La Corte Penal renuncia a juzgar al presidente de Kenia

La Corte Penal Internacional (CPI) ha renunciado a juzgar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos tras las elecciones de 2007. La fiscalía le acusaba de ser responsable indirecto de la muerte de unos 1.300 civiles (otro medio millón perdió su hogar) pero no ha podido reunir suficientes pruebas para demostrarlo. La decisión de abandonar el caso se produce poco después de que los jueces le dieran una semana a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, para poner en orden el expediente. Kenyatta niega los cargos, pero la fiscalía asegura que sus testigos ha sido amenazados y sobornados por grupos afines al acusado, jefe de Estado en ejercicio. El fiasco daña la credibilidad de la Corte, acusada de fijarse solo en los delitos cometidos en África.

Kenyatta habría sido el primer mandatario de su categoría en comparecer ante la CPI desde su apertura, en 2002. Acusado hace dos años, la fiscalía también ha denunciado la falta de colaboración de las autoridades y organismos oficiales kenianos en la búsqueda de datos esenciales para acusarle. “Las pruebas no han mejorado hasta el extremo de poder demostrar, más allá de toda duda razonable, la supuesta responsabilidad criminal de Uhuru Kenyatta. Dado que la Corte ha rechazado conceder a la fiscalía una prórroga hasta que el Gobierno de Kenia cumpla con sus obligaciones relativas al Estatuto de Roma (texto fundacional de la Corte), retiramos los cargos”, dice Fatou Bensouda, en la nota remitida a los jueces. También añade que “está facultada, y así lo admite la Sala (que debía procesar) para presentar nuevas acusaciones en el futuro, si consigue sustentarlas”.

Kenyatta estaba acusado de las matanzas étnicas desatadas tras los comicios de 2007, ganados por Mwai Kibaki. Kenyatta llegó al poder en 2013, y era su aliado y miembro de la misma etnia, los kikuyu, que suman un 17% de la población. Es, además, hijo de Jomo Kenyatta, padre fundador y primer presidente del país. Según los fiscales, el presidente actual habría financiado a un grupo guerrillero, los Mungiki, para castigar a otros clanes. Kenia es una de las democracias más estables y ricas de África, pero los observadores internacionales de la UE denunciaron irregularidades y pidieron “una investigación independiente”. Kibaki se habría beneficiado de un millón de votos considerados fraudulentos. Raila Odinga, jefe de la oposición en aquel momento, cifró en 300.000 las papeletas manipuladas, ya que la diferencia entre ambos rondó al final dicha cifra.

El pasado octubre, la Corte, con sede en La Haya, rechazó su petición de seguir las vistas por teleconferencia desde Nairobi. El viaje se convirtió en un acontecimiento mediático, ya que llegó acompañó de un nutrido grupo de seguidores. También hizo una demostración de su fuerza al declarar que dejaba temporalmente al mando del país a William Ruto, su vicepresidente. “No quiero que se juzgue la soberanía de 40 millones de compatriotas”, aseguró. Ruto, sin embargo, debía responder de los mismos cargos ante la propia Corte.

Aparte del golpe personal que supone para la fiscal jefe una retirada de esta clase, la situación perjudica a la Corte misma. Tampoco ha conseguido llevar a juicio a Omar el Bachir, presidente sudanés. Le acusa de genocidio en Darfur, pero no dispone de policía propia, y depende de la buena voluntad de los Estados que la forman para arrestar a los presuntos criminales.

La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, e investiga hoy casos en Uganda, República Centroafricana, Libia, Costa de Marfil, República de Congo, Malí, Kenia y la propia Sudán. La fiscal Bensouda, nacida en Gambia, asegura que solo acude “allí donde se cometen las peores violaciones de los derechos humanos”.