Macri intenta reconciliar a los argentinos con la policía

Con el país sumido en una profunda crisis económica y a menos de siete meses de las elecciones generales, el Gobierno argentino, comandado por Mauricio Macri, busca colocar la política de seguridad en el centro de la agenda. Parte de esta estrategia incluye dar batalla a la corrupción interna mientras eleva la moral de las fuerzas con mensajes claros de apoyo. Su objetivo final: recomponer el vínculo entre los uniformados y la población, una relación siempre conflictiva en el país sudamericano.

Argentina pelea por limpiar la herencia negra que la policía carga desde la dictadura. Desde 1983, distintos gobiernos emprendieron purgas de todo tipo y reformas más o menos profundas, sin demasiado éxito. Ahora, el Ejecutivo se apresura a distinguir a los policías involucrados en actividades delictivas del comportamiento del resto, mientras lanza mensajes de reconciliación. Macri lo dejó claro en su discurso de apertura del año legislativo, el 1 de marzo. "Las mujeres y los hombres de nuestras fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración. Como ustedes saben, hace muchos años yo sufrí en carne propia a la mala policía. Por eso, créanme que entiendo a quienes pasan por algo así", dijo ante los legisladores. En 1991, una banda integrada por policías secuestró a Macri y lo liberó 12 días después tras el cobro de un rescate.

La tarea no es sencilla, porque exige al Gobierno un delicado equilibrio. Así, mientras intenta limpiar la corrupción en las fuerzas de seguridad, paga al resto con nuevas atribuciones. Tras la aprobación de un protocolo que autoriza a los uniformados a disparar sin agresión previa ni dar la voz de alto, el Ejecutivo de Macri anunció el lunes la creación de una unidad que protegerá los derechos humanos de policías víctimas de agresión. Un día antes había felicitado a los oficiales de la Federal —un cuerpo que depende del Gobierno de la Nación— que mataron, en un enfrentamiento, a un comisario de la policía local de Buenos Aires supuestamente involucrado en una trama de sobornos vinculados al narcotráfico.

"Los derechos humanos son para todos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al anunciar la creación de la Unidad de Garantías de los Derechos Humanos. Desde el departamento que lidera Bullrich ponen como ejemplo la agresión sufrida por un agente en el interior de un autobús o los escraches contra familiares de quienes participaron del operativo de represión contra una comunidad mapuche en el que hace dos años murió ahogado el activista Santiago Maldonado.

En un ambiente de tensión entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos argentinas a lo largo de todo el mandato, las palabras de la titular de Seguridad generaron un nuevo encontronazo. "¿Qué quiere inventar esta muchacha Bullrich ahora? Están completamente locos", dijo en declaraciones radiales la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Que dejen que la policía cree un gremio y que el Gobierno sanee de corrupción de las Fuerzas, así se defiende los derechos humanos", agregó De Carlotto.

Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), cree que el objetivo de las autoridades argentinas "es buscar la confrontación" con los organismos de derechos humanos y sumarse al juego. Aun así, cree que para avanzar en esa dirección es necesario resolver problemas estructurales de las fuerzas de seguridad, como la precarización laboral "que redunda en la violación de derechos", la violencia de género dentro de la policía y "la persecución que sufren policías mujeres y varones que deciden denunciar irregularidades", entre otros.

"Eran cuatro delincuentes de la Bonaerense", definió Bullrich a los cuatro policías que cayeron el viernes en el operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en una estación de servicio de Sarandí, a las afueras de Buenos Aires. "Eran delincuentes vestidos de policías", coincidió el jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, tras visitar en el hospital a los dos miembros de su fuerza que resultaron heridos durante el tiroteo.

Vestidos de paisano, 12 agentes de la PFA esperaron a integrantes de la policía bonaerense que habían citado en la gasolinera a una mujer dominicana para cobrarle 170.000 pesos (casi 4.000 dólares) a cambio de no iniciar una causa por narcotráfico contra su pareja. Tres de los policías bonaerenses fueron detenidos in fraganti, pero el comisario Hernán Martín, jefe antidrogas de Avellaneda, intentó escapar y abrió fuego. Murió de cuatro disparos, pero hirió antes a dos policías de la PFA. 

Martín había sido ascendido a comisario hacía solo dos meses y no tenía ninguna denuncia en su contra, lo que pone de relieve la difícil batalla para erradicar la corrupción del seno policial. Desde diciembre de 2015, cuando asumió la Presidencia, hasta finales de febrero, se han abierto 30.798 sumarios contra miembros de la policía bonaerense. 12.350 han sido apartados de la fuerza y 840 están detenidos, según datos de la cartera de seguridad provincial.

La corrupción enquistada hace mella en la imagen de esa fuerza policial. Dos de cada tres habitantes de la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada de Argentina, desconfía de la policía bonaerense, de acuerdo a la última Encuesta nacional de victimización. En cambio, sólo un tercio tiene la misma impresión de Gendarmería, la policía militar argentina.

A pesar del desprestigio de la policía, la demanda de mayor seguridad es una vieja reivindicación de la sociedad argentina. Pero los problemas económicos que atraviesa hoy gran parte de la población lo han dejado por el momento en un segundo plano. Macri intenta devolver el tema al primer lugar de la agenda.