Desde que Rodrigo Duterte es presidente de Filipinas, las operaciones policiales contra pequeños traficantes y drogadictos han dejado casi 4.000 muertos. Las ONG pro derechos humanos elevan la cifra hasta las 13.000 víctimas mortales
Manila -
Loreta Vento posa junto a la tumba de su marido, Rodolfo, al que mataron unos desconocidos cuando estaba bajo arresto. "Le dijeron que iban a llevarlo a dar una vuelta y lo ejecutaron de dos disparos en una cuneta. Luego la Policía negó que supiese lo que había sucedido", recuerda.Kimberly Molitas, portavoz de la Policía Nacional de Filipinas, posa en el cuartel general del Cuerpo. Ella misma trabajó infiltrada en las redes de narcotráfico durante cinco años y apoya la mano dura contra traficantes y drogadictos.Nanette Castillo muestra una foto de su hijo, asesinado por un escuadrón de la muerte. Ella sostiene que no tenía nada que ver con el mundo de las drogas.Nanette Castillo nunca olvidará el momento en el que encontró a su hijo, Aldrin, tirado en la calle con cinco tiros. "Tuve que taparlo yo con una sábana porque nadie le prestaba atención", cuenta.Mary Jane Gundayao muestra la foto de su marido, Edward, asesinado cuando llevaba a los niños al colegio. Es una de las muchas mujeres que prefieren no denunciar el caso para evitar represalias.Rose Guyala no tenía dinero ni para pagar un nicho en el cementerio, así que tuvo que incinerar a su marido después de que unos pistoleros lo mataran por trapichear con droga. Ahora está sola para sacar adelante a dos hijos en uno de los barrios más pobres de Manila.Teresita Garces señala la tumba sin nombre en la que está su hermano, en la Ciudad de Caloocan. La Policía lo abatió a tiros y adujo que él había disparado primero, pero Garces asegura que él nunca tuvo un arma.El cuerpo de Rodel Lavina espera a ser enterrado en el cementerio de Caloocan. Unos hombres enmascarados lo mataron a cuchilladas. Sus allegados exigen justicia, pero la Policía no parece interesada en investigar.Rosemarie Trajano, secretaria general de PAHRA, y Ellecer Carlos, portavoz de iDefend, organizaciones que apoyan a los familiares de las víctimas.Agentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Filipinas durante un control sorpresa en una de las zonas más conflictivas de Manila, el barrio de Payatas.
