Gasolina y espionaje

Nadie podía sospechar hace una semana que una trascendental votación como la de este jueves en el Congreso estaría literalmente en el alero. La convalidación del decreto con las medidas en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra se ve comprometida por la tormenta política del caso Pegasus. A última hora del miércoles el Gobierno anunció la tramitación del decreto como proyecto de ley en un intento de salvar su aprobación, lo que permite las aportaciones de los grupos parlamentarios.

ERC ha abandonado en los últimos días su posición inicial tironeado por sus socios de gobierno en la Generalitat, parte de sus bases y algunos sectores de la izquierda. Pere Aragonès evitó confundir en la entrevista con este periódico el domingo pasado la exigible investigación sobre el espionaje y el posible apoyo a la acción del Gobierno. Desde ese mismo domingo, el Ejecutivo ha desplegado diversas iniciativas orientadas a ofrecer una respuesta sobre la legalidad y las condiciones del espionaje (una investigación del Defensor del Pueblo, otra interna del CNI, activar la Comisión de Secretos Oficiales y que puedan formar parte de ella todos los grupos con representación en la Cámara). Todas ellas fueron recibidas con creciente insatisfacción por el independentismo catalán. Subía un peldaño más la tensión el martes con la declaración firmada por el socio menor del Gobierno, Unidas Podemos, y el resto de partidos que apoyan al Ejecutivo (a excepción, significativamente, del PNV) para exigir respuestas “inmediatas”. La escalada continuó ayer miércoles cuando ERC y el mismo Aragonès exigían el cese de Margarita Robles tras su tensa intervención en la sesión de control.

Lo que está en juego este jueves en el Congreso no tiene que ver con la legalidad de la actuación de los servicios secretos o del CNI, sino con las medidas de emergencia que necesita la sociedad española para aliviar el coste de la crisis. Las propuestas luchan contra los efectos que los precios de la energía y una inflación muy alta tienen en las cuentas, gastos y previsiones domésticas de los españoles, las empresas y los autónomos. De los 16.000 millones de euros previstos en el decreto, 6.000 irán en ayudas directas a los ciudadanos por el aumento del precio de los carburantes y 10.000 millones en créditos ICO. La medida más popular en este paquete es la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina, pero también contiene otras ayudas de diverso tipo, incluido el incremento temporal del 15% en el ingreso mínimo vital o cientos de millones de euros a sectores como la agricultura y el transporte. Todo pende de un hilo político demasiado enredado y, sobre todo, ajeno a las motivaciones económicas y sociales del decreto (o ya proyecto de ley).

Sin el voto de ERC, al Gobierno le queda el PP, que condiciona su apoyo a una bajada de impuestos difícilmente asumible por el Ejecutivo y expresamente desaconsejada por organismos internacionales. Como sucedió con la reforma laboral, la política española se empeña en granjearse la incomprensión ciudadana convirtiendo cada votación fundamental en un festival de intereses ajenos a lo que se vota. Una vez más, el Gobierno no ha medido la volatilidad de sus apoyos, pero los partidos de la izquierda tendrán que explicar muy bien a los españoles, incluidos los catalanes, que vuelven a pagar el carburante sin descuento o que les pueden subir el alquiler más del 2% porque se está a la espera de las conclusiones de las investigaciones en marcha sobre el caso Pegasus. Los ciudadanos ya soportan sobre sus hombros la gravedad de la crisis energética; este jueves en el Congreso pueden decidir que carguen también con las consecuencias del espionaje.