La inseguridad y las trabas burocráticas dificultan la llegada de ayuda humanitaria a Sudán

El pasado 9 de junio, un convoy de Médicos Sin Fronteras (MSF) que se hallaba en la salida de un almacén de la organización en Sudán fue detenido por miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que lleva desde abril enzarzado en una feroz lucha por el poder en el país con el Ejército regular. Acto seguido, los uniformados les mandaron grabar ante una cámara, y bajo evidente coacción, una declaración sobre su supuesta buena voluntad y colaboración. Todo, para poder continuar con su viaje. En un mensaje difundido en las redes sociales tras lo sucedido, MSF declaró que se vieron “obligados a hacerlo” para evitar males mayores. Pero reiteraron que no están alineados con ninguno de los bandos en conflicto y que su único objetivo es apoyar a la población afectada por los combates, y pidieron a las partes que garanticen su paso sin obstáculos.

El incidente del convoy de MSF quedó finalmente en un mal trance, pero volvió a poner de relieve las dificultades que están encontrando las organizaciones de ayuda humanitaria para trabajar en Sudán desde el inicio de la guerra. Entre los principales obstáculos figuran una falta general de garantías de seguridad, trabas burocráticas y logísticas e intentos de ambos bandos de instrumentalizar la ayuda deliberadamente, lo que está provocando que su despliegue esté muy lejos de poder cubrir las grandes necesidades de la población. Aunque el Ejército y los paramilitares han declarado múltiples altos el fuego humanitarios desde el inicio de las hostilidades, estos han sido sistemáticamente violados y apenas han servido para reducir la intensidad de la violencia de forma puntual en Jartum, por lo que la distribución de ayuda humanitaria se ha beneficiado muy poco de las treguas.

“Llevamos tres meses de guerra y las necesidades son cada vez mayores, pero seguimos sin poder trabajar a la escala y rapidez que quisiéramos porque hay muchos impedimentos para la acción humanitaria, y eso es desgarrador para los que la esperan”, desliza Mathilde Vu, la directora de incidencia política para Sudán del Consejo Noruego para Refugiados.

Desde que estallaron los primeros combates en Sudán el pasado 15 de abril las dos zonas más castigadas por los choques han sido Jartum y la región occidental de Darfur, aunque en las últimas semanas el conflicto se está propagando de forma alarmante hacia el sur. Todas estas partes sufren una profunda escasez de productos básicos como comida, agua, medicamentos y combustibles, cuyos precios se han disparado, su sistema de salud ha colapsado y han sufrido una gran devastación de edificios residenciales e infraestructuras. Hasta la fecha se han documentado más de 3.000 muertos y 10.000 heridos, según datos del Ministerio de Salud, aunque se considera que las cifras reales son superiores. Además, más de dos millones de personas se han tenido que desplazar internamente a causa de los combates, y más de 600.000 han buscado ya refugio en algún país vecino. Según calculan varias agencias de la ONU, unas 25 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan asistencia, incluidos más de 13,5 millones de niños.

Inseguridad

En un contexto de lucha abierta entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, el principal obstáculo de las agencias humanitarias para aumentar sus actividades en el país es la falta general de seguridad, particularmente en Jartum, Darfur y cada vez más en la región meridional de Kordofán. Desde el estallido de la guerra, al menos 15 trabajadores humanitarios han muerto y muchos más han resultado heridos, según un recuento de la ONU. La mayoría han fallecido en Darfur. “Tenemos que dedicar mucho tiempo a cuestiones de seguridad, a asegurarnos de que nuestro personal está a salvo cuando presta asistencia, y a ser realmente muy competentes sobre cómo podemos prestar la ayuda de manera que apoye a las comunidades con las que trabajamos y cómo podemos asegurarnos de que podemos hacerlo manteniéndonos a salvo”, explica David MacDonald, director de CARE International en Sudán (CIS).

Al menos 15 trabajadores humanitarios han muerto y muchos más han resultado heridos

A nivel logístico, el hecho de que los combates empezaran en Jartum dificultó una respuesta rápida tanto por parte de la ONU como de ONG, ya que se vieron forzados a suspender de forma temporal su acción, evacuar a gran parte del personal y reevaluar la situación. En muchos casos la actividad se empezó a reestablecer después de que la mayoría trasladara la base de sus operaciones a la ciudad de Puerto Sudán, en el mar Rojo, que cuenta con un aeropuerto y se ha mantenido hasta ahora a salvo de los combates.

Reactivarse, sin embargo, también ha supuesto un dolor de cabeza por la magnitud de los saqueos que han sufrido desde el inicio de la guerra las agencias de ayuda humanitaria. Aunque muchas aseguran estar evaluando todavía las pérdidas, se tiene constancia de que al menos 198 vehículos han sido robados y 78 oficinas y 44 almacenes saqueados, según indica Guiomar Pau Sole, una portavoz de la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA). Esto está obligando a las organizaciones activas en Sudán a reabastecerse y a encontrar nuevas ubicaciones seguras donde poder almacenar la ayuda.

Asimismo, Puerto Sudán se ubica en el extremo noreste del país, a más de 800 kilómetros de Jartum y a unos 2.000 de El Fasher y Nyala, en Darfur, lo que representa un obstáculo añadido a la hora de distribuir ayuda por carretera, la única vía de acceso. Tanto el Ejército como las Fuerzas de Apoyo Rápido han sido acusados de obstaculizar además la entrega de asistencia en territorio del enemigo.

