Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

África rompe con La Haya

Gambia, Sudáfrica y Burundi dejan la CPI mientras Kenia y otros cuatro países sopesan lo mismo

El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, en la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2014.
El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, en la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2014. AP

Gambia ha anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), el único organismo permanente para luchar contra el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad. Burundi y Sudáfrica también lo han hecho, y los tres coinciden en que se ha centrado en perseguir delitos en África en detrimento de otros criminales del mundo occidental. “La Corte es blanca y está pensada para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos”, ha dicho el ministro gambiano de Información, Sheriff Bojang, que ha apoyado su crítica señalando, a su vez, “la incapacidad de la CPI para acusar al ex primer ministro británico, Tony Blair, por la guerra de Irak”. El Gobierno de Kenia, en su día uno de los mayores defensores de la CPI, aprobó en 2013 una moción para marcharse por iguales motivos.

¿Qué pasa con los crímenes de Siria?

I. FERRER, La Haya

La argentina Silvia Fernández de Gurmendi, nueva presidenta de la Corte Penal, recordó el pasado enero que si bien su mandato es global, “todavía no tiene participación universal”. De ahí que para juzgar casos como el de Siria, que no forma parte de la Corte, se carece de jurisdicción y, como señaló la propia Fernández de Gurmendi, exceda de los "límites normativos” del tribunal.

La CPI es complementaria, y solo puede actuar si lo solicita un Estado miembro, o cuando éste no quiera, o no pueda hacerlo. También, si los crímenes son perpetrados por nacionales de un Estado parte, y cuando lo pida el Consejo de Seguridad de la ONU. Para lograr que los grandes países remitan casos como el de Siria, es indispensable el apoyo de la comunidad internacional. De otro lado, al carecer de policía propia, arrestos como el del presidente sudanés, Omar al Bashir, acusado desde 2009 de genocidio en Darfur, resulta muy difícil.

En unas declaraciones a la BBC, Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI, ha rechazado de nuevo las críticas de parcialidad, y ha sugerido que “los líderes africanos podrían utilizar las herramientas de la institución para apoyar juntos, a pesar de sus críticas, los exámenes preliminares de la Corte sobre los presuntos abusos cometidos por Estados Unidos y otras fuerzas de los países que actúan en coalición, en Afganistán”.

Con sede en La Haya, la Corte no ha respondido oficialmente a las críticas, pero su fiscal jefe, Fatou Bensouda, originaria de la propia Gambia, ha rechazado siempre cualquier atisbo de arbitrariedad a la hora de abrir sus investigaciones. Chad, República Democrática de Congo, Costa de Marfil y la República Centroafricana sopesan un abandono similar que, de producirse, asestaría un golpe difícil de encajar a la justicia internacional.

El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgó el pasado 19 de octubre la ley que confirmaba su salida del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal. En el caso de Sudáfrica, que ha notificado ya a Naciones Unidas su intención de darse de baja de la CPI, su Gobierno ha concluido que no puede seguir ejerciendo de árbitro en los conflictos regionales si no deja atrás sus lazos con los jueces internacionales.

Más mordaz, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, dijo en 2013 que la Corte lleva a cabo una “caza racial y es utilizada para oprimir a los africanos”. Un año después, se renunció a juzgarle por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos tras las elecciones de 2007. La fiscalía de La Haya le acusaba de responsabilidad indirecta en la muerte de cerca de 1.300 civiles, y de la pérdida de su hogar de casi medio millón más. Pero no pudo reunir suficientes pruebas para demostrarlo. Según Bensouda “porque mis testigos han sido amenazados y sobornados por grupos afines a Kenyatta”, que era, y sigue siendo, jefe de Estado. Es decir, presumía que el mandatario ejerció todo su poder para librarse de ser involucrado en las matanzas étnicas desatadas tras los comicios. Contrariada, retiró los cargos e hizo votos por presentar otros si conseguía evidencias.

Los reproches de los países africanos no son nuevos, y Bensouda, que tomó posesión de su cargo en 2012, y cumple su mandato en 2021, ya desgranó entonces las líneas maestras de su labor. “Trabajaré con y por la víctimas de conflictos masivos y terribles. Se habla de que ponemos mucho énfasis en África, pero la fiscalía no alienta los conflictos. Tiene la obligación de perseguir a los culpables y ayudar a los afectados”, dijo, en su primer encuentro con la prensa internacional, una vez instalada en su nuevo despacho en Holanda. Cuatro años después de estas declaraciones, la marcha de Gambia coincide con el intento fallido de su presidente, Yahya Jammeh, de que se investigue a la Unión Europea por las muertes de los migrantes de su continente -en especial de su país- en aguas del Mediterráneo. Se da la circunstancia de que Bensouda fue ministra de Justicia de Gambia entre 1998 y 2000, después de que Jammeh tomara en 1994 el poder en el curso de un golpe militar.

Criticada la CPI casi desde su apertura, en 2002, por dar la sensación de que se centraba en África, el hecho de que entre sus 123 miembros no figure Estados Unidos, China, Rusia, India o Israel ha contribuido a reforzar la sensación de que buscar presuntos criminales africanos es más sencillo. Pero las acusaciones de neocolonialismo no se ven refrendadas ante el conjunto de su labor. De un lado, es cierto que todos los casos investigados, excepto uno, Georgia, se centran en África. Se trata de Uganda, República Democrática de Congo, Darfur (Sudán), República Centroafricana (dos sumarios), Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí.

Los denominados exámenes preliminares, por el contrario, abarcan otros continentes. Se llevan a cabo en Afganistán, Burundi, Colombia, Gabón, Guinea, Irak/Reino Unido, Nigeria, Palestina, La Unión de las Comoras-Grecia y Camboya (juntas y por el ataque israelí contra buques bajos las tres jurisdicciones territoriales cargados con ayuda humanitaria para Gaza) y Ucrania.

Más información