ArgentinaTribuna
i

Mentiras, terror y confabulaciones: la estrategia que dio luz al golpe militar en Argentina

En el semestre previo al golpe militar, durante el Gobierno constitucional de Isabel Perón, ya funcionaban seis “lugares de reunión de detenidos” controlados por las Fuerzas Armadas. Para entonces, el terror era público

Marcelo Larraquy
El general Jorge Rafael Videla (c) jura como presidente de Argentina en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, acompañado por el almirante Emilio Massera (i) y el brigada Orlando Agosti (d), miembros de la Junta Militar que derrocó a Isabel Perón con un golpe de Estado, 29 de marzo de 1976.
El general Jorge Rafael Videla (c) jura como presidente de Argentina en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, acompañado por el almirante Emilio Massera (i) y el brigada Orlando Agosti (d), miembros de la Junta Militar que derrocó a Isabel Perón con un golpe de Estado, 29 de marzo de 1976.

Las Fuerzas Armadas prepararon el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la Argentina con seis meses de anticipación. Mientras juraban su “fidelidad al orden constitucional” en el discurso público y expresaban su “prescindencia política”, comenzaron a modificar el reglamento militar para legitimar internamente el sistema de aniquilamiento.

Según los nuevos procedimientos que aplicarían, cuando los “grupos de tareas” entraran en operaciones, no debían aceptar rendiciones, a menos que lo estableciera una orden castrense expresa. Para alojar a los detenidos se crearían los LRD (“lugar de reunión de detenidos”), donde se los interrogaría sin posibilidad de acceso a la defensa legal o a la justicia. A partir de entonces comenzaron a refaccionar las guarniciones para la instalación de los citados LRD, luego conocidos como centros clandestinos de detención o campos de concentración.

En el semestre previo al golpe militar, durante el Gobierno constitucional de Isabel Perón, ya funcionaban 6 LRD controlados por las Fuerzas Armadas. Para entonces, el terror era público. Se sembraban los descampados con cadáveres carbonizados lanzados por las bandas paraestatales, anárquicas e inorgánicas, de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina.

En 1976, después del golpe, los LRD ya estaban en pleno funcionamiento, distribuidos en todo el país. Eran 365.

La Triple A había dejado de actuar: se disciplinaron bajo el mando del terror oficial. No había más cadáveres a la luz pública. El terror ahora era casi invisible, aunque la sociedad tampoco lo quería ver.

La palanca que movía la maquinaria de la aniquilación -el secuestro, la desaparición y las tortura en los LRD-, estaba instalada el Batallón 601, que concentraba a la elite de la inteligencia del Ejército.

En el sótano de su sede -un edificio en el centro de Buenos Aires-, permaneció secuestrado el cadáver de Evita en 1957, antes de que fuera trasladado clandestinamente a Italia.

Casi veinte años después, los agentes de la “comunidad informativa” -muchos de ellos PCI, personal civil de inteligencia-, se infiltraban en fábricas, universidades, ambientes culturales y sociales, y producían informes que se analizaban en la Sala de Reunión del 601, y de allí se derivaban a cada cuerpo de Ejército, para continuar aceitando la maquinaria, y poblando los LRD de desaparecidos.

La inteligencia militar y el centro clandestino, fueron claves para la arquitectura de la represión ilegal. Además de sembrar un terror invisible, que paralizó a la sociedad.

¿Se pudo haber evitado el golpe de Estado de 1976 en la Argentina?

En la vorágine del caos y la violencia previa al golpe militar, hubo al menos cuatro factores que facilitaron la usurpación del poder.

a) El acceso del general Jorge Videla a la jefatura del Estado Mayor Conjunto el 28 de agosto de 1975, por decisión de Isabel Perón, quien cedió a la presión de la “línea golpista”, enmascarada bajo la “prescindencia política”. A partir de ese día “la línea golpista” dominó el Ejército.

b) El ataque de la guerrilla peronista (Montoneros) al Regimiento de Formosa poco más de un mes después, el 5 de octubre. Tuvo como consecuencia la publicación de un decreto, firmado por el gabinete de ministros, que autorizó la intervención militar para “la lucha antisubversiva” en todo el país.

c) El apoyo de la corporación empresaria al golpe militar para eliminar las comisiones internas de las fábricas -que relacionaban sin eufemismos con “la subversión”-, y dificultaban el “desarrollo del proceso productivo”; en febrero de 1976 la corporación empresaria promovió un lock-out masivo (“cierre de persianas”) para denunciar “el agotamiento del gobierno”.

d) La actuación de las autoridades de los partidos mayoritarios, Partido Justicialista (PJ) y Unión Cívica Radical (UCR), quienes estuvieron más atentos a las intrigas castrenses que a la búsqueda de un pacto institucional amplio para sostener la democracia.

En los meses previos al golpe, como consecuencia del vacío de poder, se fue degradando la política partidaria, la justicia, el Parlamento. Hasta que en la noche del 23 de mayo de 1976, el ministro de defensa José Deheza reunió a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y les ofreció un cambio de gabinete, o todo lo que quisieran, menos la renuncia de Isabel Perón. La respuesta fue: “Ya es tarde”. Pocas horas después comenzaría la movilización de las tropas. Y un grupo de militares subirían las escaleras de un edificio, irrumpirían en un departamento y tirarían desde el balcón a la primera víctima, mientras un locutor de Radio Nacional leía el primer comunicado de la Junta Militar, en el que se recomendaba el estricto acatamiento de “disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policial”, para evitar la intervención “drástica” del personal en operaciones.

De este modo se consumó el golpe de Estado más anunciado de la historia argentina.

Cuarenta y cinco años después, por el impulso de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad, 254 causas llegaron a la sentencia, más de mil personas fueron condenadas -la mayoría de ellos personal militar y fuerzas de seguridad-, se están sustanciando veintiún juicios orales, y muchos otros se encuentran en proceso de instrucción.

Y ya nadie piensa que las Fuerzas Armadas deben actuar internamente para salvar al país y guiar su destino. O acaso sean muy pocos.

Marcelo Larraquy es periodista e historiador argentino. Su último libro es La guerra invisible. El último secreto de Malvinas. @mlarraquy en Twitter.

Archivado En:

Más información

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50