Un nuevo revés para La Haya

La salida del presidente de Sudán, Omar al Bashir, de territorio sudafricano ha dado un nuevo revés a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, supuestamente perpetrados en Darfur, sobre el mandatario pesan desde 2009 y 2010 sendas órdenes de arresto emitidas por la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Un tribunal sudafricano dictó este domingo una orden provisional para impedir que Al Bashir  abandonase el país, ante la orden de detención de La Haya. Las autoridades sudafricanas no has respaldado tal petición y ha permitido el viaje de vuelta del presidente sudanés.

Al carecer de policía, la CPI depende de la buena disposición de sus miembros para detenerle, y así se lo ha pedido a las autoridades de Pretoria. Al ver que asistía en Johanesburgo a la cumbre de la Unión Africana (UA), los fiscales recordaron al Gobierno de Jacob Zuma que Sudáfrica es miembro de la CPI. Está, por tanto, obligada a detener a Al Bashir y entregarlo a La Haya, su sede. No es la primera vez que el líder sudanés viaja desde que fuera señalado por la justicia internacional. 

De haber sido trasladado a la CPI, Al Bashir hubiera sido el primer jefe de Estado en ejercicio procesado por el delito más difícil de demostrar, el genocidio. El problema es que tanto la UA como el presidente sudafricano, Jacob Zuma, critican “el entrometimiento de la Corte Penal en sus países”. Consideran que solo se preocupa de perseguir presuntos criminales negros en el continente africano. Al quedarse de nuevo con las manos vacías, la CPI ve dañada su credibilidad como la única instancia dedicada a perseguir de forma permanente los peores crímenes. Sobre todo desde que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, decidiera suspender en 2014 sus investigaciones en Darfur “por falta de apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Conocido por sus desplantes a la CPI, Al Bashir tuvo a gala sumarse a la foto de familia de la Unión Africana en cuanto supo que se había pedido su arresto. Sus abogados explican su actitud en virtud de la inmunidad diplomática otorgada por el Gobierno de Zuma a todos los líderes presentes. Se trata de una costumbre “lógica en este tipo de citas”, y por eso esperaban “abandonar Sudáfrica este mismo lunes”.

Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, recordó este lunes que todos los miembros de la CPI “deben arrestar a los acusados por sus fiscales”. “El Gobierno sudafricano tiene que apoyar el esfuerzo de la comunidad internacional para hacer justicia a las víctimas de estos crímenes horrendos”. Exactamente lo mismo que dijo el Centro Sudafricano de Disputas Judiciales, una ONG de Johanesburgo, y Amnistía Internacional, al pedir que lo retuvieran.

En su acusación, la fiscal Bensouda, incluye tres cargos de genocidio (destrucción calculada de comunidades concretas, asesinato y daños psíquicos), cinco cargos de crímenes contra la humanidad (asesinato, exterminación, deportación, tortura y violación) y dos cargos de crímenes de guerra (ataques intencionados contra civiles y saqueo).

La ONU señala que al menos 500.000 personas han muerto en Darfur, y unos tres millones ha huido de sus hogares desde 2003. La región está al oeste de Sudán y el conflicto estalló ese año. Aunque la mayoría de los habitantes del país son musulmanes, la pugna es entre la etnia negra y la de origen árabe. El Ejecutivo de Al Bashir (de ascendencia árabe) niega haber apoyado a los milicianos yanyaweed, pero les ha proporcionado armas. También ha participado en ataques contra los pueblos Fur, Zaghawa y Masalit, sudaneses negros.