Los afectados por el espionaje no dan crédito a la versión del CNI

Una quincena de dirigentes independentistas sostienen que la intervención de teléfonos fue masiva y que afectó a terminales institucionales

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la conferencia de prensa del Govern.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la conferencia de prensa del Govern.David Zorrakino (Europa Press)

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que usó el programa Pegasus de forma puntual para espiar a líderes independentistas —con permiso judicial y siempre a teléfonos personales y no institucionales—, pero desvinculándose de la lista de las 65 personas facilitadas por Citizen Lab. La versión, adelantada el lunes por EL PAÍS, despertó ayer una oleada de desconfianza y descrédito entre varios de los supuestos espiados que recuerdan que el programa Pegasus solo lo pueden adquirir los Gobiernos. El Govern replicó al CNI dando por hecho que espió a los 65. “Las personas espiadas, la mayor parte del tiempo, usan aparatos corporativos, sean teléfonos, tablets u ordenadores. Y por lógica son estos aparatos los espiados”, replicó la portavoz Patrícia Plaja. El Govern ha anunciado acciones legales. El Parlament vota hoy si denuncia el caso en el juzgado.

Una quincena de afectados, consultados por El PAÍS, cuestionan la tesis del CNI. “Yo solo tengo el teléfono que me facilitó el Congreso y se han encontrado los dos mensajes que usa Pegasus para infectar el móvil”, dice Ferran Bel, diputado del PDeCAT. La mayoría de afectados preguntados afirman que operan con un único teléfono, que les ha facilitado el partido o la institución que representan. Es el caso del president Pere Aragonès, que le da a su teléfono un uso personal y profesional. Sergi Sabrià, alto cargo de Presidencia, y Josep Maria Jové, presidente del grupo de Esquerra en el Parlament, usan teléfonos corporativos. A Jové le han encontrado dos aparatos infectados, más allá del que le intervino la Guardia Civil por la causa del 1-O por la que irá a juicio.

La situación en Junts es pareja. Laura Borràs, presidenta del Parlament, solo tiene un iPhone. Los diputados Elsa Artadi, Albert Batet, Miriam Nogueras, y Josep Rius, ex jefe de gabinete de Carles Puigdemont tienen un solo teléfono corporativo. Igual que el expresident Artur Mas. “Las informaciones publicadas confirman que se ha espiado ilegalmente. Es un atentado a la democracia y es necesaria una investigación y dimisiones inmediatas”, dijo Rius este martes en los pasillos del Parlament explicando que recibió SMS que facilitaron el supuesto espionaje y que no da crédito a la versión del CNI. Josep Costa, exvicepresidente del Parlament, también ha sufrido una situación similar: era su línea de toda la vida que después se la pagó la institución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) interviene junto a la ministra de Economía y vicepresidenta primera Nadia Calviño (d) durante el Pleno del Congreso celebrado este miércoles. Foto: EFE/ J.J.Guillén

Marta Pascal, exdiputada, exsenadora y ex secretaria general del PDeCAT, supo que su aparato fue intervenido en 2017 y 2018, el periodo de máxima tensión del procés hasta la investidura de Pedro Sánchez tras la moción de censura. Un amigo suyo, con el teléfono intervenido, le sugirió si quería que le analizaran el teléfono y la nube. La investigación se quedó en esos dos años, pero no pudo proseguir porque le robaron el móvil. “Tienes una sensación de indefensión e indignación. Fueron a saco y a espiar de manera masiva”, lamenta la ahora presidenta del Partit Nacionalista de Catalunya que fue una de las políticas nacionalistas más partidarias de negociar y no proclamar la independencia. Pascal, que ha mostrado su sorpresa por el silencio de Pedro Sánchez, tomará acciones judiciales con otros afectados del PDeCAT. “Es una cuestión de calidad y salud democrática”, afirma.

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En la lista de los pinchazos también figuran eurodiputados como Diana Riba o Jordi Solé. Ambos mantienen que solo atienden a un móvil

En la lista de los pinchazos también figuran eurodiputados como Diana Riba o Jordi Solé. Ambos mantienen que solo atienden a un móvil. Su caso es distinto a los diputados del Parlament o del Congreso de los Diputados. El Europarlamento no entrega teléfonos a los políticos cuando ocupan su escaño, sino que les abona una cantidad de dinero para que compren el material que consideren necesario. Riba afirma que el teléfono que le pincharon contenía “el correo del Parlamento Europeo, los grupos de WhatsApp con otros eurodiputados y la agenda profesional”.

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que ahora agota su segundo mandato y renuncia al cargo, afirma que no le sorprende aparecer en la relación de afectados. En 2018, fue elegida presidenta de la entidad en sustitución de Jordi Sànchez y desde entonces ha tenido cuatro teléfonos distintos. La exdecana de la facultad de Economía sospechó en 2018 que su teléfono estaba pinchado y un analista certificó que, a través de software, se le activaba un micrófono a distancia. Citizen Lab ha concluido ahora que su iPhone de 2019 y el Android de 2020 estaban intervenidos. El primero, con fecha del 21 de octubre, una semana después de la sentencia del procés y a través de una sms de una revista en inglés. “No me sorprendió (el pinchazo) por lo que pasó en 2018. Y cuando surgió Citizen Lab pensé que por fin podría hacer algo”, dice. En su caso, en 2020, recibió dos SMS: uno que apelaba a un proyecto de Europa Press y otro de un medio que hablaba sobre las elecciones de la ANC. “Presentaremos una querella. Ha habido una vulneración de derechos. [El CNI] podrá decir que puede actuar contra un presidente de la ANC por querer atentar contra la integridad del Estado, pero han espiado también a gente rasa de la ANC”, avisa.

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