Burundi, primer país en abandonar la Corte Penal Internacional

Burundi, la república de África oriental que fue colonia de Alemania y Bélgica en el siglo XX, acaba de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). Es el primer Estado miembro que da la espalda al único organismo permanente que persigue el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, y lo hace por considerarlo parcial y centrado en los delitos perpetrados por africanos.

La decisión supone un duro golpe para la justicia internacional, pero no afecta a la competencia de la Corte sobre una investigación anterior sobre Burundi. Fechada en 2015, incluye la muerte de 430 personas en las protestas registradas tras el anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza, antiguo guerrillero de la etnia hutu (mayoritaria en el país) optaba a un tercer mandato. La Fiscalía presentará en breve sus conclusiones. Estados Unidos, Israel, China, Rusia e India no forman parte de la CPI.

La marcha de Burundi fue notificada hace un año oficialmente a Naciones Unidas. Poco después, por la misma supuesta falta de imparcialidad de la CPI, hicieron otro tanto Sudáfrica y Gambia. “Ambas cambiaron de opinión y siguen siendo miembros de la Corte sin que hayamos recibido nuevas notificaciones en sentido contrario”, señala Fadi el Abdallah, su portavoz. También subraya que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, sigue adelante con su trabajo en Burundi. Un expediente en el que figura asimismo el arresto de 3.400 personas y la huida de unas 230.000 más en busca de refugio en los países vecinos. Asesinatos, tortura, violencia sexual y desapariciones forzosas completan la documentación.

Las críticas sobre la aparente obsesión africana de la CPI no son nuevas. En febrero pasado, la Unión Africana (UA), que reúne a los 55 países del continente (34 miembros de la Corte), llamó a la retirada en masa del tribunal por “minar su soberanía al fijarse de manera especial en sus habitantes”. La resolución adoptada entonces no era vinculante, y Nigeria y Senegal se opusieron. La Corte siempre ha negado cualquier partidismo, y la propia fiscal Bensouda, nacida en Gambia, donde fue ministra de Justicia, suele recordar que es tan africana como ellos. El dictamen de la UA fue muy duro, y su anuncio mostró la frustración general. Pero también pedía a sus miembros que contribuyeran a la reforma de la CPI, una victoria para las organizaciones humanitarias, que subrayan la falta de credibilidad del sistema judicial en muchas de las capitales africanas molestas con los jueces y fiscales internacionales.

Esa misma fragilidad normativa llevó a la mayoría de los países africanos a volcarse al principio con la Corte Penal (abierta en 2002) para que acabara con la impunidad de los señores de la guerra. Sobre todo tras el genocidio de Ruanda (1994), donde pereció hasta el 70% de la población tutsi a manos de sus vecinos de la comunidad hutu, que lideraban el Gobierno. Luego llegaron disputas graves, como con Sudáfrica, que en 2015 no detuvo al presidente de Sudán, Omar el Bashir, cuando participaba en una cumbre de la Unión Africana. Sobre el mandatario sudanés pesa una orden de arresto de la Corte por genocidio, y al dejarlo marchar, Sudáfrica sufrió también el peso de sus leyes internas. El Supremo concluyó que se había violado la legislación internacional y la nacional, con el consiguiente daño para la reputación del país.

En cuanto a Gambia, su ministro de Información, Sheriff Bojang, dijo en 2016 que la Corte era “blanca y pensada para humillar a la gente de color, y no persigue al ex primer ministro británico, Tony Blair por la guerra de Irak”.

Kenia y Namibia también han adoptado resoluciones para marcharse, pero “de momento no ha ocurrido nada ni tenemos noticias al respecto”, según el portavoz El Abdallah.