La Corte Penal Internacional examina los presuntos crímenes cometidos en Venezuela

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto un examen de carácter preliminar sobre los presuntos crímenes —todavía sin calificar— cometidos en Venezuela y Filipinas, desde abril de 2017 y julio de 2016, respectivamente. La fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, ha revisado “de forma cuidadosa, independiente e imparcial, las comunicaciones e informes [confidenciales] recibidos que documentan presuntos crímenes que pudieran ser de nuestra competencia”. En el caso venezolano, analizará tanto los crímenes supuestamente cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, como por la oposición. Del lado filipino, el contexto es la denominada ´guerra contra las drogas´ patrocinada por el presidente Rodrigo Duterte. 

Tanto Venezuela como Filipinas forman parte del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, y la fiscal Bensouda sigue de cerca su situación interna desde 2016. En Venezuela, los crímenes se remontan al mes de abril de 2017 “en un marco de manifestaciones e inestabilidad política”. La fiscal, que ha anunciado este jueves su decisión por escrito y en un vídeo, destaca “las alegaciones sobre el uso frecuente y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado, para dispersar y reprimir las manifestaciones”. También “el arresto y detención de miles de miembros de la oposición, ya fueran reales o así vistos, varios de los cuales habrían sido sometidos a serios abusos y malos tratos durante su retención”. El examen de la jurista incluye “algunos grupos de manifestantes, de los cuales también se ha dicho que recurrieron a la violencia, con el resultado de miembros de las fuerzas de seguridad heridos o muertos”.

En Filipinas, estudiará la situación creada por la campaña contra las drogas lanzada por el Gobierno. “Desde julio de 2016, según se ha alegado, han sido asesinadas miles de personas por supuesto uso de drogas, o bien debido a su tráfico ilegal. Algunos de estos asesinatos tuvieron lugar en el seno de pandillas, pero se señala que hubo ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales antidroga”, según la Fiscalía. 

Harry Roque, portavoz del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, ha definido este jueves la investigación de la CPI como “una pérdida de tiempo y recursos”, según informa Reuters. Roque ha añadido que el presidente, “cansado de ser acusado de cometer crímenes contra la humanidad”, está listo para presentarse ante la Corte. Las críticas de Duterte a la CPI no son nuevas. Llegó a tildarla de "hipócrita" e "inútil" cuando el fiscal expresó por primera vez su preocupación por la guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno filipino, y usó los adjetivos "podridos" y "estúpidos" para referirse a los abogados europeos.

La CPI es la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. También es un tribunal complementario y de último recurso, ya que las jurisdicciones nacionales deben enjuiciar e investigar a los responsables de este tipo de crímenes internacionales. “Estamos en contacto con las autoridades nacionales de ambos países, para evaluar la investigación y enjuiciamiento [de lo arriba señalado] a escala nacional”, añade Bensouda. De ella depende abrir o no una investigación oficial que puede resultar en un caso formal, para el que necesita pruebas y el permiso de los jueces. En estos momentos, la Corte examina de forma preliminar casos en Afganistán, Colombia, Gabón, Guinea, Irak/Reino Unido, Nigeria, Palestina y Ucrania.