El Govern aprueba un decreto-ley con el objetivo de acelerar la obra pública y dar juego a las pymes

El Govern de Salvador Illa está decidido a darle un revolcón al funcionamiento de la Administración para engrasar y agilizar su maquinaria. El Ejecutivo ha aprobado este martes un decreto-ley para acelerar la obra pública con la obligación, además, de repartir los contratos en lotes que de juego a las pequeñas y medianas empresas. La medida comporta modificar la ley del estatuto de la empresa pública catalana para que las consejerías puedan gestionar y adjudicar contratos por valor de hasta 15 millones de euros sin necesidad de pasar obligatoriamente por la empresa pública Infraestructuras.cat. El límite hasta ahora era de dos millones. El decreto tendrá que ser convalidado por el Parlament.

El texto contempla la simplificación administrativa y la fijación de mecanismos para ejecutar el máximo de recursos. El plan persigue que Infraestructuras.cat, que ahora mismo asume 677 proyectos y 800 obras, se encargue en el futuro de las más relevantes para que los departamentos se ocupen de las pequeñas y de las tareas de mantenimiento. El objetivo del Govern es liberar a la gran empresa pública de trabajos y acabar con el embudo actual. La compañía mantendrá su plantilla de 277 empleados y la previsión es que las diferentes consejerías, como la de Justicia, Interior o Derechos Sociales, sobredimensionen las funcionen de su plantel o incorporen trabajadores.

Tras la celebración del Consell Executiu, la consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha explicado que el plan, inscrito en el Catalunya lidera, persigue esa mejora de los servicios públicos para mejorar la competitividad. las dos patas básicas son esos baremos de los 15 millones de euros o el de dos millones para la redacción de proyectos (ahora los umbrales estaban fijados en dos millones y 100.000 euros, respectivamente). “Buscamos mayor agilidad para que Infraestructuras.cat se pueda dedicar a grandes obras y las consejerías a proyectos más pequeños como escuelas o CAPS”, ha dicho Paneque a título de ejemplo. La citada empresa pública ahora está realizando las obras de la línea 9.

La Generalitat ejecutó en 2024 el 70% de las obras previstas en los presupuestos y su objetivo es alcanzar el 85% o acercarse al 90% lo antes posible. Con estas medidas sobre la contratación, que ha generado revuelto en departamentos, el Govern confía en apretar el acelerador. Además de los umbrales citados, el decreto prevé que se puedan licitar conjuntamente proyectos y la ejecución de obras; dividir los contratos en lotes para favorecer y dar juego a las pimes y facilitar el pago de las tareas de las mismas. Se define lo que es pago menor (valor estimado o inferior a 5.000 euros) y se fijan los requisitos del pago directo en el caso de que no lo hagan los adjudicatarios (entre 221.000 y 5,5 millones de euros).

La sensación del Govern es que este decreto no tiene una carga de complejidad y que debería salir adelante sin mayores complicaciones gracias a los votos de ERC y los comunes. Pero ahora le ha surgido un impedimento inesperado. ERC ha decido elevar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el decreto-ley que el ejecutivo aprobó la semana pasada sobre vivienda en el que, entre otras medidas, se prevé la creación de un registro de grandes tenedores para tener un mapa sobre pisos vacíos. El uso de ese mecanismo se limita a situaciones de urgencia y los republicanos consideran que no era tal. El dictamen del CGE, que no es vinculante, retrasará la tramitación parlamentaria un mes.

Paneque ha asegurado que el uso del decreto-ley en ese caso está justificado porque estaba vinculado al plan de construir las 50.000 viviendas asequibles proyectadas por el Ejecutivo. “Son necesarias y urgentes. Tiene coherencia”, ha afirmado mostrado su respeto por las dudas que ha exhibido ERC. La consejera ha insistido que el diálogo con los socios de investidura es “permanente”. “Hay que ir paso a paso y acuerdo a acuerdo”, ha afirmado insistiendo que es un mecanismo que están utilizando para hacer frente a la emergencia habitacional. La cuestión es que el Govern en minoría usa de forma recurrente ese procedimiento y ERC ha querido darle un toque de atención justo cuando su relación pasa por el mejor momento.

Con todo, la consejera ha marcado distancias con sus socios después de que primero ERC afirmara que están cerca de cerrar un acuerdo sobre el alquiler temporal y habitacional para evitar el fraude y que los comunes quieran negociar que los pisos de protección oficial no puedan salir a precio de mercado en las zonas tensionadas. “Estamos trabajando (en el alquiler temporal) y están surgiendo dudas y objeciones”, ha dicho Paneque añadiendo que ven la dificultad de aplicar la “retroactividad” en la propuesta de los comunes aunque la explorarán.