La campaña de acoso y desprestigio pone en riesgo el trabajo de la agencia de la ONU para los palestinos

Un grupo de operarios recoge la basura mientras el bullicio de un patio de colegio se eleva por encima de la verja junto a un centro de salud del que entran y salen sobre todo mujeres con niños. Nada de lo que ocurre en esa escena de la vida cotidiana del campamento de Aida (Cisjordania) sería posible sin la presencia de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA). “Todo en este centro de salud, desde la limpiadora hasta el médico jefe, son empleados [de la agencia]. Lo mismo con el sistema educativo. El guardia, la limpiadora, la maestra de segundo grado, la maestra de octavo grado… todos son personal nuestro”, explica Adam Bouloukos, jefe de la agencia en Cisjordania, durante una visita a Aida a finales de febrero. Bouloukos hace hincapié en la necesidad de una institución nacida hace casi 75 años, que atiende a casi seis millones de refugiados y que se enfrenta a una campaña de desprestigio de Israel a la sombra de la guerra en Gaza.

Esta agencia, que opera en Palestina —Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza— y en Líbano, Siria y Jordania, lleva semanas en el ojo del huracán acusada por Israel de formar parte del entramado terrorista de Hamás. Como consecuencia de esa campaña, en un momento crítico de la contienda desatada tras los ataques del pasado 7 de octubre, 16 países donantes han dado un paso atrás. Se han congelado más de 400 millones de euros, lo que pone en peligro el funcionamiento de una institución que supone el principal sustento de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. España anunció el jueves una donación extraordinaria de 20 millones, y Canadá y Suecia informaron el sábado de que volverían a financiar las operaciones de la agencia.

Naciones Unidas ha abierto una investigación mientras que la UNRWA se defiende de las acusaciones y denuncia que Israel torturó a algunos de sus empleados para forzar falsos testimonios. Israel señaló primero a 12 de sus 33.000 trabajadores, que fueron expulsados. Posteriormente, amplió el número a 450, que supuestamente formarían parte de grupos islamistas palestinos. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, asegura que no ha recibido evidencias de ello. “No es solo Gaza la que se ve afectada por las acusaciones de los 12, es toda la organización”, reconoce Bouloukos, que describe cómo el ataque de Israel y la reducción de donaciones se extiende como una mancha de aceite imparable más allá de la Franja.

“El conflicto y la ocupación son parte de la vida de todos, sin importar qué hagas o dónde te encuentres en Cisjordania. No hay palestino que no esté afectado de alguna manera por la ocupación”, describe. Israel no puede pretender que UNRWA controle a cada uno de sus 33.0000 trabajadores, de los que 3.700 están en Cisjordania y 13.000 en Gaza, añade. Todos ellos, asegura Bouloukos, siguen recibiendo puntualmente su salario pese al colapso económico, algo que no pueden decir muchos funcionarios de la Administración palestina. Mientras, solo en la Franja, han muerto 150 empleados en la presente guerra y 3.000 se han quedado sin casa. “Tenemos una política de tolerancia cero con las violaciones de la neutralidad, pero no tenemos un entorno de riesgo cero”, concluye el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Cisjordania.

Objetivo de los militares

El “acoso” contra los empleados de la agencia es casi sistemático como consecuencia de la guerra en Gaza, denuncia mientras describe casos como el de dos empleados a los que recientemente militares israelíes pararon en una carretera de Cisjordania mientras gritaban “¡UNRWA, Hamás! ¡UNRWA, Hamás!”. “Los detuvieron, los sacaron del coche, los esposaron, los tiraron al suelo con los ojos vendados y los golpearon”, detalla Bouloukos, que lamenta que la agencia es “objetivo” directo de los militares.

Esa es solo una de las pruebas de la “escalada” de la violencia en Cisjordania que ha traído la contienda, lo que llevó a que en 2023 se batiera el récord de muertes, por encima de 500, más del triple que en 2022, denuncia Bouloukos. Muchas de las 12.000 incursiones llevadas a cabo el año pasado por el ejército israelí en Cisjordania, donde “tiene acceso hasta a la última esquina”, tuvieron como escenario los campos de refugiados. Boulokos describe lo que la UNRWA considera una “nueva estrategia” de las Fuerzas Armadas de Israel para arrasar las infraestructuras de los campos de refugiados, viviendas, carreteras, calles o saneamiento, bajo la coyuntura bélica. La detención de una persona que vive en una casa de varias plantas supone la destrucción con frecuencia de la residencia para 50 o 60 personas, “como un terremoto”, detalla el máximo responsable de la UNRWA en Cisjordania.

