La prostitución en Tailandia: visible, multimillonaria e ilegal

En un apartamento cerca de la Walking Street de Pattaya, Auchanaporn Pilasata estudia su reflejo en el espejo, aplica otra capa de barra de labios color púrpura y se retoca el lápiz de ojos negro. En una esquina de su espejo hay dos fotografías: una de cuando parecía una quinceañera flacucha, y otra después de la transición, como la mujer despampanante que es hoy.

Tiene 37 años, responde al nombre de Anna y ha sido trabajadora sexual transgénero durante 17 años. Mientras hacía la transición, dejó un trabajo mal pagado en una fábrica de embalaje de cosméticos a las afueras de Bangkok para convertirse en bailarina de cabaret en la cercana Pattaya, una ciudad de playa famosa por su salvaje vida nocturna. Aceptó un trabajo temporal en una sala de masajes “especial” para ganar algo de dinero. Su primer cliente ya le propuso tener sexo.

“Me dijo: ‘Te doy 3.000 baht [79,70 euros]. Una hora”, recuerda Anna. “Cuando trabajaba en la fábrica, ganaba 6.000 baht al mes [159 euros]. Este es el comienzo de mi historia como trabajadora sexual”.

Tailandia ha sido durante mucho tiempo uno de los principales destinos de turismo sexual del mundo. Los cálculos sobre la contribución del trabajo sexual al PIB varían ampliamente porque el sector opera casi por completo de forma sumergida. Pero en 2015, la empresa de estudios sobre el mercado negro Havocscope lo valoraba en 6.400 millones de dólares (casi 6.000 millones de euros) al año, aproximadamente el 1,5 % del PIB del país ese año.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se refiere a Tailandia como un “país de origen, tránsito y destino” de la trata

A pesar de ingresar miles de millones al año, el sector es, de hecho, ilegal, controvertido entre los tailandeses y muy estigmatizado. Ahora el debate sobre el trabajo sexual ha saltado a los foros públicos, de la mano de iniciativas para legalizarlo. Sus defensores sostienen que la criminalización ha privado a las trabajadoras sexuales de los derechos laborales básicos y de la protección de que disfrutan otros trabajadores, haciéndolas más vulnerables a los riesgos para la salud, el acoso, la explotación y la violencia, aunque la prostitución sigue siendo igual de visible.

Visitar Tailandia y no fijarse en ninguna trabajadora sexual “es como ir al KFC y no ver nunca pollo frito”, afirma Anna. La mayoría de las prostitutas del mundo son mujeres, y según un cálculo de 2017 efectuado por el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia, aproximadamente 129.000 de los 144.000 trabajadores sexuales del país eran mujeres. Pero son los hombres quienes deciden lo que pueden hacer con sus cuerpos. En 2021 las mujeres ocupaban el 16% de los escaños parlamentarios de Tailandia, la misma cifra que hace 10 años. En comparación, ese mismo año las mujeres constituían el 20% de la Asamblea de Gobierno de Arabia Saudí y el 28% del Congreso de Estados Unidos.

Las facciones conservadoras del país, parte del sector y las organizaciones mundiales contra el tráfico siguen oponiéndose firmemente al trabajo sexual. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se refiere a Tailandia como un “país de origen, tránsito y destino” de la trata, y los contrarios al proyecto de ley alegan que el sector del sexo permite un abuso generalizado de mujeres y niñas en todo el país y en los vecinos Camboya, Laos y Myanmar.

Sobrevivir al día

Los informes históricos sobre el trabajo sexual existentes en Tailandia se remontan a 1300. La moderna industria del sexo estalló en Tailandia al servir a una oleada de inmigrantes chinos a principios de 1900, soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Pero muchos tailandeses se sintieron dolidos por su visibilidad y notoriedad. El país adoptó la Ley de Supresión de la Prostitución en 1960, seguida de la Ley de Prevención y Supresión de la Prostitución de 1996, que prohibió casi todas las actividades asociadas con el trabajo sexual y los ingresos derivados de él.

La lucha contra la prostitución obtuvo aún más apoyo en la década de 2000, cuando el Gobierno de Estados Unidos, la derecha religiosa y las feministas abolicionistas se unieron en una extraña alianza. Su objetivo era eliminar la prostitución. El movimiento estadounidense ganó terreno en todo el mundo cuando esas fuerzas viajaron para hacer campaña contra el trabajo sexual en países del extranjero, entre ellos Tailandia.

En Tailandia, los funcionarios a menudo restan importancia a la prevalencia de la prostitución para presentar una visión más positiva del país al exterior y apaciguar a los votantes contrarios al trabajo sexual. El 14 de enero, después de una inspección, la policía declaró que estaba “satisfecha” al no haber encontrado “prostitutas ilegales” que trabajen en Pattaya, para regocijo de los comentaristas de las redes sociales. “¿Por qué no les preguntan a las chicas que hay alrededor si han visto a alguna trabajadora sexual?”, publicaba un usuario de Facebook.

