La vieja idea de los dos Estados regresa como solución política para Palestina

Solo un perro famélico y errante lograba atravesar el martes sin aguardar dos horas de cola el puesto de control de Qalandia, en el muro israelí de hormigón y nueve metros de alto, que, como una herida, separa Jerusalén Este de la tierra que la circunda: Cisjordania. Cuando el 13 de septiembre se cumplieron tres décadas de los acuerdos de paz de Oslo, esos dos pedazos de Palestina, que debían ser la capital y parte del territorio de su Estado, llevaban años desgarrados por esa pared. Con ese Estado aún por nacer, quien decide si un palestino atraviesa Qalandia y transita por la tierra de sus ancestros es Israel, la “potencia ocupante” de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, en palabras de Naciones Unidas. Antes de que el 7 de octubre Hamás atacara en Israel y de que este país respondiera desencadenando su guerra en Gaza; la “solución de los dos Estados”, que se creyó consagrada en Oslo, dormía en el cajón de las causas olvidadas. La vía política de establecer un Estado palestino junto a Israel para acabar con el conflicto es la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está defendiendo en la gira por Israel, Cisjordania y Egipto que ha iniciado este jueves.

Como si todas esas muertes de las últimas semanas hubieran recordado a la comunidad internacional que ese conflicto seguía ahí, el 25 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogó por la “solución de los dos Estados”. Desde entonces, Biden no ha dejado de repetirlo, la última vez en una tribuna el pasado sábado en The Washington Post. El 27 de octubre, el Consejo Europeo —que representa a los Estados miembros de la UE— hizo suya la propuesta de Sánchez de celebrar una conferencia internacional para buscar una paz basada en esa fórmula. Incluso el papa Francisco se ha unido a ese coro, repitiendo una idea en la que hay quien ve una “cortina de humo que oculta la desposesión del pueblo palestino”. Así lo definió el exdirector en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber, que dimitió en octubre por “el fracaso de la ONU en Gaza” ante “un genocidio de manual”.

En Ramala, la capital de Cisjordania, un cargo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), que pide anonimato, comparte otro de los argumentos de Mokhiber: el que defendió cuando acusó a Estados Unidos y Europa de que, mientras rescatan la idea de los dos Estados —cuya aplicación nunca han impuesto a Israel— son “cómplices” de la guerra de ese país en la Franja. El presidente Sánchez sí ha abogado este jueves por ese Estado palestino “viable” ante el presidente israelí Isaac Herzog en Jerusalén, pero el cargo de la OLP le recuerda que “lo más fácil que puede hacer España para avanzar hacia ese objetivo, es reconocer al Estado palestino”.

El aparente cambio de postura de Occidente adolece de “falta de seriedad”, asegura el político palestino, que recalca que Biden ni ninguno de los otros líderes que aluden ahora a esa vía se refieren a la que en su opinión es la “condición indispensable” para un Estado palestino viable: “El fin de la ocupación israelí”.

Pugna

La historia de la pugna entre Israel y la población palestina ha tenido desde 1948 una constante que Edward Said definía como “el monocorde bajo continuo de la enajenación de tierras” por parte del primero. Ese Estado, decía el filósofo palestino, es fruto de una “ideología básicamente europea”: el sionismo, un movimiento que durante décadas se definió a sí mismo como colonialista. En 1947, un año antes de la creación de Israel, la ONU adoptó un plan de partición en dos Estados del mandato británico de Palestina “manifiestamente injusto” —recuerda el cargo de la OLP—. En él, al 70% de población árabe autóctona se le concedía solo el 45% de la tierra, mientras que al 30% de población judía se le otorgaba el 55%, un reparto que los países árabes rechazaron, por lo que se desencadenó la primera guerra árabe-israelí. En 1949, Israel venció y se apoderó de más del 77% del territorio. Más adelante, en 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó en su totalidad el territorio asignado por Naciones Unidas para los palestinos.

Al firmar los acuerdos de Oslo, entre 1993 y 1995, la OLP se conformó con negociar solo el 22% de territorio para su Estado; las fronteras anteriores a 1967. A cambio, Israel aceptó el establecimiento de una administración autónoma provisional en Gaza y Cisjordania, gestionada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que debía durar cinco años y que aún subsiste en Cisjordania. Gaza está desde 2007 en manos de Hamás. La ANP solo accedió a un control parcial de dos de las tres zonas del territorio, la A y la B. El resto, el 60% de su superficie, es la zona C, que sigue estando bajo control israelí, pese a que los pactos de Oslo preveían su entrega a la autoridad palestina.

