Vox ahoga la mediación laboral en Castilla y León cerrando el grifo a su financiación

El árbitro de los conflictos laborales en Castilla y León corre peligro. Vox, que gobierna la comunidad con el PP, ha dejado en su mínima expresión la financiación del Servicio de relaciones laborales (Serla), que se gestiona a través de una fundación creada por sindicatos y patronal. Tras amagar con dejarlo sin fondos, el conflicto ha llegado al Ministerio de Trabajo. Los avisos del departamento de Yolanda Díaz pasaron de lo verbal al requerimiento formal para que se recupere en la región este sistema bien valorado por la patronal, los sindicatos y, sobre todo, los usuarios. La Junta insistía en que el servicio queda cubierto por los funcionarios de la consejería de Empleo, pero los implicados creen que el valor de esta mediación está en que parte de un sistema independiente: en 2022 tramitó 3.534 conflictos individuales y 341 casos colectivos. El consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox), ha aceptado mantenerlo reduciendo un 60% su presupuesto y suprimiendo el concilio de casos individuales, algo que los sindicatos tachan de “ilegal”. Vox califica el sistema, activo desde 1996, de “chiringuito” creado por los sindicatos al margen de la competencia presupuestaria de la Comunidad Autónoma.

En una terraza de Valladolid se citan Maribel Herrán y Cándido Alonso, mediadores de los sindicatos UGT y CCOO respectivamente, con María B. y F.J.G., trabajadores que han requerido anteriormente al Serla y que piden proteger su identidad. Ambas partes se han sentado a distintos lados de las mesas de negociación durante años para zanjar cuitas entre empresas y plantillas. Herrán resume las funciones de arbitraje: escuchar, buscar acuerdos sin mirar el reloj y entender que en caso de ruptura la pugna acabará en los juzgados. Lo que conlleva, a la postre, más tiempo, más gastos y más saturación de los tribunales. Alonso explica que en sus tres años de desempeño ha ayudado tanto a trabajadores que reclaman 50 euros más de indemnización por despido como a futbolistas de jugosos contratos: “No estamos para forzar, no es nuestra misión”. “A veces los trabajadores y las empresas se desahogan”, agregan, cuando se ven ante los profesionales de este servicio, a veces confundidos con representantes de las empresas de lo camaleónicos que pueden ser.

Los beneficiarios agradecen contar con un comodín que evite los juzgados. F.J.G., transportista, solicitó este apoyo ante un despido improcedente cuando, tras una baja, se reincorporó al camión. La intermediación entre el Serla y su empresa se tradujo en un acuerdo fácil y positivo: logró los 1.800 euros de indemnización que le correspondían y pudo respirar tranquilo. A este hombre lo echaron el pasado octubre y en diciembre ya se había arreglado el asunto, una agilidad que cree imposible de haberse judicializado. “Tuve buen trato con la mediadora y el abogado de la empresa, mi padre siempre decía que vale más un mal acuerdo que un buen juicio”, afirma el camionero, conforme no obstante con las condiciones del pacto. Su caso fue uno de los 3.534 conflictos individuales gestionados por el Serla en 2022, el número más alto en sus 25 años de historia y un 30% superior a 2021. Además, los conflictos colectivos que administró afectaron a 259.700 trabajadores en 19.142 empresas. “Es una chapuza, está muy mal que lo quieran quitar”, critica este usuario.

María B., empleada de seguridad privada, expone su caso. “Estuve seis años y medio trabajando como auxiliar administrativa y hacía labores de más cualificación, denuncié este enero y en febrero acordamos un ascenso con efecto retroactivo”, señala la mujer, que celebra haber expuesto su situación antes de que Vox, que tiene la cartera de Empleo en el Ejecutivo autonómico, mostrase sus intenciones. “Ir a juicio es largo y el trabajador tiene mucho que perder si se dilatan plazos, porque se genera mal ambiente en la empresa. Mucha gente perdería derechos porque las empresas apabullan, sobre todo en lo judicial”, detalla María B. Ella hace unos años también fue ayudada por el Serla tras un despido que su compañía tildó de procedente y que finalmente se declaró improcedente: “Quedarnos sin ello sería una pérdida social terrible”. Los sindicatos, a la espera de que lleguen los nuevos y reducidos fondos a la fundación del Serla, admiten que no hay dinero para los gastos de los siete empleados fijos que gestionan el servicio. Los trabajadores, que prefieren no pronunciarse, aguantan sin cobrar mientras siguen mediando en los casos abiertos.

Críticas de la CEOE

Los sindicatos defienden la labor del Serla y de sus trabajadores: “Esta gente está muy especializada en la mediación. No tiene horarios, porque a menudo empresarios y trabajadores sólo pueden sentarse a pactar tras la jornada laboral y pueden estar hasta altas horas. No se levantan hasta que llegan a un acuerdo”. Esa implicación, añaden, no la podría tener un funcionario “no porque no pueda, sino por los horarios. La gente tiene mucho desconocimiento y compra el discurso barato de Vox porque al Serla solo se acude cuando se necesita”, analizan los responsables de Comisiones y UGT.

Hasta la patronal ha censurado el afán de Vox en el Gobierno regional por ahogar el Serla. El secretario general de la CEOE en Castilla y León, David Esteban, ha reprobado que la extrema derecha lo defina como “chiringuito” o “capricho de los sindicatos”, lo que en realidad él ve como una herramienta: “Las empresas no son tontas, puede ocasionar pérdida de inversión si se cargan las relaciones laborales”.

El consejero de Empleo, en cambio, rechazó en una intervención en las Cortes de Castilla y León todos los puntos del requerimiento realizado por el Gobierno y lo calificó como “esperpéntico” y “burdo corta-pega al dictado de los sindicatos que el Gobierno no se ha molestado en repasar”. Para Vox, el aviso para restituir la financiación del servicio que lleva 27 años activo en la región “forma parte de una campaña electoral que se llama Sumar”. Se trata del segundo requerimiento enviado por el Ejecutivo en 2023 a la comunidad que dirige Alfonso Fernández Mañueco (PP) tras el emitido en enero por el protocolo antiabortista anunciado por Vox.

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