En la práctica, los ingresos de la prostitución sostienen una sólida economía ilícita y pueden ser una importante tabla de salvación para las mujeres cuyos orígenes van desde licenciadas universitarias cultas hasta granjeras rurales pobres. Muchos creen que alguna forma de reconocimiento legal, ya sea la despenalización o la legalización, ayudaría a reducir la violencia contra las trabajadoras sexuales y a darles derechos y beneficios que las ayudarían, especialmente en tiempos de dificultades económicas.

Aproximadamente 129.000 de los 144.000 trabajadores sexuales del país eran mujeres. Pero son los hombres quienes deciden lo que pueden hacer con sus cuerpos.

En 2020, cuando la pandemia de covid-19 llevó al mundo a un punto muerto y el turismo mundial se detuvo, alrededor del 91% de las trabajadoras sexuales tailandesas perdieron su trabajo debido a los confinamientos, los cierres fronterizos y las medidas de distanciamiento de seguridad, según la Organización Mundial de la Salud. Como trabajadoras ilegales, no cumplían los requisitos para beneficiarse de las ayudas del Gobierno durante la pandemia.

“Muchas trabajadoras sexuales no podían pagar el alquiler y tenían que dormir en la calle”, explica Supachai Sukthongsa, gerente de Services Workers in Group (SWING) un grupo de servicios y apoyo. “Trabajaban y limpiaban bares a cambio de algo de dinero y comida, lo suficiente como para sobrevivir día a día”.

La pandemia también redujo el acceso a los servicios de atención sanitaria. Independientemente de que hagan su negocio por medio de aplicaciones de citas, proxenetas o en la calle, las trabajadoras sexuales se enfrentan a numerosos riesgos para su salud y la seguridad. El Sex Workers Project, una organización de apoyo con sede en Nueva York, halló que las prostitutas de todo el mundo tienen entre un 45% y un 75% de posibilidades de sufrir violencia en el trabajo. Las mujeres transgénero como Anna se enfrentan a un peligro adicional cuando algunos clientes se vuelven violentos al descubrir su identidad. “Cuando voy a la comisaría”, explica Anna, no “me ayudan por mi trabajo, porque trabajo ilegalmente en Tailandia”.

Las trabajadoras sexuales con frecuencia acusan a la policía tailandesa de extorsionarlas o ignorarlas. Investigadores como Ronald Weitzer, sociólogo y profesor con experiencia sobre la prostitución en Tailandia, también acusan a la policía de estar muy involucrada en el turismo sexual y de lucrarse gracias al sector. “Las autoridades, especialmente la policía, tienen un interés personal en que la prostitución siga siendo ilegal”, afirma Weitzer. “Obtienen sobornos”.

El general Surachate Hakparn, comisionado general adjunto de la Policía Real Tailandesa, considera que legalizar el trabajo sexual podría reducir tales actividades. “Admito que hay corrupción, pero afecta solo a una pequeña parte de los agentes de policía”, señala. “Desde el punto de vista de la policía, la legalización es algo positivo. No necesitaríamos seguir castigando a nuestros subordinados por corrupción. Y podríamos utilizar los recursos y el tiempo en otra cosa”.

El apoyo a la legalización cobra impulso

A grandes rasgos, el estatus legal del trabajo sexual se divide en tres amplias categorías: criminalización, legalización y despenalización. El modelo de legalización regula el registro, la atención sanitaria y el bienestar de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, el modelo de despenalización simplemente elimina las sanciones por ejercer la actividad.

También hay modelos híbridos, como el modelo nórdico en países como Suecia y Noruega, que combinan elementos de legalización y despenalización. El modelo de criminalización es empleado por aproximadamente la mitad del mundo, incluida la mayoría de los Estados de Estados Unidos. Implica la criminalización de todas las partes: el vendedor, el comprador y terceros como proxenetas o traficantes.

Según el Índice de Esclavitud Global de 2018, publicado por la organización australiana de derechos humanos Walk Free, Tailandia alberga a unas 610.000 víctimas de trata de personas. Aunque la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen dice que la mayoría de las víctimas del tráfico son utilizadas como mano de obra, algunas mujeres y niñas se ven obligadas a ser prostitutas.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos afirma que las autoridades tailandesas hacen un trabajo cada vez mejor en su lucha contra la trata, los antitraficantes radicales siguen siendo muy vehementes contra la legalización. “Es consumo sin nada a cambio”, decía Sanphasit Koompraphant, presidente de la Alianza contra la Trata de Tailandia. “Es explotación sexual”.

