El veto de Israel a la agencia de la ONU empuja a los palestinos al abismo en lo peor de la guerra

La vida en campamentos de refugiados palestinos como el de Shuafat, en Jerusalén Este, parece cogida con alfileres. Impera un aura de provisionalidad y desorden pese a que las tiendas de campaña quedaron atrás hace muchos años, abriendo paso al ladrillo y a calles a medio asfaltar. “No es fácil vivir aquí”, afirma este martes con una sonrisa Malak, de 15 años. Sortea junto a varias compañeras, todas de uniforme, el sistema de muros de hormigón, pasillos de verjas y tornos metálicos que rodean el campo por el que regresan del colegio. Ese grupo de chicas risueñas parece salido de las páginas del reportaje en forma de libro con el que Nathan Thrall ha ganado el premio Pulitzer en 2024, Un día en la vida de Abed Salama, un retrato de la tragedia cotidiana bajo la que viven los palestinos de Jerusalén.

Decenas de lugares como Shuafat han acabado convertidos a lo largo de Palestina en guetos donde la población espera su derecho a volver a las localidades de las que fueron expulsadas en el proceso de nacimiento de Israel, convertido en Estado en 1948. Dependen mientras tanto en gran medida de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). Pero Israel la ha empujado un poco más al abismo: sobre ella pesa una orden de prohibición aprobada este lunes en el Parlamento. La medida ha levantado las críticas incluso entre los países más próximos al Estado judío. Las consecuencias de esta particular guerra desatada especialmente durante el último año, si es que no hay marcha atrás, supondrán una nueva carrera de obstáculos para la ONU y otra losa sobre la supervivencia de los palestinos, pronostican las personas consultadas.

“La UNRWA es irremplazable”, asegura Jonathan Fowler, portavoz de esta entidad en Jerusalén, haciendo especial hincapié en que supone el principal soporte de la población más vulnerable en Gaza, que sufre la mayor crisis humanitaria de su historia por el bloqueo israelí. En contra de lo anunciado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, Fowler ve imposible que en los tres meses en que debe implementarse la prohibición alguien sea capaz de diseñar un sistema alternativo al engranaje que la UNRWA conforma de manera indisociable junto a otras agencias de las Naciones Unidas. Sin la agencia para los refugiados, “es operacionalmente imposible que el resto del sistema de la ONU pueda dar un paso al frente de inmediato”. Ese es, sin embargo, el plan previsto por Israel, según ha explicado el Ministerio de Exteriores aludiendo a agencias como Unicef, la Organización Mundial de la Salud o el Programa Mundial de Alimentos.

Fowler afirma que la principal víctima de la decisión israelí, antes que la ONU, van a ser los gazatíes —más de 43.000 han muerto ya—, que son el principal objetivo de sus actividades. Y más bajo una contienda de incierto final.

Aunque prefiere hablar en condicional, el portavoz de la agencia atisba importantes obstáculos si el plan israelí sale adelante. Dependen, por ejemplo, del puerto israelí de Ashdod para descargar ayuda humanitaria, del Ministerio de Exteriores para visados y permisos, de reuniones con la Administración para coordinar sus actividades en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este o de algo tan cotidiano como que les dejen pasar por los controles militares. La lista es larga. “La política de no contacto podría ser extremadamente severa”, advierte en referencia a la negativa, por la nueva ley aprobada, de relaciones entre la Administración israelí y la agencia de la ONU.

Estados Unidos considera que Israel no está afrontando la “catastrófica crisis humanitaria” generada en Gaza ni sus palabras van acompañadas de hechos y “esto ha de cambiar de inmediato”, reclama la representante de EE UU ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. El pasado 13 de octubre Washington ya envió una carta a Israel en la que alertaba de que si no permitía la entrada de ayuda en el enclave palestino podría restringir el apoyo militar. Le daba de plazo un mes.

“Falta de alternativa viable”

El máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini, cree que la se ha puesto en riesgo la ayuda a los palestinos, cuyo sufrimiento se va a incrementar ante la “falta de una alternativa viable para la agencia” por la nueva legislación israelí. En medio de la polémica, Noruega va a proponer a la Asamblea General que solicite la opinión del Tribunal Internacional de Justicia para saber si Israel ha violado con esa nueva legislación el derecho internacional. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha insistido: la UNRWA es “una iniciativa terrorista camuflada como una iniciativa de agencia humanitaria”.

Una consecuencia directa de lo decidido de forma mayoritaria por los parlamentarios, tanto de la coalición de Gobierno como de la oposición, puede ser la de que decenas de miles de palestinos se queden sin sus necesidades más básicas, sostiene a través del teléfono Aviv Tatarski, de Ir Amin, una ONG israelí que denuncia los abusos de derechos humanos bajo la ocupación. “Israel no lo hará e impedirá que la UNRWA lo haga”, añade.

Para Israel, abunda Tatarski, esta agencia de la ONU simboliza la ayuda a los palestinos y el derecho de retorno de los refugiados y la nueva legislación significa, “en medio de las atrocidades en Gaza”, que Israel busca “una nueva situación”. Cubrir casi sobre la marcha la experiencia de más de siete décadas de la agencia de los refugiados palestinos con empresas privadas, paramilitares o de seguridad no es visto como algo al alcance de la mano, señala una fuente conocedora del trabajo de la UNRWA que prefiere no ser citada.

Entre vendedores callejeros de fruta y verdura y niños en bicicleta, el dentista Ahmed Abed, de 40 años y nacido en Shuafat, tiene claro que la nueva medida de presión israelí sobre la ONU “no es una buena noticia”. Su familia es originaria de Modiin, hoy una ciudad israelí entre Jerusalén y Tel Aviv. Mientras narra los avatares de las últimas décadas, le rodean algunos vecinos que se dirigen a él como “doctor”. En 2023 había unos 16.400 refugiados registrados por la ONU en este campamento, una población muy inferior a la que realmente lo habita. La presión inmobiliaria, fiscal y burocrática, unida a las políticas de judaización, llevan a muchos palestinos de Jerusalén a buscar acomodo en zonas más baratas como Shuafat, donde, al mismo tiempo, los servicios y el nivel de vida son mucho más precarios.

Fowler se refiere también a posibles consecuencias de la nueva normativa israelí “en una región de alta tensión política, tensión social, dificultades económicas”, donde la UNRWA “ha sido un garante relativo de la estabilidad”. “Si acaban con nosotros y nuestros servicios, ¿qué sucederá con una población enervada y desatendida? No es la receta ideal para la paz social. Y las consecuencias de eso en una región como esta pueden tener un efecto en cadena”, vaticina desde un despacho en la sede de la UNRWA en Jerusalén, atacada varias veces por radicales israelíes y ubicada sobre unos terrenos de la Jerusalén ocupada donde el Ayuntamiento de la ciudad pretende levantar una promoción de más de 1.000 viviendas para colonos judíos. Todo, recuerda el funcionario, forma parte de una amplia “campaña” que lleva meses tratando de acabar con la agencia de la ONU, que ha perdido en Gaza a 220 de sus 13.000 empleados en el año de guerra.

Cree que acusar a la UNRWA de “terrorismo” y de ser aliado de Hamás forma parte asimismo de esa campaña. Hasta ahora, la agencia ha despedido a nueve trabajadores de los 13.000 tras ser señalados por el Estado judío, al que la ONU reclama más pruebas. “No estoy minimizando la naturaleza de las acusaciones, pero esos nueve representan un 0,04% o menos. Y, sin embargo, algunos dicen, que eso significa todos”, se defiende Fowler.

La UNRWA, que cuenta con 30.000 empleados, opera bajo un mandato de la Asamblea General de la ONU que se renueva cada tres años desde 1949 y ofrece servicios de educación, salud y sociales a los más de dos millones de refugiados palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, así como en Jordania (dos millones), Siria (530.000) y Líbano (460.000). De manera unilateral, detalla Fowler, Israel trata de imponer un cambio sobre algo decidido en la Asamblea y, además, sobre un territorio que ocupa de manera ilegal.

“I love Hamás” (amo a Hamás), grita provocativo un chaval de siete u ocho años en Shuafat. Persigue al reportero junto a otros amigos al grito de yehudi (judío), lo que llama la atención de un tendero que sale a comprobar que el extranjero es en realidad periodista y no un infiltrado. A la salida del campo de refugiados, al informador le espera un breve interrogatorio junto al detector de metales por parte de la policía de fronteras. Sí, agentes de fronteras dentro de la ciudad de Jerusalén, a pie del muro que separa a palestinos de israelíes.