Los sindicatos denuncian que la consejería de Empleo en Castilla y León, de Vox, les ofrece una subvención “fuera de la legalidad”

Vox ha dado un giro en su política de menguar la financiación de los sindicatos en Castilla y León. Ahora les ofrece fondos, medio millón de euros a CCOO y a UGT. Pero hay un asterisco: según los posibles beneficiarios, se trata de “subvenciones injustificadas al margen de la legalidad”. Las asociaciones sindicales han denunciado que el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta les ha propuesto acogerse a una partida de 494.982,5 euros sin convocatoria pública mediante. Para ambas asociaciones laborales, se trata de un “chantaje” que “incumple la legislación”. La medida llena de polémica de nuevo al área de Empleo del gobierno autonómico, dirigido por Mariano Veganzones (Vox), quien horas antes de estas críticas sindicales decía en su cuenta de Twitter “SINDICALITAS COMEGAMBAS [Sic]” y cargaba contra el “socialcomunismo”.

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han emitido un comunicado conjunto sobre este ofrecimiento y acusan al departamento de Veganzones de “saltarse la legalidad”, pues “con una mano, recorta los recursos incumpliendo la ley y acusando a los sindicatos de ser chiringuitos ultrasubvencionados, y con la otra mano, ofrece subvenciones injustificadas al margen de la legalidad”. Ambos colectivos detallan que no existe ninguna orden del consejero de Empleo, autoridad que debe sancionar esta concesión o planteamiento de subvenciones, certificando la puesta a disposición de ambos sindicatos de casi un millón de euros en total. Por tanto, UGT y CCOO entienden que esa decisión “podría ser objeto de un delito de prevaricación al margen de toda legalidad”.

El consejero de Economía y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “la denuncia no tiene ningún fundamento, ya que se trata de la subvención por participación institucional a los agentes sociales y económicos más representativos”. Según Carriedo, “no se les ha ofrecido una subvención, se les ha informado de la cuantía por la que tienen que solicitar la subvención por su participación institucional”. La consejería de Empleo ha difundido un mensaje recalcando que “ha comunicado a los agentes sociales y económicos más representativos de Castilla y León la cuantía que les corresponde solicitar en concepto de participación institucional”. Asimismo, añaden que “el importe destinado a la participación institucional se ha reducido un 50% pasando de 3.959.860 euros a 1.979.930 euros”, lo cual implica que “la patronal pasa de recibir 1.484.456 euros a los 989.965 euros” y los sindicatos “reducen su cuantía de 1.273.702 a 494.982,50 euros cada uno”.

La nota de prensa remitida por UGT y CCOO, que en el año de mandato PP-Vox en la comunidad se han habituado a actuar conjuntamente ante los ataques recibidos por el ala de la extrema derecha, incide en que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), desconoce ese ofrecimiento del director general de Trabajo, Fernando de la Parte, autor del primer contacto el pasado jueves. El secretario general autonómico de UGT, Faustino Temprano, relata que De la Parte llamó informando de que en el programa Tramita de la consejería implicada podían solicitar esa cantidad. “Preguntamos por qué orden del consejo de Gobierno es pero no hay ninguna que lo regule, tampoco las condiciones ni cómo justificarlo”, censura Temprano, de modo que decidieron no reclamarlo: “No queremos riesgos de prevaricación”. La respuesta de Carriedo no convence, insiste, al carecer de “justificación” de la Junta. La ayuda se podría pedir “si explican para qué es y cómo se regula”, sostiene el sindicalista, quien pide pulcritud para acceder a dinero público.

Los sindicatos reclaman que Mañueco, poco dado a desautorizar a sus socios, “intervenga de manera urgente y contundente para que erradique este descontrol del dinero público que está propiciando su socio”. CCOO y UGT aseguran que ya se han dirigido a él para que “retire este ofrecimiento espurio”. El dirigente suele omitir las polémicas que desatan sus aliados o su vicepresidente, Juan García-Gallardo, incidiendo en que son “dos partidos distintos” con distintas formas de ver la comunidad. La única reprimenda vertida hacia Vox se la llevó precisamente Mariano Veganzones, que afirmó “en esta comunidad no faltan trabajadores, faltan ganas de trabajar” cuando hablaba sobre datos de empleo.

Los sindicatos han padecido las andanadas de Vox, que los acusan de “chiringuito subvencionado” y ha ejecutado iniciativas como recortar los fondos del Servicio de relaciones laborales (Serla). Este proyecto le valió un requerimiento formal del Gobierno y críticas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien este mismo miércoles en un acto electoral de Valladolid instó a “recuperar” este mecanismo. El área de Veganzones finalmente reculó la idea inicial de suprimir los fondos, pero redujo un 60% su financiación, de nuevo entre reproches sindicales. Uno de los primeros anuncios de Vox como responsables de Empleo llegó el verano pasado, cuando prometieron un recorte de 20 millones de euros a los sindicatos, si bien no llegó a producirse. UGT y CCOO han insistido desde entonces que la reducción de aportación pública se traduce en menor apoyo laboral para mujeres víctimas de violencia machista, menos atención a la formación y menos presupuesto para prevención de riesgos en el entorno del trabajo.

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