Colombia paró

Una especie de revolución de la ruana [poncho colombiano] cogió a Colombia en las últimas dos semanas y le mostró a un Gobierno que se decía compacto bajo la unidad nacional que estaba lleno de fracturas, de lenguajes por unificar, de protagonismos insaciables, de enemigos internos que incluso salían a los medios a criticar a su propio jefe, el presidente de la República, y de liderazgos regionales inexistentes o muy ocupados en sus propias agendas, pero sobre todo sumido en una crisis de institucionalidad que se ha profundizado mientras se busca la paz con la guerrilla de las FARC en La Habana para ponerle fin a décadas de conflicto.

Los campesinos colombianos protagonizaron un paro agrario bloqueando por dos semanas las principales vías del país, mientras los partidos políticos se ocupaban de sus discusiones burocráticas y de buscar fórmulas para conseguir los votos de un umbral que amenaza con dejarlos fuera del juego político. Los gremios resultaron desnudados en su nula representación de los sectores agrícolas afectados.

La protesta del campo en la informalidad y la indigencia, cuyos índices de pobreza (68%) contrastan con los de mejoría en las zonas urbanas, y que ha sido el escenario de la guerra, de la concentración de la riqueza y del desplazamiento, se pasó a las ciudades en donde un sinnúmero de organizaciones empezaron a unirse al paro que fue inicialmente desconocido por el Gobierno y recurrentemente estigmatizado por las infiltraciones de las que estas marchas son objeto de todos lados del espectro político en un año puramente electoral.

“Si estamos en paro somos delincuentes, en elecciones somos ciudadanos”. Así rezaba una pancarta en calles céntricas de la capital. Un reclamo justo porque diversas voces quisieron negar la protesta, que mostró un malestar que venía destapando su cara en las últimas protestas de estudiantes que obligaron a Santos a reversar la ley de la educación, la reciente de los indígenas en el Cauca o de la región del Catatumbo, y de las de los llamados indignados de todas partes…

Las protestas han provocado la militarización de Bogotá como quizá no se veía en Colombia desde los años 70

Y, sin embargo, el paro de las reclamaciones legítimas que se transformó en marchas urbanas, en imágenes que traen a la memoria las vistas hace poco en Brasil, y terminó por confirmar que en medio de esa masa de gente digna, muchos eran más delincuentes que ciudadanos.

Vándalos pagados, como los llamó el propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Según se investiga, pagados por bandas, pandillas del microtráfico que controlan las zonas marginales. Han provocado la militarización de Bogotá como quizá no se veía en Colombia desde los años 70.

Para otros, en el paro nacional lo que se comprobó es que las órdenes venían de La Habana, donde la guerrilla de las FARC y el Gobierno adelantan un proceso de paz. Instrucciones para debilitar al Gobierno que habrían sido atendidas por la Marcha Patriotica, organización que lidera la ex senadora Piedad Cordoba, para castigar el modelo económico del presidente Santos y forzar la pretendida y negada asamblea constituyente que pide la guerrilla como fórmula para refrendar los acuerdos a los lleguen, ojalá antes de fin año.

Ahora ya no es una mesa en
La Habana, son cinco mesas
de negociación

Y es necesario decir, que en ese mismo paro, también hubo quienes atendieron órdenes de la derecha, ahora llamada centro, y que encabeza en un nuevo partido el expresidente Álvaro Uribe. Sus asesores enviaban a los medios las imágenes de un país en llamas, para inducir la percepción de que el Gobierno de Santos había perdido el control de la situación e incendiar más la llamarada de la cual esperan recoger votos para las próximas elecciones legislativas en marzo de 2014.

Y entre unos y otros, el Polo Democrático, el partido de la oposición, que a pesar de estar dividido por sus propias debilidades internas y graves pecados de corrupción de otros de sus miembros que terminaron por robarse a una ciudad completa, ahora siembra y cosecha en esta crisis. Porque una cosa sí es cierta: advirtieron y advirtieron cuando este Gobierno y los dos anteriores, firmaban Tratados de Libre Comercio (seis vigentes y cuatro suscritos) sin garantizarle la competitividad a los sectores que se verían golpeados por la competencia extranjera.

Esta semana la rebelión en Colombia fue campesina, en justas reclamaciones por años de abandono imperdonable y más aún imperdonable para este Gobierno que se elevó en las banderas de la necesidad de una ley de víctimas y de tierras, y que heredó el escándalo que dejó otro ex ministro de Agricultura, pero ese del Gobierno de Álvaro Uribe, que hoy es juzgado por haber usado un programa de créditos conocido como Agro Ingreso Seguro para favorecer a los ricos y dejar a los pobres en igual condición de indefensión. De nuevo la política: los créditos para el campesino financiando campañas electorales. La única verdad es que no hay política agropecuaria, esa la hicieron los paramilitares a su acomodo y con sangre, pero ese tema es mejor dejarlo para más adelante.

