Varapalo de la Airef a Escrivá: el ingreso mínimo vital se estanca y más de la mitad de los hogares que podría recibirlo ni lo solicita

La implantación del ingreso mínimo vital (IMV) se ha estancado en 2022. El número de hogares que recibió esta renta no contributiva se mantuvo prácticamente igual que un año antes, en 284.000 familias, lo que supone poco más de un tercio (el 35%) de los 800.000 hogares que potencialmente podrían recibirlo. Así lo ha constatado hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuyos técnicos, sin embargo, se han mostrado aún más “preocupados” por el elevado porcentaje de hogares que podrían recibir el IMV y que ni siquiera lo solicitan. En concreto, de las 470.000 familias que, con datos de la administración, han detectado que cumplen los requisitos, el 58% no lo solicitó. Todo esto cifra el coste de la ayuda en 1.900 millones de euros, con lo que solo se ha ejecutado el 47% del gasto previsto para su financiación.

Estas cifras son muy similares a las registradas en el análisis que realizó ya la Airef sobre la implantación de esta ayuda un año antes, de ahí la llamada de atención de este organismo hacia los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que son los encargados de gestionarlo, por los “escasos avances” registrados en la implantación de esta ayuda. El tirón de orejas de la autoridad independiente es especialmente significativo porque se podría decir que este plan de protección asistencial es la medida estrella del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien gestó estas ayudas cuando él mismo dirigía la Airef antes de llegar a la Seguridad Social.

Solo lo recibe un 35% de quienes tendrían derecho

Además, con la opinión publicada hoy por la Airef se ha puesto de manifiesto que las cifras de beneficiarios del IMV que facilita el Ministerio de Inclusión —que aseguran que esta ayuda llegaba al 31 de mayo a 627.957 hogares y 1,8 millones de personas— son las del número de hogares que ha recibido esta ayuda en algún momento desde que se aprobó en 2020 y no incluye las bajas que se producen, por tanto, no es el “saldo vivo” de beneficiarios, que es el que ofrece la Airef y por eso el número de perceptores que facilita este organismo es inferior al publicado por el ministerio.

Tanto la opinión publicada hoy por la Airef, como el hecho de que la presidenta de este organismo, Cristina Herrero, haya criticado que las cifras de beneficiarios no son un saldo vivo de los perceptores, sino un total que no incorpora las bajas —”es como si el dato de pensiones se da con el número de pensionistas que han cobrado una pensión alguna vez en la historia”, ha dicho— ha levantado las iras de los responsables del ministerio de Escrivá, que han publicado inmediatamente un mensaje en su cuenta de Telegram acusando a la autoridad independiente de haber elaborado esta evaluación “sin interlocución con el área del Ministerio que dirige esta política”.

La respuesta de la presidenta de la Airef ha sido también inmediata, negando categóricamente que su opinión se haya elaborado sin la interlocución de los responsables del Ministerio de Inclusión. “Nuestra política es siempre hacer nuestras opiniones e informes aproximándonos a quienes gestionan las distintas políticas que evaluamos —ha dicho Herrero— y así ha sido en esta ocasión; prueba de ello es que en el informe hay muchos datos que no los conoceríamos si no nos los hubieran dado ellos”.

Es más, Herrero ha respondido a esta revuelta del departamento de Escrivá asegurando que la ley obliga a la Airef a enviar sus opiniones a los ministerios afectados al menos 10 días antes de hacerlas públicas y esta vez las áreas de Seguridad Social, Economía y Hacienda recibieron esta evaluación “hace 15″; además ha señalado que desde entonces ha recibido alegaciones de estos tres ministerios y se ha reunido en dos ocasiones con los responsables de Seguridad Social. Tras estos encuentros, ha explicado que en la opinión de la Airef se han incorporado las alegaciones cualitativas, referentes a las medidas que está tomando Seguridad Social para mejorar la implantación de la ayuda, pero no las relativas a los datos de beneficiarios “porque los datos son incontestables”.

No obstante, desde el Ministerio de Inclusión, han admitido que los técnicos de la Airef sí se pusieron en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pero han insistido en mostrar su malestar por la interlocución “muy limitada” que la autoridad independiente ha tenido con la secretaría general de Inclusión que es, al fin y al cabo, la gestora directa de esta prestación. Además, fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá, han precisado que el cálculo de 800.000 posibles beneficiarios que apunta la Airef se ha elaborado solo con criterios económicos y no han tenido en cuenta otras cuestiones como el tiempo de residencia en España de los solicitantes o la antigüedad de la unidad de convivencia. “Estos criterios podrían rebajar el total de perceptores potenciales y de esta manera los resultados de la prestación no arrojarían lo que puede presentarse como un fracaso y no lo es”, añaden estas fuentes. No obstante, este ministerio no ha cifrado aún en cuánto se podría aminorar este número total de beneficiarios potenciales.

Pero, al margen de esta guerra que se ha originado hoy entre el Ministerio de Inclusión y la Airef, este último organismo admite que el grado de potenciales beneficiarios que ni siquiera ha solicitado el IMV (58%), está en la media de este indicador con otras prestaciones similares en el terreno internacional. Pero la autoridad fiscal ha asegurado que eso no evita que esta institución aconseje al Gobierno que lleve a cabo algunas mejoras. Entre ellas, adoptar un modelo de gestión más automático. Para ello, proponen la creación de una base de datos única, similar a la que tiene la Agencia Tributaria con los contribuyentes a través de sus retenciones, para poder usar esta información para hacer políticas automáticas, también entre los beneficiarios del IMV que carecen de rentas salariales. Para ello, sin embargo, sería necesario imponer una declaración de la renta universal, que facilitara información sobre los colectivos al margen de la Agencia Tributaria.

Otra sugerencia de la Airef para mejorar el funcionamiento del IMV afecta al control de las rentas al que se somete a los beneficiarios de esta ayuda. Dicho control se efectúa un año después de las rentas declaradas, por lo que si en septiembre del año siguiente estas superan el mínimo exigido para ser beneficiario, este debe devolver la diferencia o se da directamente de baja. Así, el 67% ve revisada la cuantía de su prestación y el 16% deja de ser beneficiario y debe devolver de media 2.500 euros. Para evitar este efecto, la Airef propone que la gestión se haga con los ingresos mensuales y se ajusten las nóminas del IMV con esa periodicidad para que no se produzcan esas regularizaciones tan fuertes a posteriori.

Finalmente, los responsables de la autoridad independientes han llamado la atención sobre los problemas que también han detectado en la implantación del nuevo complemento a la infancia de entre 50 y 100 euros mensuales que entró en vigor en febrero de 2022 y que se pide a través del proceso de solicitudes del ingreso mínimo vital, pero que está destinado a un colectivo más amplio que los beneficiarios de este IMV. En este caso, la Airef ha observado que el 77% de aquellos beneficiarios potenciales no lo han reclamado y su ejecución de gasto se limita al 23% del total previsto. Para mejorar el grado de implantación de esta ayuda para las familias vulnerables con hijos a cargo, el organismo supervisor propone a Inclusión que facilite su solicitud al margen del esquema del IMV.

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