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Justicia internacional

La Haya condena a 14 años de cárcel al congoleño Lubanga por reclutar niños

La Corte Penal Internacional cierra su primer caso y califica de crimen de guerra forzar a menores de 15 años a luchar

Thomas Lubanga, escucha la sentencia.
Thomas Lubanga, escucha la sentencia. AFP

La primera sentencia firme dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), dejó ayer un sabor agridulce. El condenado, Thomas Lubanga, es un antiguo señor de la guerra congoleño que reclutó niños soldado entre 2002 y 2003. La Corte ha considerado la práctica un crimen de guerra y le ha impuesto 14 años de cárcel. La decisión, sin embargo, no fue tomada por unanimidad. La juez costarricense Elisabeth Odio Benito, miembro de la sala encargada del caso, expresó su desacuerdo con la falta de reconocimiento “del daño causado por la violencia sexual padecida por los afectados”. Ella prefería 15 años de reclusión. Lubanga lleva seis años en prisión preventiva en La Haya, sede de la Corte, por lo que le restan ocho por cumplir. Se trata, de todos modos, de un hecho histórico. Lubanga es culpable de un delito todavía no erradicado en Asia, África y América Latina.

“Los niños, en este caso menores de 15 años”, reza el fallo, “deben ser especialmente protegidos porque son más vulnerables que el resto de la población”. La frase es clara. No es que Adrian Fulford y René Blattmann, los otros jueces del proceso, hayan ignorado la suerte padecida por las niñas en el conflicto de la República Democrática de Congo. Su destino era convertirse en sirvientas y esclavas sexuales, además de luchar. Lo que no consideran probado por la acusación (dirigida por el antiguo fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo) es que “las agresiones sexuales fueran cometidas, animadas, o bien ordenadas por Lubanga”. De ahí que no sean una circunstancia agravante.Odio Benito, por el contrario, señala el género como un factor inseparable del crimen de reclutar niños soldado. Según la sentencia, tampoco ha podido demostrarse que los castigos impuestos a los niños “puedan atribuirse a título personal al procesado”.

El fallo contiene duras críticas contra Moreno Ocampo por no supervisar a los intermediarios que facilitaban el acceso a los testigos. Las dudas sobre su identidad como antiguos niños soldado obligaron a rechazar algunas declaraciones. “Al personal de la fiscalía, por otro lado, se le permitió hacer declaraciones engañosas”, ha dicho el juez Fulford. En 2008, además, la causa estuvo a punto de descarrilar. La fiscalía no facilitó al acusado documentos confidenciales que le impedían preparar su defensa, y la situación tardó un año en resolverse.

Lubanga dirigió la Unión de Patriotas Congoleña y también su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo. Los niños, raptados o bien alistados con engaños y amenazas, fueron lanzados a pelear en el conflicto armado de Ituri, situada al noreste del país y de gran riqueza mineral. La violencia allí desatada entre las etnias hema -la del encausado- y lendu causó al menos 60.000 muertos. La guerra civil de la República Democrática de Congo (1998-2003) costó cerca de 6 millones de vidas.

A falta de decidir el país donde será encarcelado Lubanga, el efecto surtido por su condena es ya visible en su tierra. El Gobierno congoleño asegura que la ofensiva lanzada por uno de sus antiguos aliados, Bosco Ntaganda, responde al temor a ser remitido a la CPI. Apodado Terminator por sus sangrientos métodos, se ha atrincherado al este del país con la intención de asaltar Goma, la ciudad más importante. Acusado también de crímenes de guerra, Ntaganda llegó a ser general del Ejército. Desde que las autoridades han decidido entregarle a la justicia internacional, trata de sembrar el terror. “El caso Lubanga sirve de llamada de atención a todos los que recluten niños soldado en el mundo”, dijo ayer Armel Luhiriri, de la Coalición para la CPI, que reúne a 2.500 ONG. Las víctimas recibirán a partir de ahora una compensación.

Las claves de un tribunal mundial

  • La Corte Penal Internacional persigue casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar del mundo a partir del 1 de julio de 2002.
  • Todas las investigaciones abiertas se refieren a África: Sudán, República Democrática de Congo, Uganda, República Centroafricana, Libia y Costa de Marfil.
  • La Corte ordenó en 2009 el arresto del presidente de Sudán, Omar Bashir, que sigue libre. El tribunal no tiene una fuerza policial propia.
  • La fiscalía abre las investigaciones a petición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o de un Estado que haya ratificado la jurisdicción de la Corte.
  • 121 Estados han aceptado someterse a la Corte. Entre los ausentes, destacan Estados Unidos, China.
  • EEUU, Rusia, Irán e Israel han firmado el Estatuto de Roma, por el que se creó el tribunal, pero no lo han ratificado.
  • Lo financian los Estados miembros.

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