Riesgo de exclusión social

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que reúne a más de ocho mil entidades sociales, confirma que tener trabajo o un título de enseñanza superior protege más frente a una crisis, pero ya no supone una garantía frente al riesgo de caer en la pobreza. La desigualdad ha aumentado en España porque la pandemia ha incidido con mayor intensidad en segmentos sociales que todavía no habían logrado recuperarse de la Gran Recesión de 2008. El resultado es que, en 2021, más de 13 millones de españoles (el 27,8% de la población) sufrían carencias materiales severas o vivían en riesgo de pobreza. Con 380.000 pobres más que antes de la pandemia, la sociedad que sale de ella es más desigual y ha agrandado la brecha norte-sur que durante siglos ha dividido a España.

La renta del 10% de la población más rica es 11,8 veces superior a la del 10% más pobre. La brecha social crece, pero crece también la desigualdad territorial. Las 11 regiones situadas al norte de Madrid, con una población total de 27 millones de habitantes, tienen una tasa media de pobreza del 21,8%, mientras que en las seis situadas al sur, con 20 millones de habitantes, alcanza el 35,6%. En Andalucía y Extremadura, la población en riesgo de pobreza y exclusión alcanza el 38,7%, casi 11 puntos más que la media española (27,8%). En el otro extremo se encuentran Navarra y País Vasco, con un 14,7% y un 16% respectivamente. Estas cifras delatan la persistencia de la brecha norte-sur, lo que debe llevar a una reflexión profunda sobre el fracaso de los mecanismos de redistribución territorial que se vienen aplicando desde hace décadas, entre los que destaca un sistema de financiación autonómica caducado desde hace tiempo y cuya reforma sigue aplazándose desde 2014. Que uno de cada tres andaluces esté en riesgo de pobreza es un dato perturbador y casa muy mal con la decisión del Gobierno de Andalucía de suprimir o bonificar impuestos destinados a redistribuir la riqueza, como son los de patrimonio y de sucesiones y donaciones.

Es cierto que sin el escudo social aprobado por el Gobierno durante la pandemia las cifras serían mucho peores. El estudio estima que habría un millón y medio más de personas en riesgo de pobreza. Pero los factores que determinan el aumento de las desigualdades, tanto en el ámbito social como territorial, son estructurales y difícilmente se revertirán con ayudas temporales. La calidad del empleo está entre esos factores: una de cada tres personas que vive bajo el umbral de la pobreza (el 34%) tiene trabajo. La reforma laboral ha mejorado las condiciones de los empleados, pero el trabajo ya no garantiza la subsistencia. El aumento de la afiliación a la Seguridad Social esconde una enorme bolsa de trabajo a tiempo parcial forzoso que no permite vivir dignamente. Lo mismo ocurre con otro de los factores que lastra la economía familiar: el 36,2% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda. Medidas como el Ingreso Mínimo Vital, el bono social contra la pobreza energética o las becas de comedor son eficaces para mitigar las penurias, pero apenas consiguen revertir la situación. Por supuesto que han de mantenerse e incrementarse para abordar la emergencia actual. Pero el objetivo ha de estar en evitar el enquistamiento y la transmisión de la pobreza de generación en generación y para ello es necesario intervenir sobre los factores estructurales que aumentan la desigualdad.