Las dudas de los socios del Gobierno complican la aprobación del estatuto del becario antes de las elecciones

El Ministerio de Trabajo ha conseguido aprobar varias normas importantes a lo largo de la legislatura: la ley rider, la reforma laboral, la ley de empleo... La guinda del pastel es el Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, conocido como el estatuto del becario. La norma fue acordada la semana pasada por los sindicatos y el Gobierno —sin los empresarios—, y su principal objetivo es eliminar el fraude en las prácticas, evitar que las empresas se aprovechen de los becarios. Pero los tiempos se han estrechado tanto, dada la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, que no está claro que una vez aprobada en el Consejo de Ministros consiga el respaldo de la Diputación Permanente. Este es el órgano que sustituye temporalmente a los 350 diputados cuando se ha disuelto la Cámara, con un equilibrio de fuerzas similar —así que el PSOE y Unidas Podemos no tienen mayoría absoluta— y con la vocación de servir como retén de guardia. Los principales socios parlamentarios del Gobierno, consultados por EL PAÍS, manifiestan sus dudas.

“No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado”, advierten fuentes del PNV. “Pero es que tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas. El ministerio ni siquiera ha hecho llegar el texto al Gobierno vasco”, critican desde el grupo nacionalista. Más allá de la falta de comunicación, también critican el texto: “Nos preocupa porque para Euskadi la formación dual es fundamental y funciona bien. Y nos llegan detalles como la limitación de horas o porcentaje de formación dual del alumnado”.

“Tampoco vemos bien que tenga que aprobarse ahora”, añaden en el PNV, “en formato decreto ley, con las Cortes disueltas y sin casi tiempo para preparar su implementación por parte de las administraciones competentes. Parece más bien un ejercicio de marketing y nos llega que hay serias dudas de que finalmente vaya a ser aprobado”.

Otro de los socios habituales del Ejecutivo, ERC, también expresa dudas. “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”, dicen fuentes del grupo parlamentario, donde interpretan que el texto acordado con los sindicatos no camina en esa línea. “Llevamos meses persiguiendo al ministerio y solo hemos hecho una reunión que no es del texto actual. No han intentado siquiera negociar con los grupos afines. Si llega a la Diputación Permanente, hablamos”, afirman fuentes de ERC, que señalan la cercanía de las elecciones como una de las causas que ha acelerado la negociación de la norma. Este martes por la tarde han recibido el proyecto pactado por Trabajo y centrales.

Fuentes de Bildu indican que aún no han analizado el nuevo texto, así que “a día de hoy” no tienen claro el sentido de su voto. Como ERC y el PNV, ven baches en el recorrido parlamentario: “Ni siquiera sabemos si llegará a la Diputación Permanente del Congreso”.

Fuentes sindicales no tienen la seguridad de que los socios del Ejecutivo vayan a apoyar esta nueva norma. Conseguir ese respaldo “es tarea del Gobierno”, indican. Las mismas fuentes consideran que, pese a no tener esta certeza, merece la pena refrendar la nueva regulación porque mejora “sustancialmente” las condiciones de los becarios. Es decir, aunque no estén seguros de que sea aprobada, conviene intentarlo porque consideran que es una ganancia respecto al panorama actual. “Esperemos que cuando lo vean los grupos parlamentarios progresistas se den cuenta de que es una mejora”, añaden. En este análisis afecta la previsión de un posible cambio de Gobierno, cuyo enfoque sería, previsiblemente, muy distinto al del Ejecutivo y los sindicatos.

El jueves está programada la firma del acuerdo. De momento, el Ministerio de Trabajo no aclara a qué Consejo de Ministros espera llevar la norma, pero sí señala que ya la está discutiendo con los grupos políticos.

Los problemas del Gobierno para encontrar apoyo parlamentario son uno de los motivos que han retrasado tanto esta norma, hasta el punto de encajonarse en el tiempo de descuento de la legislatura. Fuentes de la negociación han señalado en varias ocasiones que las reticencias de los socios del Ejecutivo son la razón central que dejó en papel mojado el acuerdo al que llegaron con los sindicatos en octubre del año pasado, en el que eliminaban completamente las prácticas extracurriculares, y no la negativa patronal.

Más allá de los partidos, la norma ha sido rechazada por los empresarios. Así, los patronos vuelven al no al Gobierno, como ya hicieron con las dos últimas subidas del salario mínimo, y a diferencia de la posición que adoptaron respecto a la ley rider o la reforma laboral. Uno de los argumentos que aducen los empresarios es que no consideran apropiado alcanzar nuevos acuerdos en el marco del diálogo social una vez disuelto el Parlamento. Pero también rechazan el contenido de la norma.

El proyecto de Trabajo tampoco cuenta con el respaldo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue). Lo considera “una amenaza” para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español: “Crue se opone radicalmente al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Se trata de una previsión inédita en nuestro derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”. En la misma línea, las patronales de la enseñanza privada ACADE, Educación y Gestión y CECE señalan que esta nueva regulación “no afronta el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, sino que lo agudiza”. El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a órganos de representación de las privadas, también lo rechaza y advierte de “graves consecuencias”.

Tanto el Consejo de la Juventud o como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) han criticado estos augurios pesimistas: “Necesitamos unas prácticas remuneradas y de calidad. No vamos a permitir que se siga utilizando al estudiantado como mano de obra gratuita”.

¿Qué cambia esta nueva legislación?

Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que esta nueva ley “define los límites de las prácticas, sin equívoco, para evitar nichos de fraude laboral”. Asimismo, destacan que esta regulación “limita de forma severa las prácticas extracurriculares”, que los sindicatos quisieron eliminar en un principio. Incluso se llegó a un acuerdo en ese sentido, pero la negociación se reabrió para intentar incluir, finalmente sin éxito, a la patronal. En definitiva, Trabajo señala que este estatuto “establecerá un marco que dará seguridad jurídica, que protegerá los derechos de las personas que realicen prácticas en empresas y evitará que las becas puedan encubrir trabajo precario”.

Según lo acordado entre Trabajo y los sindicatos, el estatuto del becario regulará “la formación práctica tutorizada en empresas y organismos equiparados cuando dicha formación esté vinculada a la obtención de grados del sistema de formación profesional y de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo”. Asimismo, incluye las prácticas no laborales del sistema nacional de empleo y prácticas académicas externas de las universidades, tanto curriculares como las más polémicas extracurriculares. Si bien, estas últimas se acotan a las desarrolladas durante los estudios oficiales de grado, máster universitario o, en su caso, doctorado, que no superen el 15% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación, ni 480 horas.

La norma afecta igualmente a las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las universidades, cuando la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación.

Además, establece el derecho de los estudiantes en prácticas a “la compensación de gastos de la empresa o entidad en la que se desarrollen las actividades formativas” en los términos en los que se desarrolle el convenio de colaboración, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos (gastos) en los que la persona en formación práctica incurra (...) como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.

Antes los incumplimientos de los derechos reconocidos en esta nueva regulación, se establece un régimen sancionador: la infracción muy grave se castigará, en su grado mínimo, con multas de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

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