Trabas burocráticas

A este contexto adverso se le suman las crecientes trabas burocráticas impuestas por las autoridades de Sudán a la actividad de agencias humanitarias, lo que está causando importantes retrasos en su acción y su capacidad para ampliar operaciones a pesar de que el Ejército se ha comprometido públicamente a facilitar las labores humanitarias. En la práctica, estas restricciones se están traduciendo en la expedición de muchos menos visados de los que se están solicitando, con cientos de trabajadores humanitarios a la espera de recibir la aprobación de las autoridades locales. Enviar suministros a Puerto Sudán también se ha convertido en un proceso muy lento, y lo mismo ocurre a la hora de recibir permisos de viaje para poder desplazarlos, junto con personal humanitario, dentro del país. En ocasiones las solicitudes han sido directamente rechazadas sin motivos claros.

Además, las autoridades de los diferentes Estados del país también han sido acusadas de querer influir en la acción de las organizaciones humanitarias, lo que provoca más retrasos. Y en algunos casos en lo que incluso habían obtenido permisos de viaje, algunas agencias se han topado con la negativa del personal de seguridad en puestos de control.

198 vehículos de ONG han sido robados y 78 oficinas y 44 almacenes saqueados

Otra circunstancia preocupante es que las autoridades han asegurado que para acceder a algunas partes del país se requerirían escoltas armados, según ha denunciado MSF, lo que limitaría la capacidad de las organizaciones de moverse libremente y socavaría tanto su independencia como neutralidad. No se conoce de ningún caso que las haya aceptado.

Desde la época del exdictador Omar al Bashir, que gobernó durante casi 30 años hasta ser derrocado en 2019, las autoridades sudanesas han obstaculizado e instrumentalizado la labor de agencias humanitarias, y todo indica que esta actitud está reapareciendo ahora. El motivo por el que se dificulta su trabajo, y hasta qué punto se trata de algo deliberado, no es del todo claro, pero tradicionalmente las autoridades han mirado con mucho recelo la presencia en el país de trabajadores extranjeros.

Una de las entidades que aparece más a menudo en la foto cuando se trata de poner palos en las ruedas de la acción humanitaria es la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC) del país. Pero ahora, según señalan fuentes del sector en condición de anonimato por la sensibilidad de la cuestión, los problemas van más allá e incumben a las autoridades castrenses y en particular a la inteligencia militar. “Nos hemos enfrentado a dificultades para poder ampliar la respuesta dentro de Sudán”, nota Ed Taylor, coordinador de emergencias en Sudán de MSF. Aun así, Taylor se muestra optimista de que la situación pueda reconducirse: “Hemos visto movimientos en el diálogo en torno a estas cuestiones; sin duda, se están produciendo debates positivos”.

Para, en parte, tratar de ayudar a navegar este laberinto, Guiomar Pau Solé, de OCHA, explica que su agencia puso en marcha, tras un alto el fuego acordado el 20 de mayo, un mecanismo de intercambio de información, en el que participan las partes en conflicto, para facilitar y mejorar la seguridad de las actividades humanitarias en zonas de operaciones militares activas. La participación es voluntaria y no todas las ONG lo están usando, pero hasta la fecha el mecanismo ha facilitado la entrega segura de más de 500 camiones con suministros a ocho Estados, incluido Jartum, aunque no Darfur ni Kordofán.

Otra limitación es la falta de fondos. A mediados de junio, la ONU acogió una conferencia internacional para recaudar dinero para Sudán. Los participantes prometieron aportar unos 1.500 millones de dólares (unos 1.379 millones de euros), que, aunque se considera una cifra notable, representa la mitad de lo que se estimaba necesario en el primer mes de la guerra. “El financiamiento es algo crítico ahora mismo. No hemos podido recaudar todo lo que necesitamos y estamos trabajando como podemos para recabar más”, nota Gabriela Arenas, coordinadora de operaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Kenya.

El rosario de trabas con el que están teniendo que lidiar los actores humanitarios en Sudán ha abierto un cierto debate entorno al modelo más convencional de realizar operaciones de este tipo, y a la posibilidad de explorar alternativas que puedan resultar más efectivas. En esta línea, hay voces que reclaman que la respuesta humanitaria se apoye más en grupos locales y vecinales que se han movilizado desde el inicio de la guerra para distribuir productos básicos y ofrecer asistencia médica básica a pesar de contar con muy pocos recursos y una infraestructura muy limitada.

Esta opción genera ciertas reticencias por los potenciales peligros que pueda entrañar para la seguridad de los activistas involucrados y los propios grupos de ayuda humanitaria, monitoreadas de cerca por las autoridades del país. Pero algunas organizaciones han optado por colaborar con estos grupos. “Esto es completamente nuevo; estoy segura de que habrá muchas pruebas y errores por nuestra parte, pero lo estamos intentando, y espero que la comunidad humanitaria en general también lo haga”, apunta Vu. “Los jóvenes, voluntarios, se activaron en las primeras semanas de crisis, se organizaron, hicieron rondas de solidaridad, recogieron dinero y alimentos, fueron los que gestionaron edificios públicos que ahora utilizan los desplazados para tener un refugio”, añade. “Ellos estaban aquí desde el principio, y muchos de nosotros no, muchos de nosotros evacuamos, o pusimos al personal en espera. Así que se trata de encontrar ese equilibrio”, concluye.

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