Regular el alquiler, una cuestión de voluntad política

El precio medio de una vivienda de alquiler en Barcelona supera ya el salario mínimo interprofesional. El tercer trimestre ha subido un 12% respecto al año anterior y ha alcanzado un nuevo récord: 1.123 euros, lo que representa 41,1% del salario medio de la ciudad. En diez años, el alquiler medio ha subido un 62,1%, muy por encima de los salarios. Si tenemos en cuenta que el 40% de la población de Barcelona vive en régimen de alquiler, la escalada de precios esa ahora mismo uno de los principales factores de desigualdad en la ciudad, pues impacta de forma desproporcionada sobre las rentas más bajas, que han de destinar ya más de 50% de sus ingresos a la vivienda. Si tenemos en cuenta que la mitad de los menores de 30 años que trabajan perciben salarios inferiores a mil euros, la conclusión es evidente: o se quedan en casa de los padres, o comparten piso o se marchan de la ciudad.

Las dificultades para acceder a una vivienda y mantenerla se han convertido en un factor de vulnerabilidad extrema para una parte importante de la población, sin que los poderes públicos demuestren capacidad para revertir la situación. Sorprende que siendo uno de los problemas sociales más graves y enquistados, la respuesta de las administraciones sea tan pobre y lenta. Una de las legislaturas más audaces a la hora de abordar cuestiones sociales de gran calado, con hitos tan importantes como la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la ley de eutanasia, la regulación energética o la subida del salario mínimo interprofesional, ha arrastrado los pies a la hora de abordar el problema de la vivienda. Los sectores económicos involucrados han demostrado ser muy poderosos porque hasta el último momento no se pudo sacar adelante la ley general del derecho a la vivienda que aborda, entre otros asuntos, la regulación de los alquileres.

La ley se aprobó en abril; estamos en noviembre, y todavía no se aplica.

La nueva normativa establece que las zonas consideradas tensionadas por un aumento desproporcionado de los precios puedan establecer límites al alquiler a partir de unos precios de referencia, a establecer por la propia administración. La ciudad de Barcelona, obviamente, lo es, y también otros 140 municipios de Cataluña. Existe ya un índice de precios de referencia elaborado por la Generalitat mientras estuvo vigente la normativa catalana que ha inspirado la actual ley estatal. ¿Por qué no se aplica de una vez la nueva regulación? Barcelona lo ha pedido, la Generalitat lo ha pedido, pero el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no lo autoriza. El argumento es que espera a tener elaborado el índice de referencia para toda España. Mientras tanto, los alquileres siguen escalando y propiciando un fenomenal trasvase de rentas de las clases medias y bajas hacia quienes detentan la propiedad de los inmuebles, fundamentalmente grandes tenedores y fondos de inversión.

Todos los expertos abogan por construir vivienda pública, pero aumentar el parque de vivienda social no es rápido ni barato. Se necesitan años y grandes inversiones para ver resultados. Mientras tanto, aquello que más puede incidir en los precios, y por tanto, en la vida de millones de personas, es intervenir sobre los alquileres. La diligencia en aplicar la regulación que permite la nueva es la prueba del algodón de la voluntad política real para afrontar uno de los problemas que más malestar genera.

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