La OEA pide a la Corte Penal Internacional investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tiene previsto enviar este miércoles a la Corte Penal Internacional un informe de un grupo de expertos que apunta a la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela y considera al presidente Nicolás Maduro uno de los “autores intelectuales de la represión”. El objetivo de Almagro es que el tribunal, con sede en La Haya, utilice la nueva información para abrir una investigación sobre la atroz campaña contra los opositores venezolanos o bien incorporarla a sus otras pesquisas sobre el asunto.

La decisión de Almagro llega al día siguiente de que un panel de tres expertos internacionales determinara, en una investigación solicitada por la OEA, que hay “fundamento suficiente” para considerar que los ataques a la población civil venezolana, desde al menos febrero de 2014, constituyen “crímenes de lesa humanidad” conforme al Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional (CPI). Los especialistas pidieron remitir las conclusiones de la investigación al fiscal del tribunal de La Haya. “La intención de Almagro es hacerlo hoy”, explicaron este miércoles fuentes de la OEA.

El jefe del organismo, con sede en Washington, alertó el pasado julio de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela y eligió a Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI, para iniciar una investigación. Pero el jurista argentino abandonó esa tarea en octubre después de que informaciones periodísticas revelaran que, durante su etapa en La Haya entre 2003 y 2012, tuvo dinero en un paraíso fiscal. Almagro designó entonces a tres expertos: el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.

Su informe, elaborado a partir de decenas de testimonios dada la incapacidad de los expertos de visitar Venezuela, describe un patrón de “ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil” como parte de una “política de Estado” contra los críticos de Maduro. Incluye “detenciones masivas, desapariciones forzosas, asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual”. Los expertos señalan a 11 individuos -Maduro y altos cargos de su Gobierno y de las fuerzas de seguridad- como responsables penales. Las cifras son escalofriantes: 131 ejecuciones extrajudiciales, 8.292 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias o 289 denuncias de tortura.

La CPI anunció el pasado febrero la apertura de un examen preliminar a Venezuela después de que un centenar de congresistas colombianos y chilenos presentaran en julio de 2017 una denuncia contra Maduro, al que acusan de “la comisión de crímenes de derecho internacional”. A finales del año pasado, se presentó otra denuncia por parte de Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela huida del país caribeño, que solicitó una orden de captura internacional contra el presidente.

Como signataria del Estatuto de Roma, en 1998, Venezuela acepta la jurisdicción de la CPI, que tiene competencias para investigar la represión de Maduro siempre que quede demostrado que la Justicia venezolana no lo está haciendo. Pero la aritmética de La Haya condiciona la maniobra de Almagro. La OEA no puede enviar un caso al tribunal internacional. Solo pueden hacerlo los Estados miembros de la organización panamericana (28 de los 34) que han suscrito el Estatuto de Roma. De hacerlo, lo que por ahora no ha ocurrido, la Oficina del Fiscal de la CPI debería abrir automáticamente una investigación. Eso supone que Almagro remite el informe de la OEA a título personal, lo que no obliga al tribunal a actuar a no ser que lo determine un grupo de jueces.

Desde que el excanciller uruguayo asumió en mayo de 2015 la secretaria general, la OEA se ha enfrentado a Venezuela. El organismo ha elevado el tono ante el deterioro democrático y humanitario en Caracas. Eso llevó al Gobierno de Maduro a anunciar en abril de 2017 su salida (que tarda dos años en ser efectiva) de la OEA.