La persecución del chavismo obliga a cuatro periodistas de Armando.info a abandonar Venezuela
Dos de los demandados por una investigación sobre el negocio de la distribución de alimentos son colaboradores de EL PAÍS en Caracas
![El País](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0b9a52b8-006a-4382-938a-05e3d58f07cf.png?auth=d7a4bd5f610bf92a4f1d3b8bd39266a940bc685b735267a60e73646c6f66a05c&width=100&height=100&smart=true)
![Uno de los reportajes que motivó la demanda contra Armando.info.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/4Z4WWK5DEZJMI2NH57CBBLAXRM.jpg?auth=451799309a2df928a0950d49109d1b5b8ae0e1d9312a6b51e8ef6f7d0c5c21af&width=414)
El chavismo vuelve a amenazar la libertad de prensa. Esta vez, las víctimas son los tres editores y un redactor del portal venezolano Armando.info. Una investigación sobre el negocio que oculta el plan estatal de distribución de alimentos llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ha desatado la persecución de los sectores oficialistas a través de una demanda. La amenaza ha obligado a los cuatro periodistas a abandonar Venezuela antes de que se les retirara el pasaporte por la imposibilidad de enfrentar un juicio imparcial. Se trata de Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg –ambos colaboradores habituales de EL PAÍS en Caracas-, Joseph Poliszuk y Roberto Deniz.
La acción judicial, interpuesta por un empresario colombiano, Alex Saab, les acusa de “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, dos delitos por los que la justicia venezolana prevé penas de prisión entre uno y seis años. Deniz firmó dos reportajes, publicados en abril y en septiembre de 2017, que documentan la relación entre Saab, originario de Barranquilla, la compañía Group Grand Limited -que según la exfiscal Luisa Ortega Díaz mantiene vínculos directos con Nicolás Maduro- y la venta al Gobierno venezolano de comida para los CLAP. Este programa reparte alimentos a precios subsidiados en amplios sectores de la población en un país donde la escasez golpea a diario a cientos de miles de ciudadanos.
Los textos demuestran que Saab estuvo conectado con la distribución de alimentos a través de los contratos que la empresa Group Grand Limited firmó con el Ejecutivo de Nicolás Maduro. El primero se titula Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano. El segundo, De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba, salió semanas después de que que la antigua fiscal general destituida tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente denunciara esos vínculos.
Esa publicación encendió la mecha del régimen y su aparato. Los responsables de Armando.info -un medio especializado en periodismo de investigación, que participó en investigaciones como la de los Papeles de Panamá y que en noviembre se clasificó segundo en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación- denuncian amenazas y la exposición de datos personales de los cuatro periodistas desde una cuenta anónima en redes sociales, La intimidación fue condenada en su momento por organizaciones del sector como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y Espacio Público. Pese a las amenazas, los periodistas perseguido dejan claro que “el equipo de Armando.info mantendrá su línea editorial, así como su misión de publicar investigaciones periodísticas de largo alcance”.
Saab, quien mantiene que su honor y reputación se han visto afectados, está asistido por el abogado Amir Nassar, que en 2005 representó al partido de Gobierno Movimiento V República (MVR) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La sede de Caracas de Group Grand Limited no atendió en ningún momento las peticiones de los periodistas, que trataron de conocer y poder reflejar la versión de los implicados a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. No se trata, en cualquier caso, de la única amenaza que este empresario ha lanzado a la libertad de prensa. También demandó al periodista Gerardo Reyes, de la cadena de televisión Univisón, radicada en Miami, por investigar sus negocios. La Fiscalía de Ecuador abrió juicios contra Saab por la actividad de la compañía Fondo Global de Construcción, que le valió otros sustanciosos contratos con el régimen venezolano por la construcción de casas prefabricadas.
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