El futuro de la UNRWA está en juego

La UNRWA, la agencia de la ONU encomendada de la protección y el bienestar de los refugiados de Palestina durante tres cuartos de siglo, siempre estuvo destinada a ser temporal. La conclusión de su mandato estaba prevista en el momento de su creación. La elección que tenemos hoy ante nosotros es si tirar por la borda una inversión de décadas en desarrollo y derechos humanos desmantelando caóticamente la agencia de la noche a la mañana, o seguir un proceso político ordenado en el que la UNRWA continúe proporcionando a millones de refugiados palestinos educación y asistencia sanitaria hasta que instituciones palestinas empoderadas se hagan cargo de estos servicios.

La agencia puede verse obligada a interrumpir su trabajo en el territorio palestino ocupado el próximo mes si se aplican las leyes aprobadas por el Parlamento israelí. Las leyes paralizarían la respuesta humanitaria en Gaza y privarían a millones de refugiados de Palestina de servicios esenciales en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. También eliminarían a un testigo que da fe de los innumerables horrores e injusticias que los palestinos han soportado durante décadas.

El descarado intento del Gobierno de Israel de frustrar la voluntad de la comunidad internacional —expresada a través de múltiples resoluciones de la ONU— y desmantelar por sí solo una agencia de Naciones Unidas ha motivado una condena pública y una indignación que, en gran medida, han acabado en inercia política. La falta de coraje político y de liderazgo basado en principios cuando más importa no es un buen augurio para nuestro sistema multilateral.

¿Qué está en juego? Para los refugiados de Palestina, su vida y su futuro. El impacto de impedir el acceso a la educación, la sanidad y otros servicios sociales será devastador y multigeneracional. La complicidad en este empeño erosiona no sólo nuestra humanidad, sino también la legitimidad de nuestro sistema multilateral. La ausencia casi total de sanciones políticas, económicas o jurídicas por violaciones flagrantes de las Convenciones de Ginebra, el desprecio absoluto por las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y el desafío abierto a las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia están convirtiendo en una burla el orden internacional basado en normas.

La guerra contra Gaza y los palestinos va acompañada de un ataque extraordinario contra quienes hablan o actúan en defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y las víctimas de una guerra bárbara. Trabajadores humanitarios con décadas de servicio a las poblaciones afectadas por la guerra son repentinamente etiquetados como terroristas o simpatizantes del terrorismo. Se intimida y acosa a quienes critican las políticas y acciones del Gobierno israelí. La propaganda incendiaria patrocinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí aparece ahora en vallas publicitarias en lugares privilegiados de Estados Unidos y Europa, complementada por anuncios de Google que promocionan sitios web repletos de desinformación. Se trata de esfuerzos bien financiados para distraer la atención de la brutalidad de una ocupación ilegal y de los crímenes internacionales que se cometen con total impunidad bajo nuestra mirada.

El Gobierno de Israel y sus afiliados justifican las acciones contra la UNRWA alegando que la agencia está infiltrada por Hamás, a pesar de que todas las acusaciones de las que se ha ofrecido alguna prueba han sido investigadas a fondo. Mientras tanto, Hamás acusa a la dirección de la UNRWA de connivencia con la ocupación israelí y se opone a los esfuerzos de la agencia por promover los derechos humanos y la igualdad de género. Lejos de ser una parte en el conflicto, la UNRWA es una víctima de esta guerra.

El objetivo de los esfuerzos para difamar y finalmente desmantelar la UNRWA es simple: eliminar el estatus de refugiado de los palestinos y cambiar, unilateralmente, los parámetros establecidos desde hace tiempo para una solución política al conflicto palestino-israelí. La persecución ciega de este objetivo ha pasado por alto el hecho de que el estatuto de refugiado de los palestinos no está vinculado a la UNRWA y está consagrado en una resolución de la Asamblea General que es anterior a la creación de la agencia.

Hoy, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. En una dirección, se halla un mundo en el que hemos renegado de nuestro compromiso de dar una respuesta política a la cuestión de Palestina. Es un mundo distópico, en el que Israel, como potencia ocupante, es el único responsable de la población del territorio palestino ocupado, posiblemente subcontratando la ocupación a actores privados que son aún menos responsables ante la comunidad internacional.

En otra dirección, se encuentra un mundo en el que los límites del orden basado en normas se mantienen firmes, y la cuestión palestina se resuelve por medios políticos. Este es el camino que persigue actualmente la Alianza Global para implementar la solución de los dos Estados, liderada por Arabia Saudí, la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes. Este esfuerzo, que reaviva la iniciativa de paz árabe, tiene por objeto establecer una vía irreversible hacia una solución de los dos Estados y desarrollar la capacidad de una Administración palestina que gobierne un futuro Estado de Palestina, incluida Gaza.

Este es el camino para el que se creó la UNRWA. A la espera de la creación de un Estado palestino, la agencia será fundamental para garantizar que los niños de Gaza no estén condenados a vivir entre los escombros, sin educación y sin esperanza. Ninguna otra entidad, salvo un Estado que funcione, puede proporcionar educación a cientos de miles de niños, y atención sanitaria primaria a millones de palestinos. En el marco de una solución política, la UNRWA puede concluir progresivamente su mandato, con sus profesores, médicos y enfermeras convirtiéndose en la mano de obra de instituciones palestinas capacitadas.

Todavía tenemos una oportunidad para evitar un futuro catastrófico en el que la potencia armamentística y la propaganda configuren el orden mundial, determinando dónde y cuándo se aplican los derechos humanos y el Estado de derecho, si es que se aplican. Las herramientas e instituciones necesarias para defender y reforzar nuestro sistema multilateral y el orden basado en normas existen y son adecuadas: sólo necesitamos encontrar el valor político para utilizarlas.