La Corte Penal Internacional amplía sus competencias en su vigésimo aniversario

El 20º aniversario del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), se cumple este martes con algo más que festejos. Supone la inclusión a su jurisdicción del crimen de agresión, que implica “planear, preparar, iniciar o ejecutar una agresión que por su carácter y gravedad viole la Carta de Naciones Unidas”. Es la primera vez, desde los juicios de Nuremberg y Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial, que un tribunal internacional podrá juzgar a los líderes responsables de provocar una guerra. La Corte ha ganado competencias, pero sigue siendo blanco de críticas por su supuesta inclinación hacia delitos perpetrados en África. Y por el hecho de que Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel no figuren entre sus miembros.

El crimen de agresión ha tardado ocho años en sumarse al tronco de los peores delitos de la justicia internacional, formado ya por el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. El de agresión solo entrará en vigor para los Estados miembros de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), que hayan ratificado o aceptado —35 del total de 123— las enmiendas del Estatuto de Roma que lo incluyen. 

El Consejo de Seguridad de la ONU sí que podrá remitir un caso de este tipo a la Corte sin cortapisas, pero tres de sus cinco miembros son China, Rusia y Estados Unidos. A dicha barrera política se suma la actitud de los otros dos, Francia y Reino Unido. “Es triste que hayan preferido no ratificar y se aparten del crimen de agresión. Ambos países estuvieron en el Juicio de Nuremberg, cuando los vencedores de la Segunda Guerra Mundial sometieron a la ley al agresor alemán vencido. Y sin embargo, Francia y Reino Unido no hacen lo propio con unas normas sobre el imperio de la ley que sí exigen a otros”, advierte Donald Ferencz, jurista estadounidense, fundador del Instituto Global para la Prevención de la Agresión.

El Estatuto de Roma cumple 20 años, aunque la Corte abrió sus puertas en 2002, y todos los acusados o procesados —26 casos, ocho condenas y tres acusados con el juicio en marcha—proceden de países africanos: desde Sudán a Libia, y de Malí, Costa de Marfil a Kenia. Debido a ello, la Unión Africana (UA) adoptó en 2017 una decisión no vinculante llamando a la retirada de sus miembros de la CPI. Burundi así lo anunció ese mismo año, a pesar de que las investigaciones de la Fiscalía sobre posibles crímenes contra la humanidad siguen su curso. Sudáfrica y Gambia siguieron su estela, pero revocaron la decisión. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, también dijo que se iba. No quiere injerencias en su particular lucha contra las drogas.

Ha habido en la Corte sentencias históricas, como los 14 años de cárcel impuestos en 2012 a Thomas Lubanga, antiguo señor de la guerra congoleño, por reclutar niños soldado. También fiascos, como la renuncia a juzgar en 2014 a Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, acusado de crímenes contra la humanidad por responsabilidad indirecta en la muerte de 1.300 civiles. Fatou Bensouda, la fiscal jefe, denunció el soborno y amenaza de los testigos, pero no pudo reunir pruebas suficientes y renunció al juicio.

Lo último ha sido una sorpresa sonada: la libertad provisional, este junio, de Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente congoleño. Fue condenado en 2016 a 18 años de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad, perpetrados en la República Centroafricana por el Movimiento de Liberación de Congo (MLC). Los milicianos estaban a sus órdenes, pero la Sala de Apelaciones revocó la pena porque “no se le podían atribuir los crímenes”. Bensouda, que había logrado aquí la primera condena por violación como crimen de guerra, acató y lamentó la decisión. Fue el peor revés desde su toma de posesión en 2012.

“La Corte Penal tiene nobles intenciones, pero como las grandes potencias no han ratificado el Estatuto, el trabajo realizado debe verse bajo el prisma de lo logrado hasta ahora. Aunque ha habido problemas y decepciones, los tribunales especiales, como el de Yugoslavia o Ruanda, no serán reemplazados. Por eso hay que apoyarla”, dice el jurista británico Geoffrey Nice, fiscal principal del juicio contra el expresidente serbio, Slobodan Milosevic. De visita de trabajo en Kosovo, añade por teléfono que “si bien faltan fondos y la Corte carece de policía propia, se podría llevar a los grandes [criminales] ante la justicia”. “Por ejemplo, con el caso de la Flotilla de la Libertad [cuando la Marina de Israel abordó en 2010 seis embarcaciones con ayuda humanitaria para Gaza y hubo nueve activistas muertos y 30 heridos]. La acusación decidió que no era suficiente y cerró el caso”, dice lacónico. En su opinión, la Fiscalía es un puesto sometido a presiones, “y el primer fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, parecía más interesado en la política; no dejó la oficina en buen estado”. “Bensouda es mejor, pero parece tener también muy en cuenta la influencia de las fuerzas internacionales. Hay que esperar. Fíjese en el Tribunal para la antigua Yugoslavia. Al final logró juzgar a buen número de los mayores responsables de las guerras balcánicas”.

Para el jurista Ferencz, el caso de Bemba es “perturbador y difícil de entender”, según señala en conversación telefónica desde Reino Unido. Es también asesor especial del grupo de trabajo encargado de las enmiendas del Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión. Y es hijo de Benjamin Ferencz, fiscal jefe del tribunal militar de Nuremberg que juzgó a 24 oficiales nazis de las SS (los Einsatzgruppen) por el asesinato de un millón de personas en Polonia y en la Unión Soviética. Ferencz recuerda ahora que la creación misma de una Corte Penal Internacional “se acordó en Nuremberg”. “Por eso, con sus imperfecciones y los países que la ignoran, tiene la oportunidad de cumplir el legado de aquellos juicios sobre la guerra agresiva”.