Esta es la estrategia imperante desde el 7 de octubre y de ella forman también parte los colonos, denuncia Bouloukos refiriéndose a los judíos más violentos del medio millón que vive instalado en territorio palestino. Calcula que unas 4.000 personas pertenecientes a un millar de familias han sido desplazadas de su lugar de residencia y unos 10.000 olivos destruidos, lo que eso significa una “tragedia” no solo para la economía, sino también para el modo de vida palestino, muy apegado a este cultivo. A ello hay que unir la denegación del permiso de trabajo por parte de las autoridades de Israel a más de 200.000 personas de Cisjordania en represalia por la guerra. “Así que tienes una población masculina joven desempleada, sin dinero en los bolsillos y sin nada que hacer. Esta es una mala receta, ¿no?”, se pregunta Adam Bouloukos. Y como consecuencia, añade, algo para él “nuevo”, como son los asaltos y robos en tiendas por la ausencia de dinero.

Los más de 8.000 habitantes del campamento de Aida son descendientes de los 2.500 que fueron expulsados de sus localidades en la Palestina histórica y reinstalados en tiendas de campaña en esta pequeña parcela a las afueras de Belén, coincidiendo con la fundación del Estado de Israel en 1948. Con los años, la densidad de población se ha disparado por encima de los 100.000 habitantes por kilómetro cuadrado. A la salida de las instalaciones sanitarias, Duaa, de 30 años, y su hijo, Mohamed, de tres, representan esas nuevas generaciones de refugiados que se van sedimentando en el mismo territorio ancladas al deseo de volver al sitio de donde fueron arrancados sus ancestros.

De hecho, el arco de entrada al campo de refugiados es una gran cerradura coronada por una llave de varios metros que recuerda a todos en cada instante el sueño del retorno. Mientras tanto, en estos campos de desplazados, que crecen en el espacio asignado sin plan alguno de urbanización, tratan de lidiar con problemas corrientes como disponer de agua potable y saneamiento en medio de un índice de pobreza superior a otros lugares de Palestina. Unos 300.000 refugiados, alrededor de un tercio de todos los que habitan en Cisjordania, viven en un total de 19 campamentos. La UNRWA mantiene escolarizados a 46.000 niños solo en Cisjordania.

“Nosotros no somos responsables de administrar el campamento, UNRWA únicamente presta servicios”, aclara Amjad Abu Laban, uno de los empleados de la agencia en Aida. Pero, pasados los años, estos lugares siguen siendo foco de continuos problemas no solo por la baja calidad de vida, sino, básicamente, por la violencia que genera la ocupación. Aida, con militares apostados a escasos metros, es uno de los lugares que con más frecuencia es asaltado por las tropas israelíes.

Se trata de uno de los 19 campos de refugiados de Cisjordania, ocupa 70.000 metros cuadrados, el equivalente a unos siete campos de fútbol. Con los años, la lona de las tiendas se fue tornando en ladrillo y, una vez que el crecimiento horizontal fue imposible, las viviendas empezaron a ganar pisos de manera desordenada y sin control. “Nadie” supervisa las obras, reconoce Amjad Abu Laban, al pie de una casa a la que le están añadiendo una planta. Por muchos de los estrechos callejones no caben los vehículos, con lo que evacuar a personas es complicado. Laban no quiere ni pensar en un incendio o un terremoto. Un muro de hormigón de una decena de metros levantado por Israel aísla a los vecinos y separa Aida de los dominios de la ciudad de Jerusalén. Desde la azotea del centro de salud, levantado en 2020 por la UNRWA, asoman por detrás de la fortaleza las casas de distintos asentamientos judíos, ilegales para la comunidad internacional.

A pie de calle, decenas de niños salen a la carrera del colegio con la mochila dando saltos en su espalda. Pasan por delante del mural pintado en una pared con el rostro del adolescente Mohamed Azeha, muerto por disparos de militares israelíes el pasado noviembre.

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