Trabajo pisa el acelerador para aprobar con los sindicatos el estatuto del becario

El viernes por la mañana, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, repitió en varias ocasiones que el Gobierno “tiene sus poderes intactos, no está en funciones”, al ser preguntado sobre las posibilidades de que el Ministerio de Trabajo saque adelante el estatuto del becario, la principal norma en negociación con sindicatos y patronal que el departamento no ha conseguido cerrar en esta legislatura, en el tiempo de descuento tras la convocatoria electoral de julio. En torno a una hora después, su jefa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en el mismo mensaje: “España no se para porque haya elecciones, y el Gobierno de España tiene que gobernar. Yo sigo con mi agenda pública porque me debo a mi país. Le pediría a los agentes sociales exactamente lo mismo”. Fuentes sindicales señalan que en los últimos días se ha producido una intensificación en las conversaciones y que el ministerio “prioriza” acordar esta norma cuanto antes, cuyo principal objetivo es poner límites a las prácticas extracurriculares para evitar el abuso de falsos becarios. Todo apunta a que si hay acuerdo será sin los empresarios, solo entre el Gobierno y los sindicatos, aunque de momento hay diferencias reseñables entre el planteamiento de CC OO y el de UGT.

Fuentes patronales aseguran que, aunque siguen trabajando con intercambio de documentos, su intención es no acudir a más reuniones de las mesas de diálogo social, debido a que las Cortes están ya disueltas y sería “una falta de respeto”. Además, consideran que un acuerdo para este estatuto en estos momentos es inviable, debido a las fuertes discrepancias, por ejemplo, en materia de las prácticas extracurriculares, entre otras cuestiones. Pero también por el momento político en el que se producirían estas conversaciones. No obstante, desde la patronal también ven factible que los responsables ministeriales intenten sacar adelante la norma a través de un real decreto ley sin el apoyo de las organizaciones empresariales.

“No sería de extrañar que Trabajo escenificara junto a los sindicatos un nuevo acuerdo bilateral sin los empresarios”, como ya hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la segunda fase de la reforma de pensiones, aseguran estas fuentes. Máxime estando prácticamente en precampaña electoral, añaden. Ahora bien, para alcanzar este pacto con las centrales sindicales, Trabajo deberá salvar un primer obstáculo dentro del propio Gobierno, donde hay ministerios socialistas implicados, como el de Educación o Economía, que podrían poner palos en las ruedas en el Consejo de Ministros. Si bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien tiene la última palabra y, si considera que la regulación de los becarios puede ser prioritaria de cara a la campaña electoral, quizás exija un acuerdo en el seno de la coalición, informan fuentes cercanas a la negociación.

Las declaraciones de los principales responsables del Ministerio de Trabajo responden a las que emitió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el martes. Dijo que “no tendría mucho sentido” que, habiéndose convocado elecciones generales para el 23 de julio, algún ministerio citara ahora a sindicatos y empresarios para sentarse en una mesa de diálogo social y llegar a acuerdos que podrían verse “interrumpidos” o ser aprovechados con fines electorales. ”En el momento en que se convocan elecciones, decaen las Cortes, decaen los parlamentos, aunque está la Diputación Permanente, y yo entiendo que cuando los españoles decidamos quién va a ser el próximo Gobierno, será el momento en el que nos sentemos a hablar de lo que haya que hablar”, comentó en el VI Congreso Iberoamericano CEAPI para presidentes de compañías y familias empresarias.

“Le pediría al presidente de la patronal española que recapacite, porque se debe a su país. Los 18 grandes acuerdos sociales que hemos fraguado en este ministerio se deben a los agentes sociales, pero la clave fue no hacer politiqueo. La clave fue trabajar por el bien del país. Este ministerio sigue trabajando, esta norma es fundamental”, añadió Díaz. “Las negociaciones estaban ya finalizadas y nos debemos a nuestro país, sigámoslo haciendo”. El Gobierno ha visto muy cerca el acuerdo con empresarios y trabajadores en varias ocasiones, hasta el punto de indicar que no harían falta nuevas reuniones tras el acercamiento que se produjo justo antes de Semana Santa. Sin embargo, el consenso no llegó a materializarse.

El problema de las extracurriculares

El nudo que sindicatos, patronal y Gobierno no han conseguido deshacer es el de las prácticas extracurriculares, los trabajos voluntarios que no están vinculados a la formación. Con esta fórmula muchas empresas se aprovechan de los estudiantes, convertidos en mano de obra barata o gratuita. El planteamiento original de los sindicatos abogaba por una eliminación total de este tipo de prácticas, e incluso acordaron un texto en esos términos con el Gobierno, pero aceptaron reabrir la mesa de negociación al comprobar, según fuentes sindicales, que no tendría apoyo parlamentario suficiente. Según estas mismas fuentes, PNV, ERC y EH Bildu no aceptarían ese planteamiento. Cuando este periódico ha preguntado al respecto a estas formaciones, han señalado que no se pronunciarán hasta conocer el detalle concreto de la norma. Ahora se plantea una limitación de estas prácticas, a un máximo de 480 horas, según el borrador que el ministerio planteó a los agentes sociales el 31 de marzo y que sigue encima de la mesa.

Tras la reunión que los agentes sociales mantuvieron el 11 de mayo, CC OO dijo que el planteamiento del Gobierno le resultaba aceptable, mientras que UGT exigió una propuesta “clara, concreta, cerrada y con apoyos”. Fuentes de cada uno de los sindicatos señalaban el viernes las mismas posiciones. En UGT aún tienen dudas y esperan más detalles por parte del Ejecutivo, que esperan resolver para alcanzar un acuerdo. De momento no hay reuniones formales convocadas.

La norma que propone el Ejecutivo también limita a un 20% la proporción de becarios en las plantillas, guarismo que podría escalar hasta el 30% en casos particulares. Además, articula una compensación de gastos y una “adecuada tutorización” de la actividad formativa, entre otros instrumentos para proteger más a los becarios.

En cualquier caso, las declaraciones de Garamendi y la respuesta de los responsables de Trabajo no invitan a demasiado optimismo respecto a la participación de los empresarios en este acuerdo. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros como real decreto ley, la norma tendría que pasar la prueba de la Diputación Permanente en el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayoría sin el respaldo de los partidos nacionalistas. Además, fuentes empresariales alertan sobre las dificultades que podría encontrar el Ejecutivo para justificar en la citada Diputación Permanente la utilización del real decreto ley para aprobar una norma inexistente desde hace décadas.

El viernes, Díaz no limitó los posibles acuerdos al estatuto del becario: “Esta norma hay que sacarla adelante, como hay que sacar otras”. Entre ellas están la reforma de la jubilación parcial, un cambio que el Ejecutivo se comprometió a plantear a los agentes sociales como tarde el 30 de junio. “Esta semana hemos tenido conversaciones. El tiempo disponible es reducido y es difícil que lleguemos a un acuerdo, pero nuestra voluntad es seguir discutiendo”, explicó este viernes Pérez Rey, que también hizo referencia a la promesa de abordar la reforma de los subsidios asistenciales de desempleo, parte del plan europeo de recuperación: “Es un compromiso para el que hay que ver los tiempos. Seguiremos trabajando para ver si logramos culminar esta reforma”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal