El Parlamento de Israel prohíbe las actividades de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

El Parlamento de Israel (Kneset) ha aprobado con 92 votos a favor y 10 en contra una ley que prohíbe en el país las actividades de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, según sus siglas en inglés) a la que el Gobierno acusa de “terrorismo” y de ser aliada de Hamás. Se trata del principal organismo que atiende a los palestinos a nivel humanitario, algo que se ha ido haciendo cada vez más necesario según avanzaba la actual guerra, en la que han muerto en Gaza 220 empleados de la agencia durante la operación militar israelí.

El Gobierno israelí, que mantiene una campaña contra la UNRWA desde hace meses, según denuncian sus responsables, no ha planteado, sin embargo, ninguna alternativa que pueda sustituir la labor de esta institución que cuenta con 13.000 empleados en la Franja, donde han muerto en la guerra que comenzó hace ya más de un año más de 43.000 personas.

El Parlamento votó este lunes, y aprobó de manera muy holgada con sufragios de la coalición de gobierno y la oposición, dos proyectos de ley. Uno para poner fin a las actividades de la agencia en Israel y, de facto, también en la Palestina ocupada. Y otro, por 87 a favor y 9 en contra, para acabar con las exenciones otorgadas a la agencia, entre ellas las fiscales, y su estatus de inmunidad. La ley le otorga a Israel tres meses para buscar la manera de suplir esas funciones. Ambas normas han salido adelante en medio de una agria sesión durante la que cientos de personas se han manifestado fuera de la sede parlamentaria contra las iniciativas finalmente sacadas adelante.

Se trata de una medida sin precedentes en forma de “castigo colectivo” contra los palestinos, además de ir contra la Carta de las Naciones Unidas y violar las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, según un comunicado del jefe de la agencia, Philippe Lazzarini. “Este es el último paso de una campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios a nivel humanitario a los refugiados palestinos”, agrega. Las dos leyes ponen en peligro, entre otras cosas, la educación de 650.000 niños, pero no van a conseguir acabar con la condición de refugiados, aclara, que depende de la Asamblea General de la ONU.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señala que los empleados de la agencia implicados en “actos terroristas” deberán rendir cuentas, según un comunicado. Afirma asimismo que va a tratar, en ese plazo de tres meses, buscar colaboración internacional para afrontar la crisis humanitaria en la Franja. La propia ONU y las organizaciones humanitarias desplegadas en el enclave palestino culpan al bloqueo israelí de esas crisis que mantiene a la población sin apenas acceso a agua, alimentos, medicinas o refugio.

Críticas de Occidente

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, considera “una línea roja” el asunto de la UNRWA y los refugiados, según un comunicado de la agencia oficial palestina Wafa. El movimiento previsto por las autoridades israelíes ya había sido criticado de manera conjunta a través de los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur.

Estas leyes suponen “una grave amenaza” para Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y “violan varias obligaciones del derecho internacional” y “las medidas provisionales del Tribunal Penal Internacional en el caso de genocidio”, señala la ONG israelí de derechos humanos Adalah, que ha enviado una carta alertando de ello al fiscal general y al Parlamento sin conseguir frenar la iniciativa. Lo aprobado este lunes significa “un intento deliberado de despojar a más de 2,5 millones de refugiados palestinos de su estatus y de su derecho al retorno”, denuncian en un comunicado en el que destacan que los más afectados por las nuevas medidas serán los gazatíes.

En la advertencia más seria lanzada a su aliado en toda la guerra, Estados Unidos envió a mediados de octubre una carta al Gobierno de Israel en la que le daba un mes de plazo para que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza si quería seguir recibiendo apoyo armamentístico para un conflicto que ha causado ya la muerte a más de 43.000 personas en la Franja. La misiva también expresaba su preocupación por la campaña israelí para acabar con la UNRWA.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos opera desde 1950, tras la guerra que llevó al nacimiento del Estado de Israel en 1948, con el desplazamiento forzoso y la expulsión de sus tierras de cientos de miles de habitantes de la Palestina histórica. Esta entidad es el principal organismo de los que atiende a la población más golpeada por la actual contienda, la de Gaza, sacudida por la decisión israelí de impedir que llegue al enclave palestino lo esencial para la vida diaria como alimentos, agua, medicinas y otros muchos productos básicos.

De forma paralela, Israel lleva a cabo lo que los responsables de la ONU consideran una campaña de acoso y desprestigio que propugna la desaparición de esta institución a la que acusa de “terrorismo” y de participar junto a Hamás en la matanza que costó la vida a unas 1.200 personas el 7 de octubre de 2023. La última vez que el Estado israelí ha lanzado una acusación de ese tipo fue la semana pasada. El ejército confirmó haber matado en Gaza a Mohamed Abu Attawi, al que responsabiliza de pertenecer al cuerpo de élite de Hamás y jugar un papel importante en aquel ataque, además de ser empleado de la agencia de la ONU. Un portavoz de la UNRWA señaló que con anterioridad habían solicitado más información a Israel para poder tomar medidas contra él y que no la recibieron.

La aviación israelí ha matado a cientos de personas en sus bombardeos sobre escuelas de la UNRWA en la Franja, convertidas en refugio de miles de desplazados. De forma sistemática, el ejército afirma que esas instalaciones acogen centros de mandos de Hamás o con lugares desde los que se preparan o se llevan a cabo ataques.

La agencia tuvo que cerrar en mayo sus oficinas en Jerusalén Este tras un incendio intencionado que tuvo lugar después de numerosos actos violentos a lo largo de meses por parte de ciudadanos israelíes. “No hay sitio para el enemigo en nuestra ciudad santa”, escribió el vicealcalde de la ciudad, Arieh King, en su perfil de la red social X (ante Twitter). King es señalado por Naciones Unidas como el instigador de los ataques y amenazas, incluso en ocasiones con armas de fuego de por medio.

La UNRWA mantiene un total de 33.000 empleados, de los que 13.000 se encuentran en Gaza y 3.700 en la Cisjordania ocupada. Operan, además, en Jerusalén Este, Siria, Líbano y Jordania, donde siguen instalados miles de refugiados palestinos. Lazzarini denunció el mes pasado tras el asesinato de seis de los trabajadores en un bombardeo israelí sobre una escuela de la ONU, “matanzas sin fin y sin sentido, día tras día”. Al tiempo, recordaba que esos empleados estaban brindando “apoyo a las familias que habían buscado refugio en la escuela”. “El personal humanitario, las instalaciones y las operaciones han sido ignorados de manera flagrante e incesante desde el comienzo de la guerra”, añadió Lazzarini.