La misteriosa desaparición de los jefes del azúcar bielorruso

Aquel lunes, Dmitri Yégorov, director de la gran empresa azucarera de Skidel, en el oeste de Bielorrusia, no se presentó al trabajo. Tampoco fue el martes. Ni Víktor Mirónov, responsable durante más de dos décadas de la azucarera Zhábinka. Se empezó a rumorear que ambos habían sido “convocados a Minsk”. No volvieron a pisar la fábrica. El viernes anterior, Mijaíl Kristanóvich y Nikolai Prúdnik, jefes de las otras dos empresas de azúcar del país decidieron tomarse unas vacaciones inesperadas. Durante días, nada se supo sobre el paradero de los directores de las cuatro azucareras del antiguo estado soviético. Y Bielorrusia empezó a elucubrar sobre su suerte, que ya se pronosticaba muy poco dulce.

Prúdnik y Kristanóvich nunca llegaron a su destino vacacional. El Embraer 175 en el que viajaban de Minsk a Múnich, de la compañía bielorrusa de bandera Belavia, dio un giro cuando sobrevolaba Polonia y aterrizó de forma imprevista en Grodno (al oeste de Bielorrusia). Allí, ante la mirada atónita de los pasajeros, que temían algún problema técnico o incluso una amenaza terrorista, un equipo policial subió a bordo y se llevó a dos hombres y sus acompañantes. Más tarde se supo que eran ambos directivos y sus familias.

Once días después, el presidente Aleksander Lukashenko reveló lo que la mayoría del país sospechaba, que los jefes de las cuatro empresas azucareras habían sido arrestados por el KGB. Y permanecen bajo custodia del servicio secreto bielorruso, que aún conserva el acrónimo de los tiempos soviéticos (el único que no lo ha renombrado) y, según los críticos, también algunas de sus prácticas. Están imputados por soborno, malversación de fondos y estafa junto a otras siete personas —entre trabajadores y altos funcionarios— en lo que se conoce ya como el caso del azúcar. El suceso ha sacudido el país.

Lukashenko, que gobierna con puño de hierro Bielorrusia desde hace 25 años, reconocible por su característico y cuidado bigote y a quien se suele denominar el "último dictador de Europa", comentó que había sido él quien ordenó las detenciones y mandó retornar el avión. En las inspecciones se encontró que los acusados tenían “docenas de coches de lujo, apartamentos, mansiones y una gran cantidad de dinero en efectivo”, aseguró el presidente bielorruso, a quien la televisión pública suele mostrar en visitas e inspecciones a granjas, fábricas o escuelas, como quien controla personalmente la gestión del país. “No se les golpeó, no se les metió los dedos en la puerta. Se les plantó y se les exigió la verdad. Y confesaron”, aseguró Lukashenko el martes, en una de esas visitas televisadas, esta vez a una productora de papel.

El caso, en el que responsables de toda la industria del azúcar están bajo el foco, no tiene precedentes en Bielorrusia, comenta la analista económica Olga Loiko. El más sovietizado de los antiguos países de la URSS apenas registra casos de corrupción doméstica o a pequeña escala (mordidas a policías, funcionarios o médicos), señala Loiko. Aunque no son infrecuentes sucesos en el ámbito empresarial. Público o privado, afirma la experta bielorrusa.

Pero el caso de “la mafia del azúcar” —como lo llaman los medios estatales después de que se hiciesen públicas las detenciones— llega además en un momento interesante para las elecciones presidenciales de este verano. “La coincidencia entre la revelación del delito y el inicio de la campaña es probablemente accidental, pero beneficioso para las autoridades", señala Loiko. Bielorrusia (9,5 millones de habitantes), con una economía de semi-mercado —y un PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de unos 20.000 dólares anuales, según datos del Banco Mundial—, está embarcada en una intensa negociación con Rusia sobre el precio del petróleo, del que es muy dependiente, que puede poner en riesgo su estabilidad económica.

Mientras, el azúcar está en todas las casas, es un tema cercano y comprensible. También importante para Bielorrusia, que en los años noventa nacionalizó las empresas azucareras y que hace dos, ante la caída de los precios mundiales del producto, fijó un mínimo para la venta interna: unos 63 céntimos de euro. Una regulación que ha permitido modernizar y mantener la industria pero que afecta al bolsillo de los bielorrusos (con un salario mínimo anual de unos 375 euros). Ahora, tras el escándalo del caso del azúcar, todo eso podría cambiar.

Los directivos acusados se aprovechaban de esa regulación, según los datos divulgados por el presidente Lukashenko y por la Fiscalía General. Los cuatro jefes de las azucareras bielorrusas y el director de la empresa estatal exportadora crearon una compañía fantasma en Rusia y le vendían a precios bajos un azúcar que no se llegaba a exportar, sino que se vendía en Bielorrusia al precio regulado, de forma que los acusados se embolsaban la diferencia. Además, los empresarios comercializaban el producto a intermediaros rusos a precios inferiores y por cada tonelada recibían comisión.

“Cada año, la cantidad de sobornos se estima en cientos de miles de dólares”, aseguró el portavoz del KGB, Konstantin Bychek, citado por el portal independiente bielorruso Tut.by, que ha hecho un intenso seguimiento del caso. Los jefes del azúcar bielorruso contaban además con una baza interna: alguien les avisaba de las inspecciones y les protegía de revisiones indiscretas. Vladímir Tijin, un alto cargo del Ministerio del Interior, considerado uno de los popes de la lucha anticorrupción en el país —y que cuenta con varias denuncias de opositores por vulneración de los derechos humanos—, ha sido detenido como parte del caso. Se sospecha que fue él, jubilado en diciembre, quien dio el chivatazo a Prúdnik y Kristanóvich para que huyeran.

Los acusados se enfrentan hasta a 15 años de cárcel. “Aquí estamos tratando de construir e innovar para que la gente tenga un salario y mientras esos bastardos están robando insolentemente a plena luz del día”, recalcó tajante el presidente Lukashenko. Y advirtió: “Que todos los directores tomen nota”.