Vivienda enloquecida

El drama de la vivienda se agrava (en lo inmediato), en vez de amortiguarse (quizá a la larga). El alquiler medio aumentó en Barcelona el último año (a final de julio) un 12,7%, según el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). Subió a 1.123 euros, el 41% del salario medio local, 43 euros más que SMI.

Son las cifras más exactas y actuales, pues reflejan las fianzas mensuales que pagan los inquilinos y depositan obligatoriamente los propietarios.

Pero concuerdan bastante con los portales Idealista y Fotocasa (que recogen precios ofertados, no cerrados). En igual periodo, el alquiler aumentó en Cataluña un 9,7%; para un 9,5% en la CAM-Madrid (según Fotocasa, en agosto; 10,9%, según Idealista). Menos que en Baleares y Canarias, pero en mercados más amplios.

O sea: son precios desbordados. En el caso barcelonés —laboratorio por sus datos y por el empeño de intervención— destaca un dato. Los contratos formalizados en el segundo trimestre fueron 10.238, un 10% menos que un año antes. Cifra consistente con la reducción de la oferta, también del 10%, detectada por EsadePol (Efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña, febrero 2023).

De ese estudio sobresale la conclusión de que durante la etapa en que Cataluña tuvo topes legales (septiembre 2020 a abril 2022) sí se activó la limitación de precios del alquiler. La rebaja del precio agregado fue del 5%. Pero se concentró en los pisos más caros. Los baratos, ay, subieron. Ese periodo se mezcló con la crisis pandémica. Habrá que analizarlo todo con pinzas.

Pero no por ello deja de plantear interrogantes sobre la eficacia social de los topes. La actual subida de alquileres podría dar razones a sus partidarios: como ya no están en vigor, los precios se disparan. Pero también a sus detractores, pues sin duda se descuenta la expectativa de topes inminentes, previamente a que se fijen los índices de “mercados tensionados”, condición para que se reimplanten los límites.

La caída del número de contratos abona esa tesis. Reforzada por el alza de los contratos de alquiler por temporada, con plazos inferiores a 12 meses.

Y muchas autonomías militan contra el límite de precios. Quizá mejor enfatizar los consorcios público-privados, también hijos de esa ley. En todo caso, partidarios y detractores de los topes coinciden en que el gran problema de este mercado es la escasa oferta. Es cierto que la construcción de vivienda protegida en alquiler empieza a reactivarse. Su construcción crece un 80% tras 10 años estancada (La Vanguardia, 12 de octubre). Pero va lenta.

Por eso, tendría sentido primar la autorregulación de precios de los privados sobre la constricción pública, para el alquiler asequible que la nueva ley fomenta. Y la reconversión urgente de oficinas en pisos familiares, cuantificable en 28.000 unidades inmediatas (Negocios, 8 de octubre).

O la rehabilitación de tiendas como viviendas: quizá en parecida cantidad en las dos capitales, que acreditan un cierre definitivo de comercios cercano a las 14.000 unidades cada una. Sin contar el resto.

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