Pobres con trabajo y estudios

Haber estudiado en la Universidad, tener trabajo y vivir en un país donde la economía crece ya no suponen un antídoto contra la precariedad. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social refleja que entre 2013 y 2022 el crecimiento en un 16,4% del PIB per capita en España no se tradujo en una disminución de la tasa de pobreza: el 20,4% en ambos años. Además, casi un tercio de la población pobre mayor de 15 años cuenta con un empleo remunerado y 1,4 millones tienen estudios superiores. El precio de la vivienda y la falta de apoyo a las familias están en el origen de muchos de esos casos.

La pobreza sigue además presentando una brecha de género —la tasa de riesgo de las mujeres es 1,3 puntos mayor que la de los hombres— y otra territorial: las comunidades autónomas al norte de Madrid presentan porcentajes más bajos que las comunidades del Sur. Es el viaje a la privación que va desde el 14,5% de Navarra hasta el 35,8% de Andalucía o el 41,3% de Melilla.

Los datos son elocuentes respecto a la dimensión estructural del fenómeno, pese a que, no obstante, en 2022 había 800.000 personas menos en riesgo de pobreza y exclusión social que el año precedente. La cifra muestra tanto una recuperación de las condiciones de vida anteriores a la pandemia como la eficacia de las medidas desarrolladas para hacerle frente. Pero no oculta que España sigue padeciendo unas tasas inusuales para una economía de su tamaño. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que los efectos redistributivos de nuestro sistema fiscal son preocupantemente limitados. Solo Rumania, Bulgaria y Grecia conviven con cifras superiores de población en riesgo de pobreza dentro de la UE.

Los factores estructurales que abonan el aumento de la desigualdad social y territorial, y que se ceban especialmente en colectivos como los jóvenes, difícilmente se pueden remediar solo con ayudas coyunturales, por notable que haya sido su papel ante la sucesión de crisis sufridas en los últimos 15 años. Más aún si no han conseguido llegar a todos los que podrían beneficiarse de ellas, como ocurre con el ingreso mínimo vital o el bono social eléctrico.

La inflación creciente de los últimos meses y la subida de tipos han supuesto otra vuelta de tuerca para miles de personas que ya pasaban por dificultades económicas. El porcentaje de los hogares que no pueden hacer frente a sus gastos esenciales ha crecido, de forma que 1,6 millones de familias, 300.000 más que hace un año, tienen serios problemas para llegar a fin de mes, según el Banco de España. Urge actuar sobre los servicios básicos y, en concreto, sobre la vivienda, convertida en uno de los mayores generadores de escasez y desigualdad. El hecho de que el precio medio de un piso de alquiler en una ciudad como Barcelona suponga ya el 41,1% del sueldo medio ilustra la gravedad del fenómeno. Un total de 4,2 millones de ciudadanos sobreviven en nuestro país con ingresos inferiores a 560 euros al mes.

La idea de que el progreso es una línea ascendente parece haberse roto. La igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión territorial y el ascensor social que antes garantizaban los estudios medios y superiores están en cuestión a la luz de los últimos datos sobre pobreza y exclusión. Son fenómenos estructurales. Las medidas llamadas a mitigarlos también deberían serlo.