El ministerio de Trabajo envía un segundo requerimiento a Castilla y León por el reducido servicio de mediación laboral

El ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha enviado un segundo requerimiento a la Junta de Castilla y León por la falta de fondos para el Servicio regional de relaciones laborales (Serla). Este aviso supone el paso previo a “la interposición del recurso judicial procedente” al considerar que el gobierno autonómico de PP y Vox adolece de la “ejecución debida de la legislación laboral y de los acuerdos sobre sistemas autónomos de solución de conflictos”. Trabajo censura que la Consejería de Empleo, dirigida por la extrema derecha, haya reducido notablemente la financiación de este organismo, rebaja que llegó tras amagar primero con eliminar las partidas presupuestarias y soliviantar así al ministerio, a los sindicatos y a la patronal.

La primera advertencia estatal llegó el 10 de marzo, poco después de conocerse que el Serla se iba a quedar sin recursos económicos para su funcionamiento. Los anteriores Presupuestos destinaron en torno a un millón de euros para este mecanismo, que en 2022 tramitó hasta 3.534 conflictos individuales, la cifra más alta de sus 25 años de historia y un 30% más que en 2021. Asimismo, intervino en 341 conflictos colectivos (un 17,6% más que en 2021) que implicaron a 259.700 trabajadores de 19.142 empresas. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han denunciado en repetidas ocasiones las políticas del consejero del ramo, Mariano Veganzones, empecinado en atacar a los sindicatos y reducirles la financiación además de lanzarles constantes menosprecios o descalificativos. CCOO ha presentado en las últimas fechas una querella criminal contra Veganzones por afirmaciones sobre los sindicatos como “que devuelvan lo robado” y llamarles “comegambas”.

Veganzones ha capitaneado una cruzada contra el Serla. La ministra Yolanda Díaz ha insistido en los últimos meses en el retorno del aporte autonómico para este departamento, muy valorado tanto por la patronal como por los sindicatos por su labor para impedir el colapso de los juzgados laborales. El diálogo social ha funcionado históricamente muy bien en Castilla y León, con una fluida relación entre la patronal, los sindicatos y la Junta cuando esta la gobernaba el PP. El Serla se encarga de mediar entre las partes para resolver denuncias e impedir que la justicia tenga que intervenir en la resolución de estos conflictos. La aportación aceptada por el departamento que encabeza Veganzones ascendió a 400.000 euros anuales, cifra que se considera insuficiente por parte de Trabajo para el correcto desempeño del área.

El movimiento de Vox también generó inquietud en la Organización Internacional del Trabajo, cuyo director general, Gilbert Houngbo, alertó sobre la “gravedad de la situación” y expresó su “inquietud”, además de instar al Gobierno central a impedir esta deriva. La vicepresidenta Díaz calificó hace unas semanas como “gravísimo” lo sucedido. “A la extrema derecha le molestan la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios”, afirmó. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), aseguró la semana pasada que estaba “garantizado” el funcionamiento del Serla y que “se mantiene su financiación”.

El requerimiento del Ejecutivo, previo a llevar el caso a la justicia, insiste en que esta escasez financiera impide el desarrollo de los acuerdos laborales firmados en la comunidad y en las negociaciones colectivas. “La inactivación total de la Fundación Serla es contraria a la distribución constitucional de competencias en materia laboral, y en ningún caso puede considerarse que la alternativa adoptada por la Junta de Castilla y León resulte respetuosa con la normativa laboral y las competencias estatales”, expone el comunicado gubernamental. Este lamenta que la continuidad del organismo sin aporte suficiente no atiende a los conflictos individuales de los trabajadores e “impide dar un cumplimiento conforme al acuerdo de los agentes sociales o alternativo”. Asimismo, “contraviene la capacidad de mediación ofrecida a las partes negociadoras de los convenios colectivos y de los acuerdos” y esa medida ejercida por Castilla y León “arremete contra un sistema consolidado y se desentiende de la adecuada prestación de los servicios que se debe realizar”.

La Junta de Castilla y León, primera coalición entre PP y Vox tras su alianza de 2022, también ha recibido requerimientos del Gobierno central a cuenta de sus políticas contra el aborto. El Ejecutivo envió esos avisos a principios de este año tras anunciar la extrema derecha un protocolo antiabortista que finalmente no ha entrado en vigor.

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