Falla el Ingreso Mínimo Vital

La puesta en marcha en septiembre de 2020 del Ingreso Mínimo Vital supuso un importante salto adelante en el modelo español de protección social, destinado a las personas más desprotegidas y sin acceso a otro tipo de prestaciones, como las pensiones o la prestación por desempleo. La idea de complementar el modelo social con un sistema de renta garantizada había sido motivo de debate en el ámbito de las políticas sociales, pues los esfuerzos desarrollados por las comunidades a través de las rentas autonómicas de inserción eran muy desiguales en coberturas y cantidades. La pandemia aceleró la aplicación de este modelo, centralizado a través de la Seguridad Social, y se presentó como una pieza clave del escudo social que activó el Gobierno para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la covid-19 en múltiples ámbitos y en particular a quienes padecieron de forma más aguda la parálisis de la actividad económica y social.

Casi tres años más tarde de aquel lanzamiento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado deficiencias en la ejecución de un sistema que sigue sin llegar a toda la población que tendría objetivamente derecho a recibirlo: hasta el 58% que puede solicitarlo no lo hace y apenas alcanza a un 35% los beneficiados efectivos. Son cifras demasiado bajas. Los requisitos administrativos, los retrasos en la evaluación de los expedientes y la complejidad del trámite de concesión y disfrute han jugado en contra de un instrumento de urgencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El IMV es un mecanismo ya imprescindible, pero para lograr plenamente sus objetivos es necesario repensar el procedimiento de acceso al mismo. Sus destinatarios son objetivamente los segmentos de población más desprotegidos y también más desconectados de la Administración, y cualquier gestión en ella puede convertirse en un laberinto en el que solamente es posible moverse si se cuenta con una adecuada red de servicios sociales de atención primaria que, lamentablemente, no ha alcanzado un nivel satisfactorio de desarrollo. De poco sirve tener una partida presupuestaria generosa si la red de oficinas y servicios sociales que deben facilitar y orientar a las familias el acceso a la prestación está colapsada, infradotada o resulta inaccesible a una población que lo siente lejano, demasiado complejo o que incluso ignora su existencia.

Lo grave es que la situación no es nueva y la experiencia misma de la implantación de las rentas autonómicas por parte de las comunidades, así como otros muchos programas de inserción sociolaboral, debió servir como banco de pruebas sobre las dificultades ya conocidas o sus agujeros negros. Si queremos que el sistema de políticas sociales genere una mayor protección para las personas que más lo necesitan, es imprescindible aligerar las cargas burocráticas asociadas, reforzar la red de servicios sociales que orienta y acompaña a las familias, ampliar el papel mediador de las organizaciones comunitarias y repensar su complementariedad con otros mecanismos de protección de rentas. El Plan de Recuperación cuenta con mecanismos e inversiones que se están usando para experimentar y evaluar medidas de acompañamiento al IMV, que hoy parecen imprescindibles. Esperemos que, de esta manera, se pueda mejorar la ejecución práctica de una política pública que, en sí misma, encarna un pilar fundamental en la lucha contra la exclusión social.