El tribunal de la ONU considera que los asentamientos de Israel en Palestina “violan el derecho internacional”

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha declarado este viernes que el control ejercido por Israel en los territorios palestinos ocupados ―Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este― “viola las leyes internacionales”. En particular, en el caso de la explotación de los recursos naturales y la política de asentamientos de colonos. Según los jueces, todo ello “equivale a una anexión permanente que impide la autodeterminación de los palestinos”. La corte de la ONU, con sede en La Haya (Países Bajos), ha denunciado que ha habido “discriminación y segregación”.

También ha instado al Gobierno israelí a cesar la actividad colonizadora, así como a reparar el daño causado por la ocupación. El tribunal ha transmitido a Israel que debe “detener los asentamientos y evacuar a los colonos”, más de medio millón, y ha instado a todos los Estados “a no reconocer como legal la presencia israelí en los territorios ocupados”. Además, el TIJ ha pedido a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tomen decisiones “para poner fin a esta situación”.

La opinión consultiva emitida por el TIJ sobre “las consecuencias jurídicas” de las casi seis décadas de control israelí en “el territorio palestino ocupado desde 1967″ no es vinculante. Sin embargo, supone un pronunciamiento de peso que puede contribuir a que la comunidad internacional presione a Israel en la búsqueda de una solución en la forma de dos Estados.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reaccionado de inmediato al dictamen defendiendo que el pueblo judío no puede ser calificado de ocupante en lo que considera su tierra histórica. “Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica”, ha defendido, “no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria”, según un comunicado de su oficina.

El caso que ha resuelto el TIJ es anterior a la guerra actual en Gaza, y llegó al tribunal en 2022 a instancias de la Asamblea General de la ONU. Nawaf Salam, presidente del TIJ, ha dicho que “las restricciones de movimiento impuestas por Israel a los palestinos, y la demolición de sus casas, constituyen actos de discriminación sistemática”. También ha dicho que, debido a ello, los palestinos no pueden ejercer sus derechos. “La ocupación no puede utilizarse como un hecho permanente”.

Para formar su opinión, el tribunal ha tenido que revisar los términos de “la ocupación, asentamientos y anexión de los Territorios Palestinos, junto con las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y la adopción [por parte de Israel] de legislación y medidas discriminatorias conexas”, según la petición de la Asamblea General. Para el Estado judío no se trata de zonas ocupadas desde el punto de vista legal, ya que las denomina “territorios en disputa”.

En febrero pasado, una cincuentena de países miembros de Naciones Unidas presentaron alegaciones en este caso pidiendo al TIJ que declarase ilegal la ocupación. Algunos citaron al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa el cumplimiento de la Convención de la ONU destinada a prevenirlo, y que en su artículo 3 incluye el apartheid.

Los jueces han observado que la separación impuesta por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este entre colonos israelíes y ciudadanos palestinos, “vulnera esa disposición”. Riad Mansour, representante palestino en la ONU, aseguró ante el tribunal que su decisión contribuiría “a poner fin a la ocupación de inmediato, allanando el camino hacia una paz justa y duradera”. Israel no participó en las audiencias, pero envió una declaración de cinco páginas, publicada por el tribunal, calificando la opinión consultiva de “perjudicial” para resolver el conflicto.

Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ―las zonas que Palestina reclama para su Estado― durante la guerra de 1967. Desde entonces, ha ido construyendo y ampliando asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. En 2004, el propio TIJ declaró “contrario al derecho internacional” el muro de separación israelí en la mayor parte de Cisjordania. También exigió que fuera destruido y se indemnizara a las familias afectadas. Al tratarse, como ahora, de un dictamen no vinculante, Israel dijo que no lo aceptaba.

La suerte de los territorios ocupados es un expediente distinto al presentado por Sudáfrica ante el TIJ tres meses después del inicio de la guerra en Gaza, desatada tras del asalto perpetrado por Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, dejando 1.200 muertos y 250 rehenes, entre civiles y militares. Hasta la fecha, han muerto casi 39.700 palestinos por ataques de Israel, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Sudáfrica argumenta que Israel tiene “intención genocida” contra la población palestina, e invoca la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), de la que ambos forman parte y que deben respetar. Desde entonces, el TIJ ha ordenado tres rondas de medidas cautelares ―de obligado cumplimiento― para evitar posibles actos de genocidio contra la población palestina, incluida la hambruna.

No ha supuesto ninguna sorpresa que Netanyahu haya encabezado el rechazo expresado por las autoridades de Israel al anuncio del TIJ. Ministros y políticos de distinto signo se han unido a las críticas, mientras en Cisjordania, los colonos judíos han seguido llevando a cabo este mismo viernes ataques contra propiedades y campos palestinos sin que las tropas de ocupación israelíes lo impidan.

Netanyahu ha abundado en su reacción de rechazo: “El pueblo judío no es ocupante en su propia tierra, ni siquiera en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en Judea y Samaria [como se refieren a Cisjordania], nuestra patria histórica”, ha comentado. “Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades de nuestro hogar ancestral”, ha añadido.

Los ultranacionalistas Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Finanzas, se han apresurado a reclamar la anexión de importantes zonas de Cisjordania como respuesta al tribunal de la ONU. En dirección contraria a la mayoría del espectro político, la ONG israelí Peace Now ha emitido un comunicado en el que afirma: “Es hora de darnos cuenta de que debemos poner fin a la ocupación”.

Para el reconocido opositor Benny Gant, el dictamen del TIJ “es un testimonio más de la injerencia externa que no solo es contraproducente para la seguridad y la estabilidad regionales y pasa por alto la masacre del 7 de octubre y el terror de Judea y Samaria, sino que sirve como otro ejemplo de la ‘judicialización’ de un conflicto político”. Gantz afirma, según declaraciones publicadas en la prensa local, que Israel se va a seguir defendiendo.

Reacción palestina

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha aplaudido el anuncio del TIJ al reconocer una ilegalidad que se remonta al menos a 1967, según un comunicado de la oficina del presidente, Mahmud Abbas, hecho público por la agencia oficial palestina Wafa. Se trata de “un triunfo de la justicia, al afirmar que la ocupación israelí es ilegal”, señala el texto.

El comunicado aplaude que se reclame el fin de la ocupación, la evacuación de los colonos y la obligación de compensar a los palestinos por daños materiales y morales. La resolución supone la “reafirmación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a su tierra y a su condición de Estado”, agrega.

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