Las lecciones que deja el Tribunal para la antigua Yugoslavia en su despedida

Aniversario y despedida. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) cumple 24 años y echa el cierre este jueves en una solemne ceremonia en su sede de La Haya, tras haber juzgado a los principales responsables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en las guerras de los Balcanes (1991-2001). Un conflicto regional convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacional, que obligó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a crear el TPIY en 1993. Ahora que sus 161 acusados, 154 procesos, 83 sentencias y 19 absoluciones impiden la negación de los delitos, y que la aplicación de la justicia humanitaria internacional facilitó en 2002 la creación de la Corte Penal Internacional, queda lo más difícil: la reconciliación de unas comunidades todavía antagónicas. 

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La labor del TPIY ha demostrado “el poder de la justicia internacional en unos territorios donde había desaparecido la ley y el orden”, en palabras de Carmel Agius, su presidente, nacido en Malta. O, como dice la jueza costarricense Elisabeth Odio Benito, “sacó la ley de los libros y la puso en la calle”. Ella se estrenó en este Tribunal, fue luego vicepresidenta de la Corte Penal Internacional y ahora trabaja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asegura que “todo lo que ahora nos parece normal, desde calificar de crimen de guerra la violación de una mujer en un conflicto armado, a la protección de las víctimas, es gracias al TPIY”. Aunque subraya que “no se le puede pedir a ninguna corte que logre la paz, mucho menos cuando este tribunal se creó con la guerra ya en marcha”, su reflexión trasciende lo ocurrido en la antigua Yugoslavia. Señala, en particular, sacudidas como la del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). “Por definición, estos tribunales especiales [ad hoc, en términos técnicos] tienen fecha de caducidad. Pero ante crímenes como los que estamos viendo en Siria, serían una buena solución. Porque el terrorismo es un crimen contra la humanidad, y el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU complica elevar el caso sirio a la Corte Penal”. 

Agius y Odio Benito han participado esta semana en el simposio que ha puesto fin a los trabajos del TPIY. La jornada mostró el esfuerzo de una labor “que nadie pensó que llevaría 24 años completar”. “Pero hemos perseverado y quedará una versión reducida de la corte para las apelaciones”, como recordó Agius, y también una cierta amargura.

Paddy Ashdown, el político liberal británico, también presente en el acto, lo resumió así: “La paz no es un hecho aislado, es un proceso y también el asunto más político de todos”. Entre 2002 y 2006, fue Alto Representante para Bosnia Herzegovina y supervisó la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton de 1995. “El TPIY ha contribuido a la aplicación de la justicia internacional y, con ello, a la paz en momentos peligrosos, pero no nos engañemos”, apuntó. “No habrá verdadera paz en los Balcanes hasta que desaparezcan los políticos que mandaban entonces y siguen ahí. La radicalización de los jóvenes no es privativa de Bosnia. La hemos visto en el islam y entre la extrema derecha europea. En Bosnia, la reconciliación está estancada porque la comunidad internacional no lo ha hecho bien; ha fallado la voluntad y ha arraigado la refutación de los hechos”. 

Ahí, en el rechazo a aceptar la culpa propia, y en la derrota de la educación para evitar victimismos, hicieron hincapié dos expertas. Jelena Krstic, directora del Centro de Derecho Humanitario, de Belgrado, aseguró que “nadie ha leído en Serbia la sentencia de cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica contra Ratko Mladic, el exgeneral serbobosnio. “La ciudadanía bloquea la verdad y los políticos abusan de ello para mantenerse en el poder. Entre todos, han hecho sitio a la negación colectiva de lo ocurrido”. Nerma Jelacic, musulmana bosnia, que fue la jefa de comunicación del TPIY, añadió que “la verdad está en los archivos del tribunal y es preciso el apoyo internacional para que se puedan consultar en la propia región y la gente sepa lo que pasó. Es nuestro deber hablar de la verdad, si no es imposible seguir adelante”. La jueza Odio Benito lo resumió luego en dos palabras: “Voluntad política”.