En las tres décadas transcurridas desde la firma de ese marco, la “realidad de los hechos consumados de Israel sobre el terreno” demuestra que esos acuerdos, lejos de derivar en un Estado palestino, “le han servido a Israel para legitimarse, encubriendo su ocupación, una colonización que ha alcanzado unos niveles estratosféricos”. Así lo explica Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

El principal instrumento de esta política para desdibujar la solución de los dos Estados han sido los asentamientos ilegales de colonos en Jerusalén Este y en la zona de Cisjordania que Israel controla completamente. En 1993, cuando se firmó el primer convenio de Oslo, esos colonos eran unos 130.000. Hoy, según la ONU, suman casi 700.000. Un plan congelado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu en julio de 2020 prevé incorporar al territorio de Israel estos asentamientos de colonos y las carreteras construidas para ellos —los palestinos tienen prohibido circular por ellas— y anexionarse así al menos el 30% de Cisjordania.

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense, señala que una futura entidad estatal palestina no solo no tendría “espacio físico” sino tampoco “continuidad territorial”. Se refiere a que las dos zonas bajo la autoridad palestina no son contiguas. Se asemejan a islotes rodeados por el área que controla totalmente Israel. La ANP carece además de varios de los atributos fundamentales de un Estado: el dominio del territorio y de su población, unas fronteras bien definidas y el monopolio del uso de la fuerza, que sigue en manos de Israel.

A esta realidad, se han sumado ahora otros obstáculos para la “solución de los dos Estados”. Barreñada cita dos. El primero es que la “extrema violencia con la que Israel está actuando en Gaza” arruina “cualquier posibilidad de que las partes se sienten juntas durante los próximos 50 años”. El segundo es que, “descartada la anuencia de las partes a negociar” tras la guerra, la única alternativa sería que “como sucedió en Oslo, Estados Unidos forzara a Israel a dialogar”.

Una posibilidad “remota”. Barreñada recuerda cómo, entre 1972 y octubre de 2023, Washington ha hecho uso de su poder de veto “en 34 ocasiones” en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una condena a Israel por su ocupación de Palestina. La propuesta española de una conferencia de paz en Oriente Próximo peca de “ingenuidad”, critica el experto, que solo ve una posible solución a este conflicto: que se acabe la “impunidad internacional de la que goza Israel”.

Moderados

Nadav Tamir, responsable de asuntos internacionales en el Centro Peres para la Paz y la Innovación, es más optimista. “Lo que el 7 de octubre [cuando Hamás atacó Israel] nos mostró a todos es que no puedes mantener el conflicto, que es necesario resolverlo”, explica este experto. Tamir confía en que “los moderados de ambos bandos” lleguen a un nuevo acuerdo. Se muestra convencido de que una de las condiciones para ello es “un cambio de Gobierno en Israel, algo que definitivamente va a suceder después de este enorme fracaso, y elecciones palestinas en las que se elija a un líder legítimo tanto para Gaza como para Cisjordania”.

El cargo de la OLP disiente: “Israel nunca ha reconocido la solución de los dos Estados ni los derechos del pueblo palestino. Es tan sencillo como preguntarle a un funcionario israelí si cree en los dos Estados, pueden decir lo que quieran, pero la política oficial es que no hay dos Estados, solo hay uno: Israel. Si no quieres dos Estados independientes y tampoco quieres un Estado democrático para todos, ¿qué opción queda? O un genocidio, como el que está habiendo en Gaza, o lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado: un apartheid”.

El profesor Barreñada matiza que, pese a las dificultades, la “idea de los dos Estados sigue siendo un referente, pero ha perdido relevancia porque se percibe como cada vez más difícil”. Sin embargo, subraya este especialista, “un Estado propio es un derecho inalienable de los palestinos recogido en la resolución 3236 de 1974 de la ONU”. Las condiciones sobre el terreno que lo hacen difícilmente viable, “pueden cambiar”, y concluye: “Todo es reversible”.

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