El tribunal de la ONU ordena a Israel detener “de inmediato” la ofensiva contra Rafah

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha ordenado este viernes a Israel que detenga de inmediato su ofensiva militar contra Rafah, en el sur de Gaza, y cualquier otra acción que pueda llevar a la destrucción total o parcial de los palestinos como grupo. Se trata de una nueva medida urgente adoptada a la vista de que la “catastrófica situación humanitaria” padecida ya por la población ha empeorado, según la decisión. Los jueces exigen también que Israel mantenga abierto el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Por último, piden al Gobierno de Benjamín Netanyahu que permita el acceso a Gaza a las comisiones de investigación enviadas por la ONU para que indaguen sobre las acusaciones de genocidio efectuadas en la demanda presentada por Sudáfrica en diciembre pasado. Israel deberá informar al tribunal en el plazo de un mes de la aplicación de todas estas medidas, que evitan, sin embargo, exigir el fin completo de la invasión de Gaza.

Para el tribunal, la situación en Rafah, con la intensificación de los bombardeos y las órdenes de evacuación forzosa, es “excepcionalmente grave” y la situación humanitaria “desastrosa”. Así, en la lectura pública de la decisión, el presidente del TIJ, Nawaf Salam, ha recordado que desde el reciente inicio de la operación militar en Rafah al menos 800.000 personas —la gran mayoría de los 1,2 millones que se agolpan en la zona— han tenido que dejar esa ciudad del sur del enclave, y que “la evacuación y otras medidas” aplicadas por Israel para asegurar la seguridad de los civiles “no son suficientes y presentan un riesgo inminente para la población”. Los magistrados incluso han afirmado que no han recibido “pruebas” de que el Gobierno israelí proporcione seguridad y garantías de acceso a unas condiciones humanitarias dignas a los desplazados.

La decisión de este viernes establece unas medidas cautelares de emergencia, y de gran calado, para proteger a los palestinos que se refugian en Rafah, la última zona que Israel aún no controla del todo. El TIJ, el organismo de la ONU que dirime conflictos entre Estados, exige detener la ofensiva o cualquier otra acción contra “los palestinos como grupo” que pueda “imponer condiciones vitales que lleven a su destrucción física en todo o en parte”. Salam ha recordado que Israel debe permitir que se investiguen “las alegaciones de genocidio” presentadas por Sudáfrica, que denunció la ofensiva sobre Gaza el pasado diciembre ante el tribunal. La convención internacional sobre el genocidio lo define como la “eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión o nacionalidad” y el tribunal deberá decidir si Israel la ha incumplido.

Horas después, la diplomacia israelí ha rechazado de nuevo las acusaciones de genocidio de Sudáfrica y las ha calificado de “falsas, indignantes y repugnantes”. En un comunicado conjunto, el Ministerio de Exteriores y la jefatura del Estado Mayor de Seguridad Nacional han defendido que la campaña en Rafah no ha “conducido ni conducirá a la destrucción de la población civil palestina”. Por su parte, el Gobierno de Sudáfrica ha calificado la orden del TIJ de “pionera, ya que es la primera en la que se hace una mención explícita para que Israel detenga su acción militar en cualquier zona de Gaza”.

Es la tercera vez que los jueces dictaminan en este caso desde que Sudáfrica presentara, en diciembre, la demanda contra Israel por posibles “actos genocidas” en la Franja. Pretoria ha alegado que puede ser “la última oportunidad” del tribunal para garantizar la supervivencia de los gazatíes.

Las disposiciones reclamadas este viernes por el TIJ son de emergencia por haberse intensificado los bombardeos de Israel —que no admite la competencia del tribunal para imponerle decisiones— en Rafah. El fondo del caso (si en Gaza se está cometiendo o no genocidio) no se aborda por ahora. En esa última fase, que puede tardar varios años en resolverse, deberá sustanciarse si se ha producido, como alega Sudáfrica, ese crimen, el peor de los que denuncia en virtud de la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) firmada por ambos países.

Pretoria sostiene que la legítima defensa de Israel contra los ataques de Hamás no puede traducirse en una violencia sin freno contra los civiles. Desde que comenzó la ofensiva israelí, a partir de los ataques de Hamás del 7 de octubre, la cifra de muertos en Gaza asciende a 35.800 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por el movimiento islamista.

Según Tembeka Ngcukaitobi, uno de los delegados de Sudáfrica ante el TIJ, la campaña militar israelí no solo ha provocado hambre y destruido viviendas e infraestructuras. “La intención de Israel ha sido destruir la vida de los palestinos y Rafah es la última parada”, sostiene. Al abordar el caso hace unos meses, el tribunal ya concluyó que existía un riesgo de daño irreparable al derecho de los palestinos a ser protegidos de un genocidio. Por ello, el pasado 26 de enero, exigió primero a Israel la adopción de las medidas necesarias para impedir actos de esta clase, y que permitiese la entrega de ayuda humanitaria esencial para los palestinos. El 28 de marzo, en una segunda ronda de medidas cautelares ampliadas, reclamó de nuevo que el Gobierno de Netanyahu evitase la hambruna en la Franja, atendiese las necesidades de la población y no vulnerara sus derechos.

El Gobierno israelí responde que solo lanzó su ataque después de que Hamás irrumpiera en su territorio el pasado 7 de octubre matando a 1.200 personas y tomando a más de 250 como rehenes, según su recuento. Netanyahu rechaza, por otro lado, cualquier acusación de genocidio, y uno de sus portavoces, Avi Hyman, señaló este jueves que “ningún poder sobre la Tierra impedirá a Israel proteger a sus ciudadanos y perseguir a Hamás en Gaza”.

El TIJ carece de poder coercitivo, pero su orden obstaculiza la capacidad de Israel para proseguir como hasta ahora en Gaza. Esta institución es la máxima instancia judicial de la ONU y cabe también la posibilidad de que el Consejo de Seguridad, el órgano de control, vuelva a pronunciarse sobre esta guerra. Ya lo hizo en marzo pasado pidiendo un alto el fuego en Gaza después de que Estados Unidos no vetase la iniciativa. También se pidió la liberación inmediata e incondicional de los rehenes en manos de Hamás. Fue la primera vez que el Consejo hacía un llamamiento de estas características desde el inicio de la guerra en octubre. En estos momentos, la presión diplomática sobre Israel para que ponga fin a las hostilidades es mayor incluso. España, Irlanda y Noruega han anunciado que reconocerán al Estado Palestino la próxima semana. Aunque Palestina solo es un Estado observador en el seno de Naciones Unidas, ya la reconocen al menos 140 países del mundo.

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