La Eurocámara pide ampliar las sanciones a Maduro
El Parlamento aprueba una resolución que condena la expulsión del embajador español
La Unión Europea endurece el tono con Venezuela en plena confusión sobre el enésimo fracaso del diálogo entre Gobierno y oposición. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una dura resolución que insta a incluir al presidente del país, Nicolás Maduro, en la lista europea de sancionados por la represión en Venezuela. Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron medidas restrictivas contra siete altos representantes a finales de enero, pero no contra Maduro. El texto parlamentario, que no es vinculante, revela la creciente frustración europea por la falta de resultados del diálogo político al tiempo que se deteriora la situación económica y social.
Junto a la petición de más sanciones, el texto expresa una "enérgica condena" a la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva, y pide a la UE "total solidaridad con España" en este terreno. La resolución —inicialmente propuesta por populares, liberales y conservadores, aunque finalmente ha recibido también el apoyo de los socialistas y de una parte de los verdes— se ha aprobado por 480 votos a favor, con 51 en contra y 70 abstenciones. De los eurodiputados españoles, solo Izquierda Unida y Podemos se han opuesto.
"Apoyamos el incremento de las sanciones, pero si hay acuerdo entre Gobierno y oposición, tiene que ser reversible. Junto a la condena a lo que ocurre en Venezuela, insistimos en la necesidad de que haya un acuerdo en el país", explica Ramón Jáuregui, jefe de filas del PSOE en la Eurocámara. Los socialdemócratas se han sumado a este mensaje tan rotundo al ver que fracasaban las negociaciones entre Gobierno y oposición.
Aunque no es la primera vez que los eurodiputados alertan sobre la situación política en Venezuela, el tono adoptado ahora resulta más severo que en otras ocasiones. El texto aplaude las sanciones ya aprobadas contra otros dirigentes, que suponen la prohibición de entrada en la UE y la congelación de bienes en territorio comunitario. Pero inmediatamente insta a ampliarlas a los "principales responsables del empeoramiento de la crisis política, social, económica y humanitaria" en Venezuela. Entre ellos cita a Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami y a miembros del mando militar y del círculo de Gobierno, "incluidos familiares".
Petróleos de Venezuela
Más allá de esa iniciativa, la Eurocámara contempla adoptar "más medidas diplomáticas y económicas" y cita la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), como posible objetivo. Los eurodiputados instan a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional a investigar "las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano".
La petición del Parlamento Europeo llega horas después de que el Consejo Nacional Electoral fijara para el 22 de abril la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, pese a que Gobierno y oposición no lograron firmar en Santo Domingo un acuerdo que incluyera la fecha y garantías para la celebración de esos comicios. Los socialistas abogaban por retrasar esta votación para dar tiempo a ese proceso de diálogo, mientras que los diputados del PPE insistían en enviar un mensaje firme tras una convocatoria electoral que la UE no reconoce.
Frente a esa medida unilateral, la Eurocámara reclama un "calendario electoral viable". Y tras constatar la precaria situación interna, exige que se ponga fin a la violencia y a la crisis humanitaria en el país, así como la liberación de los presos políticos. La institución comunitaria insiste una oferta que no ha fructificado en anteriores ocasiones: el envío de una delegación de eurodiputados a Caracas.
La UE formalizó el pasado 22 de enero las primeras sanciones contra siete personas concretas del régimen de Maduro. Se trató del número dos del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, por la "represión" en Venezuela. Asimismo, también están en la lista de sancionados el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Benavides. Antes, los 28 Estados miembros ya habían decretado un embargo de armas y de material potencialmente dirigido a la represión de la población. El proceso resultó complejo porque todas las medidas restrictivas se adoptan por unanimidad y algunos Estados querían evitar lo que consideraban una injerencia en asuntos internos de un país tercero. Bruselas siempre insiste en que puede revertir las sanciones si mejora la situación.
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