Pero el modelo de criminalización que apoyan la mayoría de los antitraficantes es cada vez más atacado por activistas del trabajo sexual. Cada vez más estudios demuestran que la criminalización obliga a las trabajadoras sexuales a operar en condiciones más peligrosas, aumentando los riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual, abuso físico y explotación, incluso por parte de la policía. Además de estigmatizar el trabajo, las prohibiciones también suponen que muchas trabajadoras sexuales terminen con antecedentes penales si las encuentran buscando clientes, lo que les dificulta obtener otros trabajos y las hunde más en el sector del sexo.

A pesar de ingresar miles de millones al año, el sector es, de hecho, ilegal, controvertido entre los tailandeses y muy estigmatizado

Weitzer sostiene que criminalizar el trabajo sexual no ha logrado detener su proliferación y presenta grandes paralelismos con la Guerra de Estados Unidos contra las drogas. “Está claro que es un completo fracaso”, asegura Weitzer.

En junio de 2022, Tunyawaj Kamolwongwat, un parlamentario progresista con el partido político de reciente creación Move Forward Party, redactó un proyecto de ley que establecía determinadas zonas en las que se podría ejercer legalmente el trabajo sexual. Para garantizar el cumplimiento de las normativas propuestas, el proyecto de ley exige que se realicen controles aleatorios para verificar las licencias, la edad de las trabajadoras sexuales y si hay drogas ilegales. El proyecto de ley también describe cómo se gravará con impuestos la industria y especifica lugares en los que no se puede practicar o anunciar, como cerca de los templos y las escuelas. “Tienen que [estar] lejos de los niños”, afirma Tunyawaj.

No es el único movimiento encaminado hacia la legalización de la prostitución. A principios de marzo, una comisión impulsada por el Departamento de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Familiar del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, que dirige Jintana Chanbamroong, aprobó un proyecto de ley que permite la prostitución voluntaria sin sanción penal a partir de los 20 años. La nueva ley, originalmente llamada Proyecto de Ley de Protección de Servicios Sexuales, reemplazaría a la actual norma de 1996 y tiene como objetivo proteger y legalizar a las trabajadoras sexuales que ofrezcan sus servicios de manera voluntaria. Entre otras prestaciones, según ha informado la prensa tailandesa, las trabajadoras sexuales tendrían derechos y beneficios laborales, como una remuneración justa. La ley deja claro que seguirá siendo ilegal mantener relaciones sexuales con prostitutas menores de 20 años o extranjeras u obligar a una persona a prostituirse. La norma ya ha sido presentada al ministro de Desarrollo Social y Seguridad Humana de Tailandia, Juti Karairiksh.

Algunas trabajadoras sexuales también se oponen a la legalización. Juno Mac, una destacada trabajadora sexual y activista, opina que la legalización puede crear un “sistema de dos niveles” en el que los establecimientos más ricos pueden permitirse cumplir con las normativas, mientras que las trabajadoras sexuales marginadas que operan de forma independiente no pueden. En lugar de la regulación especial y los impuestos especiales que conlleva la legalización, Mac prefiere la despenalización, que considera el trabajo sexual como un trabajo cualquiera.

Weitzer señala que la despenalización también tiene limitaciones, ya que la falta de regulación permite a los delincuentes existentes, generalizados en toda la industria, continuar explotando a las trabajadoras. Pero sus partidarios dicen que es más probable que el modelo de despenalización ayude a las trabajadoras sexuales a integrarse más en la sociedad convencional.

“Si [tenemos] legalización, significa que tenemos una ley específica para afirmar que este tipo de trabajo [es] legal. Pero no queremos tener una ley específica “, opina Surang Janyam, fundador y director de SWING. “Si hay leyes específicas para las trabajadoras sexuales, deberíamos tener leyes específicas para cualquier ocupación. La despenalización [nos hará] igual a otras personas”.

Weitzer afirma que, ya sea a través de la legalización o de la despenalización, las probabilidades se inclinan contra el cambio de la situación legal del trabajo sexual. “La mayoría de los legisladores se oponen, y cada vez que se ha propuesto en el pasado, no creo que siquiera haya salido del comité”, remacha. El último impulso importante fue en 2003, cuando se debatió la legislación propuesta, pero no se aprobó.

La Junta del Comité Parlamentario para Jóvenes, Mujeres y otros grupos vulnerables no revisó la ley de Tunyawaj hasta noviembre de 2022. En ese momento, el comité recomendó transferirlo al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana de Tailandia. El proyecto de ley se revisará nuevamente en el próximo mandato del Gobierno, y Tunyawaj espera que el respaldo del Ministerio mejore sus posibilidades. El destino del proyecto de ley ahora está en manos del nuevo Gobierno, que será elegido en mayo.

Si es reelegido, Tunyawaj promete “seguir impulsando este proyecto de ley”. Su coalición está creciendo. Surachate afirma que lo principal que falta es la voluntad política. “El Gobierno puede resolver este asunto, si se lo toma en serio”, dijo.

Con información de Navaon Siradapuvadol.

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