de inundación por aguas fecales cuando llueve. En este lío administrativo, Interior y la Autoridad Portuaria dan por válida ya la cesión y las carpas están prácticamente listas. La apertura, al menos antes de la amenaza municipal, era inminente, aunque su capacidad no supera las 200 plazas y no evitará el uso de la nave cuando se acumulen las llegadas.

En Fuerteventura el plan era construir el CATE en un terreno militar donde se habilita también un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y donde opera un centro de acogida de Migraciones, pero las obras no permiten montar los dos espacios a la vez. La solución, una vez más, será acondicionar una nave que servía para fabricar quesos para unas 250 personas. Este espacio también acabó clausurado cuando servía de centro de cuarentenas tras una visita del Defensor del Pueblo.