Sánchez no logra aplacar a ERC ante la crucial votación del decreto económico

El presidente defiende al CNI mientras Rufián lo invita a que busque apoyo parlamentario en el PP

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, este miércoles.Foto: CLAUDIO ÁLVAREZ

Gabriel Rufián ni esperó a que terminase toda la ronda de preguntas a Margarita Robles en la sesión parlamentaria de control al Gobierno de este miércoles. El portavoz de ERC ya se mostraba notoriamente insatisfecho con la respuesta que le había dado antes el presidente, Pedro Sánchez, sobre el supuesto espionaje a destacados personajes del independentismo. Y cuando entró en escena la ministra de Defensa, interpelada sobre el mismo asunto por otros portavoces, con un tono mucho más beligerante frente a la exigencia de explicaciones de los aliados del Gobierno, Rufián se revolvió en su escaño con gestos de enojo, se levantó con cara muy seria, cogió una carpeta y abandonó el hemiciclo.

La cita parlamentaria de este miércoles solo sirvió para ahondar el repentino abismo abierto entre el Gobierno y sus hasta ahora socios principales por el escándalo del supuesto uso del programa espía Pegasus para vigilar al independentismo. Se esperaba con expectación escuchar por primera vez a Sánchez hablar sobre el asunto, precisamente tras una pregunta de Rufián. Los socialistas sugerían entre líneas que el presidente podría hacer algún anuncio relevante. Nada de nada.

El clima entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios salió peor aún de lo que había entrado, a 24 horas de la decisiva votación del decreto con medidas urgentes para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Fuentes de La Moncloa señalan que no se ha suspendido el viaje de Sánchez a Moldavia y Polonia —previsto para mañana— y que está pendiente de la votación en el Congreso. En un primer momento había trascendido que la visita oficial se cancelaba, informa Carlos E. Cué.

Ante esa votación, el portavoz de ERC ya se encargó de agitar el espectro de lo sucedido con la reforma laboral, aprobada gracias al error en la votación del diputado del PP Alberto Casero y entre el rechazo de casi toda la base parlamentaria habitual del Ejecutivo. Y Rufián lo hizo en su tono más sarcástico y desafiante: “Pídale el teléfono al señor Casero”. Así concluyó su réplica al presidente, después de haberlo invitado a buscar el apoyo del PP, “que es de centro… de centro penitenciario”, se burló entre las protestas de los escaños populares.

Sánchez ya preveía que su antagonista este miércoles no iba a ser nadie de la oposición, sino uno de sus más estrechos aliados, y se arrancó con un lapsus que él mismo calificó de “imperdonable”: llamó a Rufián “señor Abascal”. El portavoz de ERC se lo tomó con humor: “Vale que me espíen, pero que me llame Abascal...”. Ni las risas que suscitó el lapsus presidencial ni los esfuerzos de Sánchez por expresarse con todo el cuidado para no incomodar a su aliado tuvieron el menor efecto para acercar posiciones.

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El presidente prometió “transparencia, objetividad y rendición de cuentas” ante las demandas independentistas. “Todo lo que ha hecho el CNI ha sido acogiéndose escrupulosamente a la ley”, aseguró. No convenció lo más mínimo a Rufián, y además dejó sin respuesta la pregunta con que este había arrancado: “¿Han ordenado ustedes el espionaje?”.

Frente a la dureza con que los independentistas exigen dimisiones por el escándalo y reclaman crear una comisión de investigación, el Gobierno está mostrando dos tonos. Uno, conciliador, fue el que esgrimieron Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien señaló que comparte la “inquietud” de los supuestamente espiados. Y otro, muy diferente, combativo y retador, lo exhibió la ministra de Defensa, quien tuvo que responder hasta a cuatro preguntas sobre el asunto.

Margarita Robles empezó suave en su reivindicación del trabajo del CNI, en sus críticas a que se dé por hecho el espionaje sin “soporte probatorio” y en su insistencia en que la ley le impide ofrecer explicaciones públicas sobre el asunto. Poco a poco, fue subiendo el volumen y pasó a la ofensiva. Al comentar que las explicaciones oficiales se ofrecerán en la comisión de secretos oficiales, una vez que quede constituida en el Congreso, lanzó: “Allí algunos de los que dan ahora lecciones tendrán que callarse al verse la actuación que han tenido”. Y más tarde justificó que se hubiesen podido interceptar las comunicaciones de los dirigentes implicados en el procés: ”¿Qué tenía que hacer el Gobierno cuando alguien vulnera la legalidad, cuando declara la independencia, cuando realiza desórdenes públicos...?”.

Lo que más dolió a la ministra no fueron las críticas de Míriam Nogueras, de Junts, o de Mireia Vehí, de la CUP. Lo que de verdad le golpeó fue la contundente intervención del siempre medido Aitor Esteban, portavoz del PNV, quien la acusó de haberse convertido en una “mera aplaudidora de las fuerzas de seguridad” y se preguntó: “¿Qué ha sido de aquella juez progresista?”. Esteban le recriminó “dejar indefenso al Parlamento” y “dañar la cacareada democracia plena española”.

Sánchez, Calviño y Ribera, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles.
Sánchez, Calviño y Ribera, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles. Alberto Ortega (Europa Press)

La oposición asistió al espectáculo como el testigo que contempla las aflicciones ajenas, aunque metiendo baza de vez en cuando, sobre todo para criticar que se vaya a incluir a ERC y EH Bildu en la comisión de secretos oficiales. Inés Arrimadas acusó al Gobierno de “arrastrarse” ante los independentistas y a estos de “lloriquear”. La líder de Ciudadanos justificó que se vigile a los implicados en el procés. También Macarena Olona, de Vox, cuya estridencia nunca defrauda: “¿Dónde está el problema? Poco les han espiado...”. Como remate, la ya candidata a la Junta de Andalucía culminó con un ataque a uno de sus objetivos predilectos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet: “No desperdicia la ocasión para prostituir la Cámara”.

En el fragor de la batalla con sus aliados, Sánchez y sus ministros insistieron en exigir al PP que apoye el decreto sobre las consecuencias económicas de la guerra, que, entre otras cosas, consagra las medidas para aliviar el precio de la gasolina. Los populares insistieron en pedir a cambio que el Gobierno asuma alguna de las rebajas de impuestos que proponen. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, dio la vuelta a la pregunta de Sánchez: “Elijan entre meterlos a ellos en los secretos oficiales o buscar con nosotros salidas para los españoles”.

Sobre la firma

Xosé Hermida

Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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