Las redes se convierten en veedoras de nosotros los periodistas, en reproductores de los indignados y en castigadores de otra clase, la política, que anda perdida

Incomprensible porque un Gobierno que como el de Santos negocia en La Habana con una guerrilla y reconoce como primer punto de la agenda el tema agrario, debía haberse anticipado y debería hoy castigar la incompetencia. No se trata de llorar sobre la leche derramada (en este paro se botaron más de un 1.8 millones de litros diarios), pero sí de establecer responsabilidades.

Si algo quedó claro en este paro es que las crisis no atendidas se profundizan y pasan cuentas caras. Ahora ya no es una mesa en La Habana, son cinco mesas de negociación. Una con papicultores que reclaman reducción de costes de producción entre muchas otras cosas; otra, con mineros artesanales o informales, algunos al servicio de las bandas criminales para quienes el oro financia sus asesinatos y que reclaman la forma como se privilegia la explotación para las grandes multinacionales sobre sus verdaderas necesidades de formalización; otra con madres comunitarias; y otra con educadores y los jóvenes del movimiento estudiantil, que quieren ser la versión criolla de los indignados del mundo.

La de La Habana cumple ya un año, precisamente en momentos en que la Corte Constitucional declaró ajustada a la Carta Magna una ley conocida como el marco jurídico para la paz que crea un sistema de justicia transicional (criterio de selección para el enjuiciamiento y penas alternativas) muy criticado. En opinión de reconocidas voces incluso internacionales como las de Human Rights Watch y de otras tan fundamentalistas como el procurador general Alejandro Ordóñez, plantea el riesgo de impunidad y no reparación en la medida en que permitiría a guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad participar en política.

Un estallido social, ese levantamiento campesino, debía haber concentrado la atención de todos. Pero no. Los representantes de los partidos tradicionales, como el conservador, ofrecieron en cambio el espectáculo de presionar al Gobierno con el que han estado tres años, porque la incompetencia de los dos últimos ministros de Agricultura (¿o son cuatro?), amenaza con quitarles la que aquí se llama la “mermelada” con la que se han chupado los dedos en los últimos Gobiernos.

Anunciaron esta semana una moción de censura a la canciller, María Angela Holguín, por la demora en asumir una posición frente a un fallo de La Haya, que le quita a Colombia 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe y se los da a Nicaragua en un litigio que ahora parece se expande a otras naciones como Costa Rica, Jamaica y Panamá. Moción que debería caerle no solo a ella sino a todos los anteriores cancilleres que llenaron los bolsillos de abogados que solo vieron el peligro después de la derrota.

El expresidente Andrés Pastrana se dedica por estos días a reencaucharse contra otro expresidente, Ernesto Samper, por las declaraciones dadas a la justicia por William Rodríguez, el heredero del cartel de Cali, que en buena hora le recuerda al país que hubo un tiempo en que quienes colocaron bombas y sumieron en el peor infierno a Colombia, llenaron las arcas de esa campaña presidencial cuyo jefe ahora se reencaucha a su vez en el santismo.

Mientras tanto, las redes se convierten en veedoras de nosotros los periodistas, en reproductores de los indignados y en castigadores de otra clase, la política, que anda perdida sin saber cómo enfrentar este giro en un país que caminaba bajo este Gobierno por la senda de la búsqueda de la paz, que le implicó a Santos su ruptura con su antiguo jefe, Álvaro Uribe, para quien este traidor merece un castigo.

Pero el castigo de la semana también fue para Uribe cuando otra Corte, la Suprema, que pareció salir por unos días de sus también mezquinas intimidades que le han impedido en año y medio llenar seis vacantes, dictó orden de captura contra un líder de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el único que decían podía competirle a un primo del presidente, que bajo las toldas del uribismo quiere sucederlo en el poder. Que semana tan buena para la memoria recordar que 60 congresistas han sido condenados por sus vínculos con los paramilitares.

En cada sector, unos sabios que asesoran siempre para sobar algunos egos y favorecen a sus recientes amigos o fregar a los nuevos enemigos, entretanto, barajan nombres para cambiar un Gabinete que parece agotarse cuando empieza el año electoral y hasta los embajadores más cómodos comienzan a regresar. Ojalá encuentren los nombres que ayuden a recuperar la ruta que esta semana se vio esquizofrénica o bipolar: el paro no existía a principios de semana, pero obligó la militarización de una ciudad de más de 6 millones de habitantes.

Y como la bipolaridad es eso precisamente, otros decidieron vivir esta semana como ciudadanos tomando un buen café colombiano en Juan Valdez y soñando con probar el nuevo de Starbucks que llega en 2014 a Colombia, inversiones con las que este país muestra un crecimiento económico sostenido del 4%.

Esto para decir que la crisis es institucional, y que desde La Habana pero también desde adentro muchos quieren minar la gobernabilidad. El problema no es de ellos, es del Gobierno si no saca el talante para recuperar la senda.

Diana Calderón es directora de Noticias y Hora 20 en Caracol Radio.