Salomé Pradas, la exconsejera marcada por la dana que amaga con contar “toda la verdad”

Cuando salió en la televisión valenciana el 7 de noviembre contando que desconocía la existencia del mensaje para alertar a la ciudadanía de la dana hasta poco antes de enviarlo, Salomé Pradas quedó sentenciada. Además de su muy cuestionada gestión, que le costaría ser imputada cuatro meses después por la jueza instructora de Catarroja, la consejera de Justicia e Interior, responsable de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre, cuando las inundaciones se cobraron la vida de 228 personas, transmitió una imagen insostenible, de frivolidad, ignorancia o desistimiento, en mitad de la mayor catástrofe natural que se recuerda en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, esta abogada de 46 años, casada con un respetado oficial de la policía local de Castellón, tiene una imagen más poliédrica en su ciudad, donde fue concejal del Ayuntamiento (2015-2019), o en el Senado (2015-2023), en el que se consolidó discretamente en su segunda legislatura con varios cargos auspiciada por su fidelidad a la cúpula del PP de entonces, formada por Pablo Casado y Teodoro García, presidente y secretario general, respectivamente.

La mayoría de la media docena de testimonios de personas que la han tratado y se han prestado a hablar bajo el anonimato destacan la capacidad de trabajo de la persona más señalada en la dana. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, la destituyó a las cuatro semanas de las inundaciones y ha descargado sobre ella la responsabilidad del día de autos al lavarse las manos y afirmar que no estaba presente en la toma de decisiones. Pradas concita toda la atención y más aún cuando anunció que contará a la magistrada “toda la verdad”.

“Se habrá equivocado y tendrá que pagar por ello, pero me sorprende un poco todo, porque es una persona muy trabajadora, seria y rigurosa, con la que se podía dialogar y llegar a acuerdos. Está muy jodida, igual que su marido”, apunta un antiguo rival político de su ciudad. “Es muy currita, eso es verdad, pero también es muy poco consistente y una persona muy estirada”, dice otro testimonio de izquierdas. “Trabajadora, sí, también para abrirse camino para sí misma en la política ”, dice una fuente de su partido.

Cuando se pregunta a las víctimas por la gestión de la tragedia, existe un consenso para describir el papel que jugó la exconsejera: “Nefasto”. “La catástrofe le vino grande. Se comportó como una incompetente”, opina Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia (300 miembros), que ha presentado la querella que fraguó esta semana en la imputación de Pradas y del que fuera su segundo en Emergencias, Emilio Argüeso. “Tenía información de lo que estaba pasando y no hizo nada”, añade Manuel Mata, exdirigente socialista y abogado de la acusación popular de Acció Cultural. “Su actuación fue negligente y criminal”, valora María Teresa Pérez, coordinadora valenciana de Podemos, que también ejerce la acusación popular. La exconsejera ha declinado atender a EL PAÍS.

Pradas ha hecho gala en entrevistas de su experiencia laboral en su pequeño bufete especializado en mercantil del Villareal, donde trabajó más de una década (también fue profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló, donde estudió), antes de entrar en política, a diferencia de otros muchos dirigentes. “Es muy querida. Tiene un estándar ético muy bueno”, defiende el decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, que reconoce mantener una buena relación personal con la exconsejera, que tiene intención de volver a su profesión. Y, en ese clima de confianza, Pradas le ha confesado que el pasado 29 de octubre “hizo lo que tenía que hacer”, como ha dicho también públicamente. En privado, la exresponsable de Emergencias no carga las tintas contra el presidente de la Generalitat, asegura su amigo.

El contenido de las cinco llamadas que la exconsejera mantuvo con Mazón, según ha desvelado el propio jefe del Consell, entre las 17.37 y las 20.00 horas el día del temporal, es otra de las grandes incógnitas que deja la tragedia. La primera de estas comunicaciones entre ambos fue a las 17.37 horas, cuando se inundaba la provincia de Valencia y, supuestamente, el president había concluido su comida con una periodista en un céntrico restaurante de Valencia.

Junto al retraso de la alerta, Pradas deberá aclarar a la jueza cómo es posible que la Generalitat, que conocía de primera mano rescates de víctimas desde la mañana del 29 de octubre a través del 112 –el servicio telefónico de Emergencias- no avisara antes a la población de la magnitud de la mayor catástrofe que ha arrasado Valencia.

Varias fuentes consultadas coinciden en que la abogada es una mujer de partido, que difícilmente tirará de la manta para incriminar, por ejemplo, a Mazón. De momento, Pradas ha manifestado que ella actuó siguiendo el criterio de los técnicos, lo que puede marcar su línea de defensa, junto a la supuesta falta de información del temporal y de las inundaciones por parte de las agencias estatales. Esta semana, la exdirigente envió un comunicado con sus últimas palabras antes de declarar en el juzgado, según anunció: “Siempre estaré en disposición de poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia de la catástrofe natural, la verdad de unas horas y unos días en los que me mantuve desde el primer minuto hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían según la normativa aplicable”.

“Es una mujer de partido, pero ya veremos si se le complica todo. En Valencia tenemos ejemplos”,apunta una fuente próxima al PP. Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Eduardo Zaplana y uno de sus testaferros, y Juan Francisco García, el que fuera su hombre de confianza en la presidencia de la Generalitat, confesaron a cambio de una rebaja de sus penas. A Zaplana le han condenado a 10 años de cárcel por diversos delitos de corrupción.

Zaplana fue el que le abrió la puerta de la política a Mazón al nombrarlo en 1999 director del Instituto Valenciano de la Juventud con 25 años. Pradas entró mucho más tarde, en un momento en que el PP valenciano tenía que alejarse de la larga mancha de la corrupción. En Castellón, esta adquiría el nombre del otrora todopoderoso Carlos Fabra, expresidente de la diputación. Pradas, joven profesional liberal, sin hijos, con buena imagen, cuota de Castellón, se subió al bando de otro Fabra, Alberto, que asumió la presidencia de la Generalitat tras el procesamiento de Francisco Camps por el caso de los trajes, del que salió exculpado. Fue nombrada directora general de Medio Natural en la Consejería de Infraestructuras, dirigida por Isabel Bonig, que en 2015 se convertiría en la líder del PP de la Comunidad Valenciana.

Cuando llegó el momento, no obstante, Pradas apostó por Mazón, el candadito elegido por Casado para descabalgar de la presidencia a Bonig, amiga personal de Alberto Núñez Feijóo, que acabaría después al frente del partido. Mazón la nombró consejera primero de Medio Ambiente y después de Interior, una vez Vox salió de los gobiernos autonómicos y dejó el departamento de Emergencias. La asunción política de esta última competencia le ha llevado ahora a ser investigada judicialmente.

Pradas ha fichado para su defensa en la causa de la dana, que indaga homicidios y lesiones imprudentes en unas diligencias que se prevén largas y alambicadas, al magistrado en excedencia Eduardo de Urbano. Especializado en delincuencia económica, este juez se hizo célebre en 2021 por avalar desde la Audiencia Provincial de Madrid como ponente de un auto un cartel racista de Vox contra los menores inmigrantes que fue considerado por los partidos de izquierda “xenófobo y racista”. De Urbano ha declinado atender a este diario.