La exconsejera de Mazón imputada en la dana dice ser “una cabeza de turco”

La máxima autoridad de Emergencias de la Generalitat, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, se presenta como una “cabeza de turco” en la causa penal que indaga la muerte de 225 personas y la desaparición de otras tres a consecuencia de las inundaciones del pasado 29 de octubre en Valencia. El abogado de la ex alto cargo, que está investigada por homicidios y lesiones imprudentes, se refiere así a su cliente en un recurso de apelación al que ha tenido acceso EL PAÍS. La defensa de la exconsejera ha presentado este documento contra el auto de imputación de Pradas y de quien fuera su número dos en Emergencias, Emilio Argüeso.

En palabras del letrado de Pradas, el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, la exdirigente arremete contra una de las piedras angulares de la investigación que desarrolla la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga penalmente la gota fría, Nuria Ruiz Tobarra. La magistrada vincula las muertes con el envío tardío de la alerta a móviles, que llegó a las 20.11 horas de la aciaga jornada, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en garajes y plantas bajas en algunos de los 78 municipios asolados. “No es admisible centrar la cuestión en la falta, o mejor en el retraso, del aviso de ES Alert, ya que la cuestión es mucho más compleja”, valora el letrado.

El sistema de envío de alertas a móviles ha perseguido a Pradas. La exconsejera reconoció en una entrevista que desconocía este mecanismo hasta poco antes de recurrir a él, aunque luego se desdijo en un tuit y aseguró que “por supuesto” sabía de su existencia, pero que no se había usado nunca. La propia Generalitat lo había presentado en público.

La defensa de la exconsejera cree ahora que señalar a Pradas como máxima responsable de la mayor catástrofe natural que ha arrasado Valencia tiene como objetivo “atribuirle la responsabilidad penal por los fallecimientos”. Y esgrime que culpar de homicidios imprudentes a su cliente no puede ceñirse “exclusivamente al hecho de que se forme parte de una estructura administrativa”. Las decisiones durante la riada, sostiene la defensa, carecen de “reproche penal” y deberían investigarse por la vía contencioso-administrativa. “La vía penal solo conduce a la consiguiente frustración de las víctimas, muchas de ellas, posiblemente, ni siquiera alcanzarán a ver el final de ese incierto camino”, recoge el recurso.

Pese a reconocer la “magnitud impresionante” de las inundaciones, que dejaron 360.000 víctimas, 11.242 viviendas y 141.000 vehículos destrozados, el abogado de Pradas sostiene que la indagación y depuración de responsabilidades de la dana “se encuentra en el ámbito político”. Y cita como ejemplos de foros de debate para desgranar la tragedia las comisiones de investigación sobre la catástrofe del Congreso, el Senado y las Cortes Valencianas. “En el ámbito jurídico, consideramos que debe acordarse la clausura del presente documento lo antes posible”, concluye la defensa.

Ausencia de protocolos de Emergencias

La exconsejera del Gobierno de Carlos Mazón, a través de su abogado, reconoce que “no estaba protocolizado ni implementado en los planes de Emergencia” la colaboración con el 112- el servicio de atención telefónica de la Generalitat- y las autoridades de protección civil. Y tampoco la información sobre el desbordamiento de las cuencas a transmitir al Cecopi, el dispositivo de emergencias autonómico.

El abogado dice desconocer “qué norma reglamentaria” ha incumplido Pradas -que fue destituida por Mazón cuatro semanas después de la catástrofe- y destaca que, durante la gestión de las inundaciones, “existía toda una montaña normativa necesitada de protocolos también inexistentes en el momento de ocurrencia de los hechos”. La defensa califica esta ausencia de regulación de “algo disparatado”.

La exconsejera también cuestiona su calificación por parte de la jueza como “máxima autoridad” en la crisis y defiende que existía “la codirección” con la Delegación del Gobierno, pese a que la magistrada ha destacado en varios autos que la responsabilidad de la gestión de la riada “fue autonómica” y se negó a imputar a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, a petición de la asociación ultra Hazte Oír.

En su escrito de apelación, Pradas atribuye responsabilidades en la dana a organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio de Transición Ecológica. “El origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad, no fueron tanto las lluvias, sino la inexistencia de las obras de encauzamiento que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo”, apunta la exconsejera, que se refiere a actuaciones no ejecutadas en 2005 en el municipio valenciano de Cheste.

El letrado De Urbano, un especialista en delincuencia económica que presidió la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999), insiste en que, junto a su cliente, “no cabe atribuir responsabilidad penal por las muertes de las víctimas de esta dana [...] a personal técnico o político concreto”. Y achaca la culpa de la tragedia “al funcionamiento de las tres administraciones”.

La defensa aprovecha el recurso de apelación para pedir el archivo de la causa. Y carga contra las pesquisas, que suman 13 tomos y las declaraciones de más de un centenar de testigos, la mayoría familiares de víctimas. “Cuando, tras meses de instrucción, por cierto, sin dar conocimiento ni haber permitido la participación de las personas de quienes ahora se considera sujetos a investigar, se está en condiciones de saber, sin más trámites, que nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos”. Según el letrado de Pradas, la catástrofe fue un fenómeno “de imposible previsión”.

Un exalto cargo de Mazón sugiere que se impute al jefe del 112

Junto a Pradas, quien fuera su número dos, el secretario autonómico de Emergencias durante la riada, Emilio Argüeso, también ha recurrido su auto de imputación. Según su letrado, José María Bueno Manzanares, este exalto cargo de la Generalitat “no tuvo que ver” con las inundaciones. Y se pregunta por qué la jueza Ruiz Tobarra ha citado a declarar como imputado a su defendido y no al responsable del 112, la centralita telefónica de emergencias que, a partir de las 16.40 horas del 29 de octubre, recibió cientos de llamadas alertando del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. “El 112 no llegó a enviar mensaje alguno al Cecopi en toda la tarde noche”, recoge el recurso notificado este lunes a las partes.

“Mi cliente no tenía competencia orgánica o funcional para decidir”, apunta la defensa de Argüeso, que sostiene que el ex número dos de Emergencias carecía de capacidad para enviar el mensaje para alertar a las víctimas de la magnitud de la tragedia, un punto sobre el que la magistrada ha situado el foco de sus pesquisas.

La instructora imputó a Pradas y Argüeso el pasado 10 de marzo por homicidios (castigado con entre uno y cuatro años de prisión) y lesiones imprudentes (hasta tres de cárcel) en un auto que abría también la puerta a declarar de forma voluntaria como investigado a Mazón y que el president rechazó. La citación como imputado del jefe del Consell tendría que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la jueza.

La magistrada consideró entonces a Pradas como “máxima autoridad” en la adopción de “medidas de autoprotección de la población” y, en recientes resoluciones, ha calificado su comparecencia judicial de “imprescindible”.

La instructora, tras rechazar las querellas de Hazte Oír -que reclamaba la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana- ha decidido devolver a esta asociación la fianza de 6.000 euros que depositó para personarse en la causa como acusación popular. En la actualidad, las acusaciones populares son Acció Cultural, Vox, Podemos, el PSPV-PSOE y Ciudadanos. La jueza ha solicitado este lunes a esta última formación una fianza de 6.000 euros para formar parte del procedimiento formalmente.